Mario Rivadulla
Cada año, en el Presupuesto Nacional se consignan cientos de millones de pesos a favor de una serie de instituciones que alegadamente realizan labores de bien social. En el Congreso, diputados y senadores reciben también jugosas sumas, que el ingenio popular ha bautizado con el nombre de ?barrilito?, con la también alegada finalidad de financiar a entidades correspondientes a sus respectivas demarcaciones electorales que estarían llevando a cabo trabajos de beneficio comunitario.
Ahora bien. ¿Hasta qué punto se confirma previamente que las instituciones beneficiadas con esos aportes estatales realizan tareas de interés colectivo? ¿Qué control se ha ejercido hasta ahora, sobre el destino que las mismas dan a los fondos que reciben provenientes de las arcas públicas?
No hace tantos días, la Cámara de Cuentas publicó un aviso recordando a esas ONGs que tienen un plazo perentorio hasta el quince de febrero para presentar cuenta detallada del manejo que dan a dichos recursos. El listado de entidades contenía decenas de nombres de instituciones que no han rendido ese informe a que están obligados por ley. Hasta donde tenemos entendido, ésta consigna que para ser incluídas en el próximo presupuesto tendrían que cumplir con el requisito obligatorio de presentar el reporte de sus gastos correspondiente al año anterior, sin lo cual se verían privadas del subsidio.
Otro aspecto de la cuestión es la de revisar la cantidad de recursos que recibe cada institución de tal modo que vaya acorde con la importancia del trabajo que realiza. Hay instituciones de larga data y notable y bien reconocida trayectoria que reciben un subsidio muy inferior a sus necesidades, que no guarda la menor proporción con el servicio que prestan y que en no pocos casos, suplen con creces y mayor eficiencia el que deja de prestar el Estado o complementan el que éste ofrece de manera insuficiente.
Esta misma semana, comparecieron al Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicación Corripio, los principales directivos del Instituto Oncológico doctor Heriberto Pieter, encabezados por su director, el eminente cirujano oncólogo, doctor Eduardo Segura. Incontable la cantidad de vidas salvadas gracias al Instituto, principalmente de pacientes de bajos recursos. Sus gastos operativos ascienden a sesenta millones de pesos mensuales, administrados con el más estricto sentido de austeridad. Pero el subsidio estatal es de apenas 16 millones de pesos anuales, cantidad a la que se suman algunos limitados aportes privados. La diferencia es tan abismal que la institución ha tenido que descontinuar sus programas de beneficiencia para sustituirlos por el de autogestión. La situación de su institución homóloga en la región Norte, el Patronato Cibaeño de Lucha contra el Cáncer, presenta un cuadro similar de ayuda precaria del Estado.
No son, lamentablemente, casos aislados. Por el contrario, constituyen un reflejo de lo que ocurre en muchas otras instituciones de larga tradición y méritos probados que a lo largo de los años trabajan a mano pelada y brazo partido rindiendo los más meritorios y abnegados servicios a favor de los demás. Para ellas merecido reconocimiento y para el Estado, una vehemente exhortación a que retribuya su labor con una más apreciable dotación de recursos en la seguridad de que serán bien manejados y empleados.
TELEDEBATE. Telefuturo, Canal 23. ?teledebate(a)hot mail.com?. Viernes 12,02,2010.
2010-02-15 17:23:47
