Mario Rivadulla
Jueves 11,02,10
Por espacio de muchos años, las oficialías civiles fueron entregadas en manos de particulares en base a influencias o como retribución a servicios de activismo partidario. De esa forma, recursos que por ley debieron ir a las arcas de la Junta Central Electoral, fueron a parar a los bolsillos y las cuentas bancarias de quienes manejaban las mismas como si fuese un negocio particular, por cierto bien lucrativo. Las mismas no solo reportaron jugosos beneficios por los servicios prestados sino que en no pocos casos, sirvieron también para obtener ingresos adicionales nada despreciables mediante la expedición de actas falsas de nacimiento que sirvieron para arropar la verdadera identidad de mafiosos criollos y extranjeros vinculados al crimen organizado. que buscaron abrigo en suelo dominicano huyendo de la justicia de sus propios paises.
No fue hasta que la actual Junta Central Electoral asumió sus funciones que al tiempo de organizar las elecciones presidenciales del 2008 decidió poner fin a la privatización de las oficialías colocándolas bajo el control del organismo. El proceso fue exigente y laborioso y sirvió para detectar un servicio deficiente, entrega tardía de documentos y otras diversas irregularidades así como acciones dolosas y complicidades de oficiales y empleados con los llamados buscones para extorsionar con cobros indebidos y abusivos a los solicitantes de actas.
A la labor de depuración del personal involucrado en este tipo de acciones, se sumó también la remodelación y mejoramiento de las condiciones físicas y automatización de decenas de oficialías lo que ha permitido eficientizar el trabajo y agilizar los mecanismos de entrega de actas a los solicitantes que ahora se pueden obtener con mucha mayor comodidad y rapidez y con estricto apego a una tarifa oficial.
En el orden económico, los resultados de esa tarea que asumieron con firme determinación los magistrados de la Junta y en particular la Cámara Administrativa, han sido altamente retributivos. Hoy, en el Listín Diario, se reporta que en los últimos tres años las 164 oficialías del Registro Civil han recaudado la importante suma de mil 677 millones de pesos que antes iban a parar a manos de quienes eran nombrados al frente de las mismas y ahora, en cambio, han pasado al patrimonio por demás siempre necesitado de refuerzos, de la Junta Central Electoral. Bien pueden ufanarse los integrantes del máximo tribunal electoral que estos resultados económicos son una justa respuesta a sus desvelos por reorganizar las oficialías y ponerlas a funcionar conforme dispone la ley.
Meritorio que al tiempo que lleva a cabo el exigente montaje de los próximos comicios congresuales y municipales,mucho más trabajosos y complejos que su exitosa gerencia de las pasadas elecciones presidenciales, la Junta mantenga una estrecha auditoría sobre las oficialías civiles para asegurar que conserven el nivel de servicio requerido de eficiencia. Como lo es también, en orden adicional, el no menos valioso programa que lleva a cabo para dotar de actas de nacimiento a cientos de miles de dominicanos que al carecer de las mismas y las consiguientes cédulas, se ven privados de poder ejercer sus derechos ciudadanos.
Reconocerlo así es un acto de elemental justicia tan merecido como mezquino sería negarle la importancia de esos logros que le otorgan un sello singular a su accionar.
TELEDEBATE. Telefuturo. Canal 23. ?teledebate(a)hotmail.com?
2010-02-12 16:32:48
