En la carta que envió al Senado para comunicarle su decisión de observar la ley que declara a Loma Miranda Parque Nacional, el presidente Danilo Medina le apunta que la legislación presenta incompatibilidad con la Constitución de la República y desconoce compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano en materia de protección de inversiones. Y llama la atención de los legisladores el efecto adverso para el desarrollo del país de una ley que establezca un parque nacional que veda la posibilidad futura de aprovechamiento de los recursos naturales existentes dentro de su perímetro, aun cuando las condiciones socioeconómicas y ambientales, y las tecnologías de explotación minera garanticen su sostenibilidad.
Le deja claro al país que está consciente de que la observación no será bien recibida por sectores de la vida nacional que, en una acción loable son defensores de los recursos naturales que el creador ha legado a República Dominicana. Y garantizó que en su administración no se autorizará ninguna explotación minera en Loma Miranda, ni en ningún otro lugar del territorio nacional, sin que se cumpla de manera estricta con los requerimientos de un aprovechamiento medioambientalmente sostenible, y que la empresa beneficiaria de la concesión se gane legítimamente con sus acciones, la licencia social que amerita una explotación de esta naturaleza.
El presidente aprovecho el momento para recordarle al País que al asumir la Presidencia de la República, el 16 de agosto de 2012, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. En consecuencia, como presidente no se considera adherido «al fundamentalismo medioambientalista ni al capitalismo minero salvaje».
Un detalle importante es que al observar la la ley, el presidente Medina solicitó al Congreso Nacional no solo el rechazo, sino que postergue cualquier decisión sobre Loma Miranda, y sobre cualquier otro ámbito nacional de vocación minera, hasta que el Poder Ejecutivo dicte la ley que manda la Constitución sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, a fin de que de manera racional se maximice la protección de los recursos naturales y se propicie un desarrollo minero responsable, como lo han hecho otras naciones del mundo y de la región. Y citó como ejemplo los casos de las repúblicas de Perú y Chile, que son líderes también en protección ambiental y en desarrollo minero ambientalmente sostenible.
Por ello, el presidente Medina invita al Poder Legislativo a aunar esfuerzos para la puesta en marcha del mandato constitucional relativo al Plan de Ordenamiento Territorial, y que de inmediato, junto al Poder Ejecutivo, realice su estudio ponderado a fin de cumplir con ese compromiso establecido en la Constitución de la República.
La Constitución dominicana establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Como consagra el artículo 251 de nuestra Carta Magna, «Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley». Y que «No tendrá efecto ni validez la ley que ordene, autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley identifique o establezca los recursos necesarios para su ejecución. (Articulo 237)
Nuestra Carta Magna consagra la Supremacía de la Constitución. «Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución» (Artículo 6)
Cuando el presidente Medina le recuerde al país en su carta enviada al Senado que al asumir la Presidencia de la República, el 16 de agosto de 2012, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, da un nuevo estímulo para que la sociedad confíe en su liderazgo.
No hay lugar para opiniones extremistas y menos para pensar, como han dicho por separado, el senador del PLD en La Vega, y el Falpo de que la sangre correría.
Chile y Perú nos enseñan maneras de una minería sostenible. Aquí también es posible.
¡Que se hagan los estudios que requiere República Dominicana para actuar en consecuencia!
2014-09-03 07:26:36
