Comisión Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) – República Dominicana
http://economia.gob.do/wp-content/uploads/drive/VIPLAN/ODS/INV%20RD%202018%20-%20definitivo%20FF%20v2.compressed.pdf
II. Resumen
La República Dominicana está avanzando de forma decidida en la apropiación de la Agenda 2030. En los últimos dos años ha realizado esfuerzos importantes en la incorporación y alineación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y con otros instrumentos de planificación, en la identificación de objetivos prioritarios a partir del contexto país, al igual que en la exploración de una arquitectura de intervenciones óptima para acelerar progresos.
El Informe Nacional Voluntario (INV) de República Dominicana tiene tres propósitos:
Primero, dado que se trata del primer informe que se presenta, dar cuenta de la evolución y el estado de situación de cada uno de los ODS a través de los indicadores disponibles. En ese sentido, se trata de establecer líneas basales para la Agenda 2030 en el país.
Segundo, presentar la experiencia de República Dominicana en el aterrizaje de la Agenda 2030, a partir de la conformación del mecanismo nacional de articulación para el logro de los ODS desde una perspectiva participativa y de alineación de la agenda 2030 con las prioridades nacionales y de la implementación de políticas integrales con vasto contenido a favor de los ODS.
Tercero, registrar los esfuerzos y avances en los análisis a nivel nacional, en torno a las mejores estrategias para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030. Esto implica ofrecer una perspectiva articulada y de interdependencia sinérgica entre políticas y los ODS. Para ello, se presenta un balance de la oferta programática nacional y se llama la atención sobre combinaciones de intervenciones necesarias para adelantar los logros.
Con ello se busca empujar la frontera del análisis actual; esto es, dar un paso más allá en el conocimiento del estado de situación y profundizar la reflexión respecto a los objetivos principales e intermedios que habría que priorizar a la luz de la integralidad de la agenda y de la interrelación entre objetivos.
Este informe descansa en los siguientes insumos clave: a) informes nacionales sobre los logros y desafíos pendientes en la era ODM; b) indicadores oficiales disponibles para cada uno de los ODS o indicadores proxy, con el mayor nivel de desagregación disponible, en términos de territorios, grupo etario, sexo y grupos de población en situación particular; c) información cualitativa sobre políticas e intervenciones relevantes para la Agenda 2030 levantadas desde las instituciones públicas; y d) resultados de las consultas presenciales realizadas con actores gubernamentales, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, de los gobiernos locales, del Poder Legislativo, y de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, respecto a los hallazgos principales sobre el estado y posibilidades de integración de los ODS en la agenda pública, los obstáculos percibidos y las buenas prácticas y lecciones aprendidas.
El país tiene logros importantes que mostrar en el avance para el cumplimiento de la Agenda 2030. Al mismo tiempo, tiene grandes desafíos en la superación de brechas persistentes económicas, sociales, ambientales, institucionales y de políticas.
El país ha mantenido un robusto crecimiento económico con tasas superiores a todos los demás países de la región. Desde los noventa, la tasa de crecimiento promedio anual del PIB se ubica por encima de 5%, y en los últimos cuatro años ha superado el 6.5% promedio anual. Asimismo, los niveles de pobreza se han reducido de cerca del 40% en 2003 a proporciones en el presente de 25.5% para pobreza monetaria y de 21% para la pobreza multidimensional, , y la pobreza extrema, a su vez, se coloca por debajo del 6%. El incremento del ingreso per cápita en la última década ha colocado al país como una economía de ingreso medio alto.
Aunque en los últimos años se aprecian resultados bastante alentadores en términos monetarios, existen desafíos en materia de bienestar multidimensional, que incluyen mejoras en la calidad de los servicios públicos, vivienda y evitar recaídas hacia la pobreza. Al mismo tiempo, se observa una mayor incidencia de la pobreza en la población infantil y adolescente, en las zonas rurales, en ciertas regiones del país y entre la población desocupada.
Para lograr resultados más efectivos, las políticas públicas deberán continuar profundizando su énfasis en la universalización de la cobertura de la seguridad social, de la cobertura y la calidad de los servicios de salud y educación, y la continuación de las políticas ya iniciadas para enfrentar con más determinación el desempleo en poblaciones más vulnerables, como mujeres, jóvenes y el empleo precario, así como las inequidades de género. Para ello, es ineludible continuar incrementando y mejorando la calidad del gasto público social.
