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Ezequiel Villalonga, durante una entrevista con al AFP, el 1 de agosto de 2019 en Mendoza (Argentina)
A sus 18 años, Ezequiel Villalonga descree de la Iglesia católica. Sordomudo, pasó años en el instituto especializado Próvolo, que se convirtió en un infierno de abusos para él y sus compañeros, un caso que estremece a Argentina con un juicio que empieza este lunes.
«Yo pienso que la Iglesia, todo adentro, es falso. Todo lo que nos hacen leer, decir, cómo debe ser la persona… Pienso que son falsos y demoníacos», expresa en lengua de señas que tuvo que aprender de grande.
Tenía siete meses cuando su mamá, Natalia, supo que era sordo. Poco después comenzó con estimulación temprana en el prestigioso Próvolo de Mendoza, dedicado a la enseñanza de niños con discapacidad auditiva o trastornos del lenguaje y que le habían recomendado como uno de los mejores.
Desde los 4 años y hasta los 16, cuando estalló el caso y se cerró el instituto, Ezequiel estuvo interno allí y solo volvía a su casa los fines de semana.
«Era muy mala la vida ahí adentro, nosotros no aprendíamos nada, no teníamos comunicación, no sabíamos lengua de señas, escribíamos y no sabíamos qué, preguntábamos a otros compañeros y, también, nadie entendía nada», cuenta a la AFP en la sede de la ONG humanitaria Xumek (sol, en lengua indígena huarpe), a la que pertenece su abogado.
Su testimonio, grabado en cámara gesell durante la instrucción de la causa, es uno de los relatos de una veintena de víctimas menores que se escuchará en el juicio contra los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59), y el jardinero Armando Gómez (49), quienes podrían ser condenados hasta a 50 años de prisión.
«Yo quiero que todos estén ya con una pena. Corbacho, Corradi y Gómez y así seamos todos felices», confiesa Ezequiel.
Corradi llegó a Argentina, país del papa Francisco, en 1970 proveniente del Próvolo de Verona (Italia) y se hizo cargo de la institución, primero en La Plata y luego, en 1998, en Mendoza, donde lo detuvieron preventivamente el 26 de noviembre de 2016.
El año pasado, el exmonaguillo Jorge Bordón, ahora de 50 años, fue condenado a 10 años de cárcel tras confesar abusos sexuales contra cinco víctimas en el centro educativo. Catorce imputados más serán objeto de otros dos procesos.
– «¿Cómo son capaces?» –
Paola González se quiebra cuando recuerda el momento en que le confirmaron que su hija Milagros, hoy de 16 años, había sido abusada en el prestigioso colegio gratuito en el que había confiado.
«Si vos hubieras visto su cuerpito y estatura cuando entró. Era muy chiquita. Yo no entiendo, no puedo concebir tanta maldad. ¿Cómo son capaces de hacerle daño a un ser tan frágil?», se pregunta ante la AFP en su modesta casa de Mendoza.
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Paola González (D) y su hija Milagros (I), supuesta víctima de abusos sexuales en un colegio católico, el 31 de julio de 2019 en Mendoza (Argentina)
A fines de 2016, dos testigos protegidos iniciaron la causa con su denuncia de abusos sexuales. La prensa lo reportó y la alarma se encendió entre las familias.
«Le pregunté (si había sido abusada). Lo único que hizo ella fue sentarse y hacer la seña de que le desprendían el pantalón y se lo bajaban y bajó de nuevo su mirada», recuerda con precisión.
El paso siguiente fue presentarse en la fiscalía con su hija, casi imposibilitada de comunicarse. Una médica forense dijo que no se veían lesiones externas y Paola sintió alivio.
Pero el examen prosiguió: «Y ahí te dicen lo que ningún padre o madre quiere escuchar: que tu hijo ha sido abusado por mucho tiempo».
«Delante de tu hija no podés llorar, por más amor (que sientas). Es ella, son ellos los que pasaron todo eso. A partir de ese momento es convertir el dolor en lucha», agrega esta empleada de limpieza, madre de siete hijos.
«Es una gran victoria que la causa se ha elevado a juicio», valora.
Pero al recordar el camino recorrido se indigna. «La Iglesia ni siquiera ha respondido a la justicia, ha entorpecido también, ha ocultado pruebas y ha atacado de manera despiadada, desestimando los testimonios de los sobrevivientes», denuncia.
– «Perdón» –
«No hay suficientes palabras para solidarizarnos con el horror que han vivido y que les ha lastimado tanto. Y sobre eso hay que pedir perdón y tratar de sanar de la mejor manera posible, sin odio», dice a la AFP el monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata.
Bochatey fue designado comisario apostólico por el papa Francisco en julio de 2017 como interventor de la Compañía de María, de la que surgieron los institutos Próvolo.
«Cuando me nombraron, lo primero que quise hacer fue acercarme a las víctimas para pedir perdón, y me sacaron volando. Hasta el día de hoy no lo pude hacer. Habrá que esperar que termine el juicio», declara.
El obispo dice estar «muy feliz de que empiece el juicio» e invita a diferenciar lo que llama «las víctimas verdaderas» de los que se aprovechan.
2019-08-04 11:57:01
