Los críticos del Poder Judicial no tienen maneras de borrar los avances que ha logrado el país en el sistema de justicia a partir de 1997, cuando comenzó el proceso de reforma que creó el Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano que tiene la competencia de escoger en sesiones públicas a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Terminó con la práctica de que actores interesados podían decidir.
El proceso de reforma que comenzó en 1997, se fortaleció con la Constitución de 2010, la cual establece en su artículo 156, que el Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial. En lugar de la Suprema Corte de Justicia, es el órgano que tiene que llevar el control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia; la aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de los jueces y el personal administrativo que integra el Poder Judicial; el traslado de los jueces del Poder Judicial; la creación de los cargos administrativos del Poder Judicial, y el nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial.
En el país hay actores que aun se resisten a aceptar los cambios que han contribuido a fortalecer el sistema de justicia. Intentan crear en la opinión pública la idea de que hemos retrocedido. Quieren hacer olvidar que antes de la reforma de 2010, en el sistema intervenían personas y oficinas de abogados que determinaban decisiones de tribunales de la República.
Los cuestionadores quieren que nadie valore la dimensión de las transformaciones que trajo la reforma constitucional de 2010, la cual eliminó funciones que antes eran competencia de la Suprema Corte de Justicia, como el Control constitucional y el control disciplinario de los jueces de los tribunales de la República.
La reforma constitucional de 2010 establece que el Tribunal Constitucional se crea para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.
Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El Tribunal Constitucional goza de autonomía administrativa y presupuestaria.
Es competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido; 2) El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo; 3) Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares, y 4) Cualquier otra materia que disponga la ley. El nuevo ordenamiento molesta a los que antes disfrutaron de las ventajas que les daba una Suprema Corte de Justicia que concentraba los poderes que hoy corresponden a cada una de las altas cortes.
Cuando pasamos balance al sistema de justicia llegamos a la conclusión de que a pesar de la resistencia de los exponentes de los intereses creados, el país avanza y nadie puede hacer olvidar los logros. El hecho de que se puedan abrir procesos a jueces a quienes ciudadanos atribuyen actos de corrupción, es una evidencia clara de que avanzamos. En lugar de prueba de debilidad, lo que ocurre es manifestación de fortaleza que el paso del tiempo permitirá demostrar.
En el día del Poder Judicial es importante recordar que el proceso de reforma en el Poder Judicial se ha producido a partir de la primera administración del Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, 1996-2000) encabezado por el presidente Leonel Fernández. En la administración del presidente Danilo Medina, el país puede celebrar que la cuarta administración de Gobierno del PLD, es respetuosa del Poder Judicial como manda la Constitución de la República.
El día de hoy invita a echar a un lado los intereses creados que expresan actores que entienden es posible retroceder al pasado.
Confiamos en que vamos en el camino de ver un Poder Judicial con mayores créditos sociales. La rueda se mueve independientemente del deseo de los que miran, pero dicen no ven avance.
Vanguardiadelpueblodigital
2016-01-07 17:41:45
