VOCERÍA DE LOS DIOSES
El divino néctar de la victoria
Es deseable que las dependencias públicas dispongan de una hoja de ruta para orientar sus metas y operación, identificando prioridades y cursos de acción.
Por JUAN LLADO
Ganar una contienda política produce un placer inusitado, superior al placer estético y al de un triunfo deportivo. El poder conquistado puede ser un virtual afrodisiaco. Pero ganar una batalla electoral en un régimen democrático tiene sus bemoles: si se accede al poder para actuar responsablemente el placer del triunfo debe ser temperado por la conciencia de los desafíos que le esperan. Nada como revisar esos desafíos para prevenir cualquier erupción visceral de prepotencia. Actuar como un gladiador desbocado no contribuye a la confraternidad que consolida la institucionalidad democrática.
La actuación responsable deberá comenzar por una moderación en las celebraciones de la victoria electoral. Si bien es comprensible que un espíritu de júbilo embargue a los ganadores de la contienda y que, dado el intenso esfuerzo que se invirtió en conquistar al electorado se desee expresar la satisfacción provocada por el triunfo, la asta empinada del ideal requiere que se muestre magnanimidad hacia los vencidos. Eso deberá traducirse en no «hacer leña del árbol caído» y, asumiendo una altura de miras, en una actitud de inclusión que demuestre la obligación de gobernar para todos. Especialmente en tiempos pandémicos, cualquier celebración debe ser moderada.
Pasadas las celebraciones deberá primar la conciencia de que el poder político se ha conquistado con el propósito de contribuir al bienestar de la población y no para dar rienda suelta a un tropel de ambiciones personales desbordadas. La dirigencia del partido ganador deberá improvisar señales contundentes que impongan una mística de servicio público, en vez de pavonearse henchidos por un afán de lucro desmedido. La obligación adquirida con el electorado es la de servir los intereses colectivos para que los individuales puedan ejercerse con plena libertad y temperancia. Si en los días previos a la votación se inundó la prensa con publicidad sobre los candidatos, una nueva campaña deberá remarcar el mensaje de que al gobierno se va a servir a la nación. Los lobos feroces que solo quieran cebarse con las mieles del poder deben ser defenestrados.
Asociado al reforzamiento de la mística de servicio, un primer gran desafío para las huestes del triunfo es regirse adecuadamente por las disposiciones constitucionales y las leyes. Se debe actuar conforme a los límites establecidos y las posibilidades. Sin un proceder apegado a ese marco legal no se estaría fortaleciendo las instituciones. Los niveles del conocimiento legal deben ser mayores entre los timoneles del triunfo, a quien les toca una responsabilidad mayor a la de los militantes partidarios cuya responsabilidad es muy difusa. De entrada, es aconsejable contar con una asesoría jurídica competente para evitar medidas extraviadas que erosionen la igualdad de todos ante la ley.
Un segundo gran reto será el de calibrar adecuadamente la actuación frente a los vencidos. Las ínfulas del poder que ellos detentaban previo a las elecciones eran intensas y ásperas, lo cual permite presumir que la derrota electoral habrá abierto graves heridas. En esa condición hay espacio para que reaccionen de manera airada y violenta frente a cualquier imprudente conculcación de sus privilegios. De ahí que sea aconsejable actuar con cautela y consideración, aunque esto último no se lo merezcan algunos. El ganador debe, por tanto, intentar unir a la familia dominicana y hacer que prevalezca un ambiente de conciliación y armonía, aunque sin renunciar a apresar y perseguir aquellos que hirieron al fisco desaforadamente.
Ante las desbordadas expectativas de muchos, otro gran desafío para el electo gobernante es el de distribuir los ramajes del Estado entre los partidarios. La mira debe estar puesta en el idóneo emparejamiento de los recursos humanos a cada tarea o puesto burocrático. Un gabinete inicial deberá contener figuras que inspiren confianza en la población tanto por sus capacidades como por su trayectoria de vida. Si bien las huestes partidarias merecen la gran mayoría de los 22 puestos ministeriales, conviene que se incluyan también prominentes figuras de la sociedad civil. La actual coyuntura requiere que se reconozca el papel jugado por la sociedad civil en jornadas de reivindicación cívica como lo fueron la Marcha Verde y las protestas de la Plaza de la Bandera.