ODS2. La subalimentación y la malnutrición también han declinado, y las brechas entre las zonas rurales y urbanas se han cerrado, pero todavía persisten otras brechas que cerrar y nuevos retos que enfrentar. La subalimentación ha declinado desde más de 30% a inicio de la década de los noventa hasta menos de 13% en 2014-2016, y la desnutrición infantil crónica también se ha reducido significativamente. Además, se observan incrementos en la producción y la productividad agrícola.
No obstante, se estima que cerca del 10% de la población sufre de subalimentación, y existen tasas de desnutrición crónica entre niñas y niños de hogares pobres (11.3% en hogares en el quintil inferior de riqueza comparado con menos de 7% promedio nacional) y de madres con escasa escolaridad, así como déficits nutricionales (p.e. vitamina A, hierro y yodo) en poblaciones específicas. Además, se registra una elevada y creciente proporción de población adulta en sobrepeso u obesidad y hay evidencia de que la productividad y los ingresos de la agricultura provenientes de la pequeña producción son los más bajos de la economía.
ODS 3. Se registran progresos en la cobertura de salud, aunque con menor impacto en la calidad de los servicios, por lo que deben continuarse y ampliarse los esfuerzos para lograr salud y bienestar en la población. La tasa de mortalidad materna es alta (por encima de 100 por cada 100 mil nacidos vivos), y se ha mantenido elevada por un largo período de tiempo. La mortalidad entre niñas y niños de menos de 5 años ha declinado, aunque lentamente. La mortalidad neonatal (en niñas y niños de 28 días de nacido/a o menos) sigue elevada, y es la que explica principalmente la mortalidad en la infancia. Al mismo tiempo, la tasa es particularmente elevada en las provincias y en los hogares más pobres y en aquellos en los que la madre tiene menor escolaridad. En materia de incidencia de epidemias, los resultados evidencian progresos importantes en VIH/ SIDA (los nuevos casos podrían acercarse a cero hacia 2030) y malaria, aunque en ambos casos se observan tasas todavía altas en provincias específicas asociadas a desarrollo de actividades de turismo y la inmigración haitiana. Respecto a la tuberculosis, se observan mejorías, aunque persiste una incidencia relativamente alta. Igualmente, la tasa de fecundidad entre las adolescentes es alta, con poca tendencia a la reducción.
Los avances en materia de salud se irán reflejando en la medida en que el nuevo modelo de atención primaria se vaya desarrollando y consolidando, lo que implica profesionalización del personal de salud y educación, sistemas de vigilancia epidemiológica más efectivos, mayores niveles de cumplimiento de protocolos de salud y un fortalecimiento de la articulación institucional en el sector. Lo anterior también implicará, de cara al futuro, incrementar el gasto público en salud, el cual se ha mantenido en menos del 2% del PIB.
ODS 4. La cobertura del sistema educativo en el nivel primario es muy alta, y en el nivel secundario ha crecido, lo cual es promisorio. Se mantienen, sin embargo, brechas, tanto de cobertura como de calidad. En el nivel primario, la cobertura neta (para población entre 6 y 13 años) es de cerca de 95%, y se hacen esfuerzos en dirección al 100%. En el nivel secundario, la cobertura neta (población entre 14 y 17 años) se ha incrementado de forma moderada pero sostenida, y en 2016 alcanzó casi 64%. En este nivel, la cobertura entre las mujeres, en las zonas urbanas, en las provincias con menos pobreza y en los estratos de mayor riqueza, es más elevada que entre los hombres. En educación preprimaria, la cobertura es baja, ha oscilado alrededor del 30%, y es mayor en las zonas urbanas y en hogares no pobres. Sin embargo, es de notar que se han logrado resultados importantes en materia de atención a la primera infancia, con una iniciativa integral para promover una política de protección. La educación privada a nivel inicial refleja una cobertura mucho más elevada.
El analfabetismo ha venido declinando y el Gobierno ejecuta un programa encaminado a erradicarlo en los próximos años. En 2015 era de 7% entre la población de 15 años y más, con tasas más elevadas en la población rural, en hogares pobres y entre hombres.
