Doctor Isaías Ramos.
El pueblo aspira a una renovación profunda, y para eso debemos construir una alternativa política que propicie cambios estructurales y de fondo, que se realicen de una forma pacífica y a través de los canales institucionales, como acaba de suceder en Chile.
La élite político-económica profundiza la opresión, dándole con un látigo a la clase trabajadora que es la verdadera creadora de riquezas y el gran sostén del fisco nacional, y no ha sido capaz de asegurarle ni siquiera los servicios fundamentales de la dignidad humana como son la salud y las pensiones, mientras nos venden los mismos “programas sociales» que profundizan la miseria como grandes logros y conquistas.
Son incapaces de eliminar los problemas estructurales y de fondo que ahogan las finanzas públicas como son: la corrupción, que se lleva entre sus dedos más del 5% del PIB, los subsidios no focalizados y los privilegios a los sectores económicos, que parasitan más del 5% del PIB, el dispendio y la doble función pública, que acarrean grandes gastos sin uso de razón, como acaba de suceder en la Cámara de Diputados que aprobó el Instituto Nacional del Coco. Si seguimos ese camino, pronto tendremos un instituto por cada producto que se produzca en el país como serian el Instituto del ñame, la yuca, la batata entre otros. Esas aberraciones son las verdaderas causantes de estos déficits fiscales.
La única vía para lograr resultados sanos, perdurables y una estabilidad más profunda, auténtica y orgánica, solo puede basarse en la productividad y competitividad bajo un esquema de méritos e igualdad de derechos y oportunidades a cada ciudadano. Sólo a través del incremento en la productividad y la competencia abierta basada en el esfuerzo productivo es que generaremos más riquezas sustentables.
Eso sería lo más ético y humano porque las recompensas se obtienen en la medida en que se presta una contribución al proceso productivo de los bienes y servicios que la sociedad requiere, en lugar de continuar en una economía de la especulación basada en las negociaciones por debajo de la mesa que siempre resultan exitosas. Esa es una característica del proceso político actual, cuyo resultado –por “democrático” que sea—responde más a los deseos de la élite político-económica que al pueblo que representan.
Es un modelo opuesto a la libertad económica, la competitividad, la productividad y la eficiencia, el cual nos tiene a todos atados a un modelo de privilegios basados en el favoritismo, y el subsidio a la ineficiencia de la cual ellos disfrutan. Las medidas que el gobierno debe realizar no las realizan, sino que realizan otras en rumbos incorrectos. Las correctas se realizan a medias. Por ejemplo, la medida tomada la semana pasada por el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), en vez de llevar los puntos también a los colmados, apenas los servirán en algunos supermercados y solo los jueves.
Así, como también crearon un sistema de pensiones ajeno a las necesidades del trabajador –para el beneficio y lucro de unos pocos— violando los derechos de una mayoría, hoy contamos con un modelo de jubilación que no le garantiza al trabajador dominicano absolutamente nada.
El debate surgido la semana pasada sobre la reducción de los fondos de pensiones es una muestra de la falta de conocimientos de los afiliados sobre los riesgos inherentes del sistema actual. Por ejemplo, una suspensión de pago de su deudor principal –el estado dominicano—sería suficiente para generar una quiebra de estos fondos. Mientras tanto, las AFPs se han lucrado con casi US$3,000 mil millones de dólares, y el trabajador dominicano tendrá que repagarse a sí mismo con más impuestos al trabajador lo cual es una especie de robo moderno o una emisión monetaria que tiene como resultados más inflación (lo que algunos economistas llaman el impuesto a los pobres).
Si esta partidocracia tuviera un poco de conciencia social, hace tiempo que de algún modo hubieran enderezado este entuerto de empresas que nunca debieron de existir y que solo ofrecen un futuro incierto y lleno de miseria.
Entendemos que la única vía de recuperar esos fondos de manera justa es creando una corporación autónoma y soberana y que el estado cancele su deuda con transferencia de activos, como son las generadoras de electricidad y entidades financieras del estado, facilitándoles las concesiones que hoy en día se les transfieren a grupos particulares, para que de esta manera estos beneficios lo perciban la clase trabajadora dominicana. Solo así, se hace justicia y se crea un sistema sostenible, justo y democrático para beneficio de la sociedad y toda la nación.
Enviado por Roger Jose Figueroarogerjoseandujar@gmail.com
