Por: Isaías Ramos
En nuestro país las elites político-económicas han desatado un saqueo, robo del patrimonio y bienes del estado sin precedentes en sus últimas 2 décadas y media. Éstas élites se han comportado como sanguijuelas insaciables, carentes de lo que es la conciencia moral, social y patriótica, con la agravante de que han estructurado mecanismos legales para lograr el usufructo de la nación, convirtiéndose en verdaderas empresas y grupos extractivos y parasitarios.
Vemos como con la ley 141-97 del 30 de abril del 1997, llamada también ley de capitalización de la empresa pública, por arte de magia destruyeron, festinaron, usurparon y dilapidaron un inmenso patrimonio del pueblo dominicano de miles de millones de dólares y la puesta en las calles de millares de trabajadores.
Este subterfugio legal le costó a este pueblo la desaparición de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, compuesta por más de 30 empresas; la Corporación Dominicana de electricidad, la decisión de esta última de haberla descuartizado ya le ha costado al país más de US$15,000 millones de dólares solo en subsidios. La Corporación de Fomento de la Industria Hotelera también, y por último el Consejo Estatal del Azúcar, compuesto por más de 12 ingenios y grandes extensiones de cultivos.
Para el 2001 también tenían una gran sorpresa, pues, sentaron las bases para traspasar el sistema de jubilación y salud a estos sectores privilegiados con la ley 87-01 llamada ley de Seguridad Social, donde hoy en día se han llevado en los bolsillos con la creación de las llamadas AFP y ARS más de US$6,000 millones de dólares para su beneficio, mientras los trabajadores mendigan una pensión digna que nunca llega y los planes de salud son selectivos, donde predomina el factor económico obviando la parte humana.
Isaías Ramos
Por otro lado, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo surgieron con otros mecanismos “legales”, un nuevo concepto mucho más efectivo para el saqueo con la figura de alianza público-privada, entregaron nuestro oro sin condiciones y sin ninguna participación de utilidad neta para el pueblo dominicano. Hasta tanto ellos, la Barrick Gold, no recuperara la supuesta inversión de US$3,500 millones de dólares y que la tasa interna de retorno del proyecto alcanzará al menos el 10% sin que el estado autentificara dicha inversión.
También entregaron nuestros aeropuertos por 30 años sin ningún tipo de aporte económico y sin ningún beneficio para el pueblo dominicano; usufructo que le ha generado a estos privilegiados más de US$2,000 millones de dólares.
En el “Peaje Sombra”, contrato que le costó al pueblo alrededor de US$1,350 millones de dólares y sin ninguna consecuencia para los autores intelectuales de tan vulgar contrato, actualmente estos grupos insaciables lograron la aprobación de la ley de alianza público-privada (la 46-20) antes de las elecciones del 2020, asegurándoles una vía más expedita para entrega de nuestro patrimonio a esa élite, ya que no requiere de la aprobación del congreso cualquier bien del estado que el ejecutivo decida entregar. Esta ley fue un consenso de la partidocracia para complacer y garantizarle el “status quo” y el compromiso de entregarle el patrimonio del pueblo incluyendo la totalidad de la generación eléctrica, agua entre otros…
Sin embargo, ahora nos ha tocado ver otra modalidad de sustraer los bienes públicos con la llamada fideicomiso público, figura que nuestra legislación no contempla, pues la ley 189-11 fue creada para el uso privado y más bien al desarrollo inmobiliario, y es que ya no encuentran más mecanismos para distorsionar sus intenciones y con esta figura opaca y lúgubre ya enredaron nuestras carreteras creando el fideicomiso RD-Vial desde el 2013. Ya nos tocará ver sorpresas y ojalá nunca tengamos que ver nuestras carreteras intervenidas por fuerzas extrañas y que algún acreedor las intervenga hasta cubrir sus préstamos, algo parecido a lo de Buenaventura Báez con la empresa Harmon Brothers y como consecuencia de este préstamo, décadas más tarde fuimos intervenidos por fuerzas extranjeras.
Hoy vemos como este gobierno insiste en traspasar la planta termoeléctrica Punta Catalina, planta segada de corrupción desde su principio hasta su fin, donde se duplicaron costos en su construcción, sin embargo, debido a la precariedad del sistema de generación que contábamos, plagado de ineficiencia, poco fiable y muy costoso, esta planta ha venido a ser un rescate para el sistema eléctrico dominicano aportando 720 megavatios al sistema, causando una disminución del costo en generación y sobre todo con su entrada en funcionamiento de forma indirecta a contribuido en ahorro de subsidio al sector eléctrico con más de US$1,819 millones de dólares desde sus inicio hasta la fecha, más una ganancia por operación que ronda los US$20 millones de dólares mensuales, pues, según los cálculos de algunos expertos, es que si esta planta no estuviera aportando el costo de compra a los generadores independientes, estaría en algunos casos por encima de los 28 centavos de dólar por kw. Ésta planta por ser un patrimonio estratégico para la nación debe ser declarado como un bien de seguridad nacional debido a la carencia y fragilidad del sector eléctrico.
Enviado por Roger Jose Figueroarogerjoseandujar@gmail.com