El incremento en el financiamiento a la educación pública desde 2013, que ha contribuido a expandir la infraestructura escolar en todo el país y a incrementar las remuneraciones al personal docente, se está destinando crecientemente a fortalecer los programas de capacitación y de captación de nuevos talentos para la enseñanza.
En este contexto, el desafío principal está relacionado con la calidad de los servicios educativos, que se reflejan como una preocupación en la sociedad dominicana. El país se ha sometido a los rigores de las pruebas regionales y globales que miden los logros de los procesos educativos en términos del aprendizaje, y los resultados son bajos.
ODS 5. A pesar de los avances significativos que se han logrado en materia de igualdad de género, se requiere completar el marco jurídico y desarrollar acciones específicas que coadyuven a reducir las desigualdades de género, la discriminación y la violencia contra las mujeres. La Constitución de la República reconoce la igualdad entre hombres y mujeres y el país es signatario de los principales instrumentos internacionales en materia de igualdad de género. Existe un Ministerio de la Mujer con un mandato legal explícito de promover la igualdad, y la END tiene como uno de sus objetivos «construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres». Sin embargo, no existen leyes específicas contra la discriminación y la violencia ejercidas contra las mujeres.
El 25% de las mujeres ha sufrido violencia física en la adultez, y un 31% de las mujeres ha sufrido violencia emocional. Además, hay una alta incidencia de las uniones tempranas: cerca de 28% en adolescentes entre 15 y 19 años, 11% antes de los 15 años. Asimismo, el 36% de las mujeres entre 20 y 24 años dijeron haber estado unidas o casadas antes de los 18 años. Las uniones tempranas están asociadas a los embarazos en la adolescencia. I
Las mujeres trabajan más del doble que los hombres en el hogar, en tareas generalmente no reconocidas ni visibilizadas. Y, a pesar de la existencia de cuotas obligatorias para mujeres en las candidaturas, su participación en el Congreso, el Poder Ejecutivo y los gobiernos locales es baja o muy baja.
ODS 6. La cobertura de los sistemas de agua y disposición de excretas es elevada, aunque persisten brechas que afectan particularmente a los territorios y hogares más pobres. La cobertura de agua supera el 80% de los hogares, pero mientras que en las zonas urbanas alcanza el 86%, en las rurales es de tan sólo el 57%. También persisten diferencias regionales -la menor disponibilidad se observa en las regiones más pobres como Higuamo, El Valle y Enriquillo- y entre hogares: en aquellos en condiciones en pobreza extrema la cobertura es menor a 60%. El 97.4% de los hogares posee sistemas de disposición de excretas, y el 79% cuentan con sanitarios, lo cual ha registrado un alto crecimiento en los últimos años. El 7.6% de los hogares rurales no posee sistemas de disposición de excretas y 46% tienen sistemas precarios, como las letrinas. Al desafío de universalizar la cobertura en el acceso a los sistemas de agua y disposición de excretas, se suma la necesidad de incrementar la proporción de aguas servidas que son tratadas, mejorar la calidad de los servicios en términos de continuidad y calidad, y proteger las fuentes de agua. Esto cobra particular relevancia a la luz de los escenarios de cambio climático disponibles para el país, que indican reducción en las precipitaciones y, por ende, en la disponibilidad de agua, factor crítico para un pequeño estado insular en desarrollo.
ODS 7. Los sistemas de energía eléctrica alcanzan al 97% de los 2.9 millones de hogares en el país. Sin embargo, la cobertura es menor en las zonas rurales (91%) que en las urbanas (99%), y todavía 93 mil hogares carecen de acceso a la electricidad. Los mayores rezagos se advierten en las regiones más pobres (Enriquillo, El Valle, Cibao Noroeste y Yuma), en los hogares en pobreza extrema y zonas aisladas de montaña. No obstante, la calidad o continuidad del servicio es la mayor preocupación. Datos oficiales indican que, del total de la demanda de energía, los sistemas sólo satisfacen cerca del 85%, lo cual supone interrupciones en el servicio, aunque se avanza en la incorporación de circuitos con abastecimiento las 24 horas.