De especial importancia en la selección de los colaboradores deben ser las virtudes de integridad y probidad que adornen a los incumbentes. La nación está en una coyuntura delicada de la moralidad pública porque esta ha sido significativamente erosionada por los delitos de la prevaricación y del abuso del poder para beneficio personal y contra el erario. Es por tanto más importante la honestidad del nuevo servidor público que su competencia profesional, aunque es perfectamente posible mezclar ambos requisitos en la selección de los funcionarios. De especial sensibilidad será la escogencia de los miembros del Ministerio Publico, así como de los órganos de control interno del gobierno.
La nómina publica no puede, por otro lado, sufrir una hemorragia repentina que desampare a miles abruptamente. Aunque se reconozca que la abultada nomina contribuye al clientelismo y no rinde los frutos esperados, se requiere actuar con prudencia en materia de despidos. A quienes primero deben sacarse del tren del Estado son aquellos que devengan sueldos por estar en «nominillas» y otras designaciones supernumerarias. También deberán guillotinarse todos los nombrados en puestos públicos que no ejerzan ninguna función y solo cobren un sueldo. (Un reto mayúsculo de especial importancia será la profilaxis de la nómina del MIREX.) Pero el resto de los supernumerarios deberá ser depurado sin prisa a fin de facilitarle a los partidarios del pasado régimen hacer suaves transiciones a otros puestos y posiciones del sector privado.
Los retos de definición de las políticas públicas han sido satisfechos parcialmente con la elaboración del Programa de Gobierno. Sin embargo, la difícil coyuntura que presenta la pandemia y el estado de las finanzas públicas requerirán que un nuevo Presupuesto Complementario organice la acción gubernamental por el resto del año calendario, poniendo especial énfasis en la protección social que se le debe brindar a los segmentos más vulnerables de la población. Este deberá tener la suficiente flexibilidad para que las autoridades puedan afrontar las contingencias previsibles. Acompañando este esfuerzo el nuevo gobierno debe someter al Congreso sendos proyectos de ley que proscriban los privilegios y canonjías y uno que determine nuevas exigencias de transparencia en consonancia con los lineamientos de Transparencia Internacional.
Es deseable que las dependencias públicas dispongan de una hoja de ruta para orientar sus metas y operación, identificando prioridades y cursos de acción. Si no ha sido posible elaborar la misma en la transición, se le debe exigir a cada incumbente de los ministerios y las direcciones generales, por lo menos, que elaboren ese instrumento en los primeros 30 días de su gestión. Antes o después de la elaboración de borradores, los contenidos deberán compaginarse con las disposiciones del Programa de Gobierno y con el nuevo Presupuesto Complementario que delimite las posibilidades. Saludable seria pasar revista a lo elaborado a los seis meses de gestión de la nueva administración.
Finalmente, el nuevo gobierno deberá, después de haber nombrado un Procurador General independiente, marcar su impronta de pulcritud y probidad sometiendo a la justicia ?y apresando cuando sea apropiado– a un pequeño grupo de individuos que han sido señalados por el rumor público y/o por palpables evidencias de conducta delictuosa. Asimismo, deberá desmantelar la Direccion Nacional de Investigaciones para desterrar la práctica del espionaje político que conculca los derechos constitucionales de intimidad y del libre ejercicio de las actividades políticas. Su reemplazo por un organismo profesional y apolítico debe quedar pendiente hasta que se presente ante el Congreso un proyecto de ley de adelgazamiento del Estado.
Estas directrices iniciales marcarían la impronta del nuevo gobierno y ayudarían a evitar su descarrilamiento. Ellas demandan ecuanimidad y moderación, a la vez que coraje y determinación. La cacareada ingratitud del servicio público, con frecuencia responsable de muchos desvaríos, debe ser superada por la convicción de que las buenas prácticas de gobernanza eventualmente redituaran un honorable lugar en la historia. En ese acrisolado sitial estará el divino néctar de la victoria.
Por JUAN LLADO 06-07-2020 ACENTO.COM.DO
2020-07-07 02:04:02
