Por el Doctor Isaías Ramos
Hace más de dos décadas que está élite político-económica viene planificando y construyendo como una estrategia de esclavitud de manera sutil, imperceptible, acuciosa y voraz la elaboración a las modificaciones de la constitución acorde a sus intereses. Aprueban leyes que parecen ser virtuosas, las cuales promocionan y venden al pueblo, como son la propia ley de estrategia nacional de desarrollo ( ley 1-12) y la ley de alianza público-privada ( ley 47-20); que no son más que estructuras legales de ir minimizando y disolviendo las funciones propias del estado y de esa manera esos sectores irse apoderando del patrimonio de la nación incluyendo las instituciones que garantizan los derechos y servicios esenciales que rigen y norman en cualquier sociedad en desarrollo o en vía de desarrollo.
Ninguna sociedad en el mundo desarrollado ha fundamentado su progreso bajo sistemas de neoliberalismo salvaje o anarquismo de mercado. Todas se han fundamentado en una vía de políticas económicas de un capitalismo coordinado donde el estado se convierte en un generador de riquezas y no en un estado parasitario, garantizándole en primer lugar a sus ciudadanos los servicios esenciales que se requieren como fundamentales y base del desarrollo de los pueblos. Es en esos países donde sus ciudadanos, de manera consciente, están dispuestos a desprenderse de un tercio y hasta un cincuenta por ciento de sus ingresos, aportes que se realizan a través de diversos impuestos, contribuciones y tarifas que permiten financiar los servicios públicos, infraestructura, protección social, seguridad ciudadana, salud, educación etc.
Sin embargo, vemos actitudes como la de esta élite político-económica, donde se les brinda todas las facilidades, excepciones contributivas y subsidios a unos pocos privilegiados, los cuales se someten a las grandes presiones fiscales sin garantías de los servicios básicos y esenciales a la mayoría de la población.
La muestra más reciente es el anuncio de la DGII con el fin de imponer y establecer impuestos a los distintos servicios que brindan las diversas plataformas digitales como son Uber, Airbnb, Amazon entre otros servicios muy utilizados por la clase media y trabajadora del país, la cual, es una manera de defender sus limitados recursos.
Esta política es un paso más de la élite que pretende consolidar estructuralmente un estado garante de la opresión para la mayoría y de privilegio para unos pocos, como por ejemplo, podemos mencionar al sector hotelero donde se le permite una excepción fiscal de veinte años y más, mientras al dueño de algún inmueble de un ciudadano común que preste algún servicio de la plataforma Airbnb a parte del 18 por ciento del ITBIS tendrá que pagar un 27 por ciento de sus ingresos.
Me pregunto: ¿Dónde está la igualdad de derechos y oportunidades que nos garantiza nuestra constitución?
Como ciudadano responsable es importante que razonemos de cómo hemos permitido que esta élite nos llevara hasta aquí, y si estamos dispuestos a permitirles que nos terminen de doblegar y terminemos siendo objeto de su uso; les advierto que es más importante en estos tiempos de pensar en nuestro porvenir y en el de nuestros familiares como pueblo y nación.
Tenemos un gran reto por delante como es confrontar a esta élite sin propósitos nobles y carentes de principios con un proyecto de nación que afronte las carencias, pobreza y miseria a la que está partidocracia nos ha llevado, violentando nuestros derechos y las faltas de oportunidades envuelta en un mar de desorden, caos, inequidad e iniquidad.
Más, si no actuamos y destruimos los planes macabros de esta élite estaremos condenados a ser sus esclavos y serviles. Es vital construir un proyecto de nación fundamentado en principios, normas y valores que le dieron fundamentos a nuestra patria con una renovación social y justa, con igualdad de derechos y oportunidades que traiga crecimiento, desarrollo y progreso para todos.