En 2015, el consumo de energía proveniente de fuentes renovables alcanzó el 16.24% de la producción total, porcentaje que se ha venido reduciendo a pesar del incremento en la generación total de energía de fuentes renovables y de los incentivos tributarios vigentes para proyectos de este tipo. Asimismo, el Índice de Intensidad Energética se ha venido reduciendo sistemáticamente desde inicios de la década pasada, lo que indica que el país ha venido usando la energía eléctrica de forma cada vez más eficiente.
Los retos del sistema eléctrico se asocian principalmente a: suplir el 100% de la demanda, lo cual pasa por hacer financieramente sostenible el sector aumentando la facturación y los cobros de la energía servida, aumentar de forma continua la generación para suplir la demanda creciente en un contexto de expansión sostenida de la actividad económica, y transformar la matriz energética hacia un mayor peso de las energías renovables. De igual manera, un elemento clave para la gestión sostenible del uso de la energía es mejorar la eficiencia energética.
ODS 8. El alto nivel de crecimiento económico del país, que en promedio anual ha superado el 5% del PBI por muchos años, ha contribuido a la disminución del desempleo. En efecto, el desempleo se ha venido reduciendo en los últimos años; la tasa de desocupación ha pasado del 7.3% en 2015 a 5.5% en 2017, aunque los resultados en términos de empleo de calidad aún no son suficientes.
El desempleo afecta en particular a las personas jóvenes, en especial a las mujeres, y a las personas pobres, quienes muestran mayores dificultades de inserción en la actividad económica que el promedio nacional o que los hombres adultos. Además, más de la mitad de las ocupaciones son informales, con desafíos en términos de productividad, ingresos y acceso a sistemas de previsión y seguridad social. Cabe resaltar que el sector servicios, que es el que muestra mayor crecimiento económico, se ha caracterizado en el país por una baja capacidad empleo por unidad de producto. En tanto que otras actividades, como la minería, también registra reducidos aportes al empleo.
En 2014, el 12.8% de la población entre 5 y 17 años realizaba algún tipo de trabajo, en actividades económicas o en quehaceres del hogar. El trabajo infantil se ha reducido, aunque todavía afecta a una parte de los infantes de hogares en pobreza.
Generar un crecimiento económico que produzca más empleos es un desafío de primer orden. Para ello, se debe contar con una política de desarrollo productivo que fomente la creación de puestos de trabajo, y con una política nacional de empleo, que incluya una estrategia específica para la población joven y las mujeres.
El turismo, como una de las actividades centrales de la economía y la principal generadora de divisas, ha venido creciendo sistemáticamente en 10.6% en los últimos cuatro años, aunque debe diversificarse y hay que velar más por su sostenibilidad ambiental. El turismo explica el 46% de las exportaciones de bienes y servicios. El país se caracteriza por ser un destino casi exclusivo de sol y playa, bajo la modalidad del «todo incluido». Con el fin de conocer en mayor profundidad los impactos ambientales del turismo se requiere desarrollar indicadores que aproximen a la sostenibilidad de la actividad (en términos de la intensidad del uso del capital natural). Con ello se apunta hacia fortalecer las capacidades nacionales de diseñar e implementar mecanismos y políticas que reduzcan los efectos sobre las costas y los ecosistemas costeros, los acuíferos subterráneos, el uso intensivo del recurso agua y la contaminación derivada de una inadecuada gestión de residuos. También se evidencian espacios importantes para el desarrollo de la oferta de modalidades de turismo individual, asociadas a la montaña, turismo de senderos, de salud, de cruceros, entre otros.
ODS 9. Las manufacturas han perdido peso relativo en la economía, a pesar de que las políticas públicas se han esforzado por expandir el acceso al crédito de las pequeñas industrias y por ende su expansión. La producción de la industria manufacturera explica menos de 14% del PIB -producto de la tendencia sostenida a la terciarización de la economía- y ha venido perdiendo empleos. Un desafío importante es mejorar la disponibilidad de estadísticas relativas a la actividad desarrollada por las pequeñas industrias de manera sistemática y periódica, con el fin de desplegar instrumentos e indicadores para diseñar e implementar políticas industriales más efectivas.
