La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha visitado el País, a esta hora debe saber que la República Dominicana es víctima de una campaña rastrera sustentada en las mentiras que han difundido empresarios y el Gobierno de Haití, encabezado por su presidente Michel Martelly, con el objetivo de que se dañe la imagen nacional en contra de su soberanía. Ningún Estado de los que ahora se suman al coro para difundir falsedades ha prestado atención al pueblo haitiano.
Han sido indiferentes y discriminadores. Tras el terremoto de 2010, el grupo de países, autodenominado «Amigos de Haití», prometió hacer inversiones sostenidas por un monto de cinco mil millones de dólares, pero hasta el presente no ha aportado recursos ni siquiera para mudar a lugares seguros a las miles de familias que aún tienen la condición de refugiadas en carpas que degradan la condición humana.
La muestra más reciente de discriminación nos la presenta el CARICOM: los gobiernos de esa comunidad de estados caribeños cerraron sus puertas para los haitianos y haitianas pobres, pero disponen de una medida de excepción a favor de empresarios de Haití o personas poseedoras de capitales. Si son ricos o empresarios tienen las puertas abiertas para entrar a los estados miembros del CARICOM. Y en perjuicio de los pobres haitianos y haitianas declararon cerrados su mar y tierra.
La República Dominicana no discrimina a los haitianos y haitianas. Aquí aprovechan las oportunidades de trabajo que encuentran. Miles estudian en escuelas del Estado y en universidades nacionales, la mayoría en la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo.
La campaña sustentada mentiras tiene el propósito de dañar la imagen de República Dominicana y de esa manera provocar que se retiren o no vengan nuevas inversiones. Y un gran objetivo: que República Dominicana deje de ser un punto de interés para el turismo en el Caribe. El pueblo dominicano tiene que mantenerse alerta y con la decisión de apoyar las medidas que ejecuta el Gobierno del presidente Danilo Medina para regularizar a los extranjeros y extranjeras que se acogen a las normativas dominicanas.
Los supuestos amigos de Haití, y las autoridades del Gobierno de Martelly, no quieren orden, pues el desorden beneficia a una elite que decide todo en el vecino País con conexiones en el exterior.
El ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, ha recordado a la Misión de la OEA que el Gobierno del presidente Danilo Medina ha establecido los mecanismos de control para garantizar que no ocurran deportaciones masivas de extranjeros en situación migratoria irregular, violaciones a los derechos humanos y casos de apatridia durante la ejecución del Plan de Regularización de Extranjeros. El proceso ha permitido que más de 288 mil personas con situación migratoria irregular hayan podido iniciar su proceso de regularización y están en camino de recibir su estatus legal.
Bien que destacara a la Misión que la iniciativa, sin precedente en el hemisferio, con alto costo económico para el país y gratis para los que se acogieron al plan, ha estado estrictamente apegado a las leyes dominicanas y a las mejores prácticas internacionales en materia migratoria.
Como ha dicho el Ministro Navarro, son «infundadas» las acusaciones que se hacen en contra de la República Dominicana, «pues no es verdad que exista apatridia ni el interés de deportar en ningún grupo de extranjeros en particular, y mucho menos a ciudadanos dominicanos».
Bien que recordara a los comisionados de la OEA que el plan de regularización surgió tras la sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional dominicano, que «en efecto generó preocupación en algunos sectores nacionales e internacionales». Para enfrentar el problema de la aparente retroactividad de la ley, el gobierno del presidente Medina pasó la ley 169-14 aprobada en el Congreso Nacional, la cual reconoce que las personas posiblemente afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son dominicanos, o dominicanas de pleno derecho.
Navarro también reiteró que producto de la ley de Regularización, más de 55 mil dominicanos de ascendencia haitiana están reconocidos por la Junta Central Electoral (JCE), organismo que ha señalado que apenas menos de 0.50% de los registros verificados mostraron alguna irregularidad y que, por lo tanto, esos casos serán dilucidados en los tribunales del país. «En resumen, decimos y mantenemos que no hay ni un solo caso de apatridia en la República Dominicana», precisó Navarro ante la misión integrada por Francisco Guerrero, Gabriel Bidegain, Steven Griner, Rebeca Omaña, Ian Edwards y Pablo Sandino Martínez.
Ciertamente, como ha dicho el Canciller Navarro, el Gobierno ha hecho un mayor esfuerzo al proporcionarles a extranjeros carentes de algún documento de identidad, la oportunidad de alcanzar la nacionalidad dominicana en un período de apenas dos años. Algo importante: el proceso de regularización se realizó gratuitamente para los interesados, además de aceptarles una cédula, acta de nacimiento o sólo el pasaporte como documento de identidad, «e incluso, en un acto de alta confianza y condescendencia con el gobierno haitiano, se registraron aquellos que presentaron algún documento provisional de la Embajada de Haití en el país».
Todos los extranjeros que se acogieron al plan se les está documentando a través de una base de datos biométricos que permitirá darles mayor seguimiento y consolidación del ordenamiento migratorio, además de que siete mil estudiantes universitarios de origen haitianos se les ha concedido visa de permanencia hasta por cinco años sin costo alguno para que puedan completar sus estudios.
Nadie duda de que si no se han regularizado más personas no ha sido por falta de voluntad del gobierno dominicano para que se regularicen. Quienes no lo han hecho ha sido o porque el gobierno de Haití no los ayudó proporcionándoles documentos de identidad o bien porque esas personas no obtemperaron a las facilidades para su regularización. Esa es la realidad y toda la verdad».
El proceso de regularización en lugar de dar lugar a una campaña rastrera sustentada en mentiras, tiene que ser motivo para que Haití cambie de actitud y reconozca la dimensión de la solidaridad dominicana. No hay otro país que supere a República Dominicana. El pueblo dominicano espera que los comisionados de la OEA que llegaron con prejuicios, los abandonen tras el conocimiento de la verdad, y expliquen a la comunidad interamericana y al resto del mundo, que las autoridades haitianas y aliados no colaboraron, porque deseaban el fracaso del Plan de Regularización. y difunden mentiras con el propósito de dañar la imagen dominicana.
¡Esto es inaceptable!
2015-07-11 09:40:11