En términos de emisiones de CO2, la República Dominicana representa menos del 0.1% de las emisiones mundiales. Las emisiones per cápita están por debajo de la media de Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, las emisiones del CO2 y de gases de efecto invernadero del país se han incrementado, consistente con la notable expansión de la actividad económica en los últimos años, sustentada en modelos de producción con poca sostenibilidad. Se estima que, en 2010, último año disponible de datos, las emisiones brutas de gigagramos de CO2 equivalentes fueron de 31,044.
En 1990 habían sido de 7,040 y en 1998 de 23,741. El 62% de las emisiones se originan en el sector energía (2010); reducirlas implica migrar hacia una matriz con mayor peso de energías renovables y limpias y hacia sistemas de transporte más eficientes. En agosto de 2015 República Dominicana presentó ante la CMNUCC su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional-RD, comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% a 2030. Cabe indicar que, si bien persisten importantes brechas por cubrir, la materialización de los requerimientos de transferencia de recursos financieros y tecnologías desde los países desarrollados a los países en desarrollo ha quedado en niveles muy por debajo de las necesidades y del compromiso internacional de la comunidad de donantes.
ODS 10. Los niveles de desigualdad en la economía se han reducido, lo que se refleja en una declinación de la concentración del ingreso desde inicios de la década pasada. La participación de las remuneraciones laborales en el valor agregado (PIB) se ha mantenido estable.
Durante el periodo 2000-2016 se evidencian progresos en materia distributiva. Mientras que en 2012 el índice de Gini se situó en 0.4713, en 2015 se redujo a 0.4578, aunque se registró un pequeño retroceso en 2016.
Según el Boletín de Pobreza de 2017, en la zona urbana del país se reportó un mayor nivel de inequidad, donde el coeficiente de Gini se situó en 0.4729, registro que es aproximadamente 15% superior al valor reportado para la zona rural (0.4127). ODS 11. La proporción de población viviendo en tugurios se ha reducido sensiblemente, pero todavía un 12.1% de la población urbana vive en asentamientos informales y en viviendas inadecuadas. Fruto de iniciativas para mejorar el acceso a viviendas de calidad en zonas de alta densidad de pobreza, se han desarrollado proyectos habitacionales de bajo costo, con visión integral para la inclusión social y económica de los beneficiarios. Esto ha permitido una reducción en el déficit habitacional y mejorado la resiliencia de estos hogares, aunque con impacto localizado en zonas específicas. Es de vital importancia abordar el tema de la vivienda en el contexto dominicano, dada su ubicación geográfica en la ruta de tormentas y huracanes -que afectan de manera significativa hogares en pobreza- y las fallas geológicas presentes en la isla. Dar cuenta de manera sistemática de la situación de vivienda y del impacto económico de los desastres constituye un importante desafío para diseñar buenas políticas que fomenten la resiliencia, basadas en un correcto ordenamiento territorial. Para 2030 la población total alcanzará los 11.25 millones de personas, de los cuales un 39.8% habitará en la zona metropolitana. Actualmente, República Dominicana es el décimo país más vulnerable a los riesgos hidrometeorológicos derivados del cambio climático en el planeta (GCRI 2017).
ODS 12. Los esfuerzos por promover la producción y consumo sostenible son incipientes. El país cuenta con un marco legal general propicio para ello, el cual se ha venido robusteciendo, y se ha generado un conjunto de iniciativas privadas para fomentar una cultura de sostenibilidad en la producción. A 2015, la República Dominicana había reducido en 16% el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono, sobrepasando así la meta país ante el Protocolo de Montreal (10% al 2015). Los avances logrados deben ser complementados con: a) más y mejores estadísticas e indicadores que permitan diseñar buenas políticas, pues la limitada disponibilidad de datos es uno de los obstáculos para el logro de este objetivo; b) mejorar el cumplimiento de las normativas, que es uno de los puntos más débiles que se perciben para lograr un manejo más sostenible de la producción; c) impulsar una gestión integral de los residuos, algo en lo que la reciente iniciativa gubernamental denominada «Dominicana Limpia» puede contribuir de forma decidida; d) promover una cultura de producción y consumo sostenibles, que contribuya a cambiar estándares, prácticas y hábitos; e) mayores esfuerzos para continuar transformando la matriz energética hacia una sobre fuentes sostenibles; y f) completar el marco regulatorio con la aprobación final de iniciativas legales en curso, tales como una ley de aguas, una ley de ordenamiento territorial y una ley de gestión integral de residuos.
ODS 13. En las últimas dos décadas ha habido avances positivos en la gestión de riesgos y en la construcción de institucionalidad para enfrentar el cambio climático y sus efectos. El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (147-02), el Plan Nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (2013) y el fortalecimiento de las capacidades integradas de respuesta ante desastres son evidencia de ello. También se han creado espacios institucionales y diseñado y aprobado planes, políticas y estrategias para la preparación y respuesta al cambio climático. Esto requiere ser complementado con acciones específicas sobre cambio climático, y generar información de calidad que alimente las intervenciones. Los escenarios de cambio climático proyectan modificaciones en las variables climáticas que producirán impactos en el país. El aumento de las temperaturas máximas y mínimas vendrá acompañado con ascensos del nivel del mar y severas alteraciones en los patrones de precipitación, cuya distribución a lo largo del año, aunque se estima que la precipitación promedio nacional para el 2050 se reducirá progresivamente hasta un 15%, pudiendo llegar a un 17% en el año 2070. ODS 14. Estamos avanzando en la conservación y uso sostenibles de los mares y océanos y en la protección efectiva de los ecosistemas marinos, aunque aún se demanda de más y mejor información que permita construir indicadores relevantes y políticas e iniciativas concretas y de envergadura. El país cuenta con un sistema de áreas protegidas en el que se incluyen dos parques submarinos, con una superficie de 256.57 km2, además de que el 99.16% de las áreas de protección estricta pertenecen al área marina. El país ha suscrito los principales instrumentos internacionales en esta área, y posee una de las líneas costeras más amplias del Caribe, con 1,575 km de costa. Además, posee una notoria extensión de manglares, que representan un 0.61% del territorio nacional (2012).
ODS 15. Si bien la RD cuenta con un notable sistema de áreas protegidas y la preservación de los ecosistemas terrestres ha tenido importantes avances, se requiere de más y mejores estadísticas para su monitoreo, así como de mayores niveles de recursos en sentido general. A la par con el dinámico crecimiento de la superficie forestal, sólo una fracción de ella está bajo gestión sostenible, y se requiere una mayor efectividad de la protección en los casos de la superficie con fines exclusivos de preservación. Al mismo tiempo, la calidad de las nuevas áreas forestales es incierta, lo que hace también incierto los servicios ambientales que están en capacidad de prestar. El Índice de Lista Roja del país es de 0.74, se estima que 22% de los animales están en peligro de extinción, 38% de plantas están en algún tipo de peligro, y las especies invasoras son la tercera causa de pérdida de biodiversidad. En 2016, la proporción de lugares importantes para la biodiversidad biológica terrestre fue de un 40%, y el valor de los servicios ecosistémicos se estima entre 2.2% y 7.6% del PIB. En 2012, el 1.1% de la superficie total del país se encontraba en estado de degradación. Por limitaciones fiscales, en el periodo 2000-2016, el gasto público para la gestión del medio ambiente se mantiene reducido. Se prevé que iniciativas en curso para ofrecer apoyo a proyectos agroforestales representen un impulso crítico a los esfuerzos por fortalecer la protección y gestión sostenible de los bosques, la cual hoy día solo representa el 3%. ODS 16. Construir instituciones sólidas e incluyentes, mejorar el acceso y la confianza del público en la justicia y lograr un Estado más transparente son parte de los grandes desafíos de la sociedad dominicana.
La evidencia indica que, a largo plazo, se ha registrado un incremento en la tasa de homicidios y otros crímenes. También que hay una alta incidencia de maltrato físico y psicológico a niñas y niños, junto a una elevada prevalencia de explotación sexual de niñas y adolescentes. El 60% de las personas recluidas no ha recibido sentencia, lo que evidencia la existencia de importantes barreras de acceso a la justicia, y se observa falta de confianza en la policía y otras 23 instituciones relacionadas con la justicia. Además, más del 3% de la población y el 12% de niñas y niños menores de 5 años carecen de identidad jurídica, lo que afecta particularmente a población de los hogares y las provincias más pobres.
Ha habido progresos importantes en lograr un Estado más transparente, en especial en lo relacionado a la gestión presupuestaria y las compras públicas. Sin embargo, el camino para alcanzar niveles satisfactorios de transparencia y eficacia es todavía largo. Se destacan mejoras en la gestión presupuestaria a partir del seguimiento a programas protegidos, acceso a información sobre la asignación presupuestaria al servicio del ciudadano-a, entre otras. El país cuenta con un portal transaccional para las compras públicas robustecido y con mecanismos para la inclusión de Mipymes en el registro de proveedores del estado, en especial de las empresas lideradas por mujeres.
ODS 17. La restricción fiscal es una de las principales barreras para implementar la Agenda 2030. El financiamiento de la Agenda es un elemento primordial que requiere que el país identifique mecanismos tradicionales e innovadores para su logro. Si bien a nivel global se ha acordado que la fuente principal de financiamiento de la agenda sea con recursos nacionales, se requiere explorar opciones y mecanismos de financiación que los complementen.
El acceso a financiamiento externo es de primordial importancia, dado que Ia República Dominicana está clasificada como país de renta media alta y, por tanto, con pocas opciones para aumentar flujos de ayuda oficial al desarrollo.
La presión tributaria es de 14% del PIB -muy por debajo del promedio de ALC-, el financiamiento anual al sector público ha sido del orden de 5% del PIB, y la Ayuda Oficial al Desarrollo (OAD) no alcanza el 0.1% del PIB. En 2017 la deuda pública consolidada (externa e interna) alcanzó un 48.9% del PBI. La inversión extranjera directa ha oscilado entre 3% y 4% del PIB y las remesas alcanzan el 8% del PIB. Casi el 90% de la población tiene acceso a la telefonía móvil, el 54% tiene acceso a Internet, aunque apenas un 27% tiene acceso propio a través de computadoras o tabletas.
La población pobre, de las zonas rurales, de las provincias más pobres y de hogares con jefatura con menor nivel de instrucción y de riqueza es la que menos acceso tiene. También se observan brechas notables por edad: la población joven usa más la computadora e Internet que la de mayor edad.
La iniciativa República Digital, que involucra a diversos organismos públicos, busca incrementar de manera significativa el acceso y el uso de Internet y reducir la brecha digital gracias a la expansión y fortalecimiento de la infraestructura de conectividad, a la reducción de los costos de conectividad y el acceso de estudiantes, maestros y maestras a dispositivos electrónicos. De hecho, la iniciativa ya está mejorando de forma notable el acceso a servicios públicos a través de Internet.
Se observan avances notables en la capacidad de planificación, se han incorporado los compromisos internacionales (ODS y Consenso de Montevideo) a la planificación nacional, y se avanza en la vinculación entre la planificación y los presupuestos públicos. Hay progresos en la incorporación de la cooperación internacional en los planes nacionales y en la alineación de los ODS con las metas nacionales. No obstante, hay insuficiencia de indicadores sobre desarrollo sostenible, en particular relacionados con los objetivos vinculados al planeta.
El panorama presentado muestra que la implementación de la agenda 2030 en el país ha sido asumida por todos los sectores de manera importante, lo que augura resultados significativos para 2030. Sin embargo, ello requiere la alineación plena de la planificación y la presupuestación 24 nacional con las metas ODS. Es indispensable traducir los avances en términos de acceso o disponibilidad de los servicios y bienes públicos -como fue evidenciado en la era ODM- en la provisión de servicios de calidad que permita hacer realidad el enfoque de sostenibilidad en todas sus dimensiones.
En términos del «aterrizaje» de la Agenda 2030, los resultados en el país se registran en dos dimensiones: 1. Procesos vinculados a la conformación de un mecanismo nacional para el seguimiento e implementación de la Agenda 2030, y 2. Avances en el diseño, articulación e implementación de políticas y programas orientados al logro del desarrollo sostenible.
En relación con los procesos para la conformación de un mecanismo nacional, en 2016, mediante el Decreto Presidencial, se creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, integrada por los titulares de las principales instituciones públicas con responsabilidades directas en cada uno de los ODS, con representación del sector privado y de la sociedad civil. Su responsabilidad, como mecanismo nacional, es trazar la ruta y articular esfuerzos interinstitucionales y transectoriales para la implementación de la Agenda. La Comisión se organiza en cuatro subcomisiones vinculadas a los pilares del desarrollo sostenible (Personas, Prosperidad, Planeta e Institucionalidad), un Comité de Estadísticas y una Secretaría Técnica. Próximamente, en seguimiento a recomendaciones de una misión MAPS, se creará un Comité de Financiación para el Desarrollo, de corte transversal, para trabajar con todas las Subcomisiones.
En el marco de los trabajos de dicha Comisión, se generaron tres productos importantes para posicionar los ODS en la agenda pública: a) La evaluación de la disponibilidad y factibilidad de medición de indicadores nacionales para el seguimiento de los ODS, que arrojó que existe información disponible para el 37% de los indicadores, se requieren mejoras en las fuentes existentes para el 19% y se necesita la creación de nuevas fuentes o cambios significativos en las existentes para el 45%. b) Evaluación Rápida Integrada (RIA, por sus siglas en inglés), que analizó el nivel de preparación del país en ese momento para poner en marcha la agenda. En este sentido, a partir de un análisis entre los objetivos y metas de la Agenda 2030 y los instrumentos principales de planificación nacional, particularmente la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y algunos planes sectoriales, se encontró un nivel de alineación de 72%. Este porcentaje se desglosa en 89% para el pilar Personas, 86% para el pilar Prosperidad, 78% para el pilar de Institucionalidad y 42% para el pilar Planeta. Igualmente, el documento identifica como oportunidades de mejora la provisión de servicios de calidad a nivel local, al igual que mecanismos para implementar y medir políticas transversales. c) Informe de Transversalización, Aceleración y Asesoría de Políticas (MAPS, por sus siglas en inglés), que identificó cinco desafíos de desarrollo prioritarios para el país -Pobreza Multidimensional, Producción y Consumo Sostenible, Competitividad y Empleo, Poblaciones vulnerables al cambio climático y otros riesgos, e Institucionalidad del Estado- al igual que áreas críticas de aceleración con efecto multiplicador en el logro de los ODS.
Estos tres productos complementan otras acciones importantes, como la incorporación de metas e indicadores de los ODS en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2017-2020 y en sus actualizaciones, lo que asegura una expresión presupuestaria y de generación de valor público para metas ODS. Asimismo, varias instituciones han realizado ejercicios de alineación de sus instrumentos de planificación con la Agenda 2030.
De manera importante, se ha logrado incorporar nuevos actores relevantes para la Agenda, como las academias, ONG y el sector privado, promoviendo el enfoque de sostenibilidad en sus acciones. Por ejemplo, en el marco de las Subcomisiones participan -en adición a las instancias del estado- 7 organizaciones sin fines de lucro y 7 instancias que representan al sector privado. En adición, la Comisión suscribió el acuerdo «Academia por la Agenda 2030» con los principales representantes del sector académico superior, quienes se comprometieron a apoyar los esfuerzos nacionales a favor de los ODS con la difusión en los círculos académicos, la incorporación de contenido en los programas universitarios y la elaboración conjunta de investigaciones sobre desarrollo sostenible. Existen esfuerzos en curso para gestar alianzas similares con el sector privado, autoridades locales y sociedad civil y el Congreso Nacional, entre otros actores relevantes.
En relación con el diseño de instrumentos para programas y políticas orientadas al logro de los ODS, se registran resultados interesantes. De cara a la implementación de la agenda y mediante un proceso participativo, el país definió una Hoja de Ruta para avanzar en el ODS 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible). Se han iniciado los trabajos para definir e implementar una Estrategia Nacional para la consecución del ODS 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo), a partir de la metodología de combos1. En adición, se realizó un proceso nacional de consultas sobre los océanos que abordó el ODS 14, y se definió una estrategia para la transversalización de género en los ODS.
Estos esfuerzos avanzan a la par de la implementación de políticas nacionales relacionadas con: el aumento de la cobertura de aseguramiento en salud, accidentes laborales y del seguro de maternidad, protección de la primera infancia, acceso a crédito para asociaciones de pequeños/as productores/as, aumento en la cobertura de programas de protección social, mejoras en infraestructura y cobertura de servicios en salud y educación, reducción de exclusiones por la brecha digital, un programa para la atención de emergencias, entre otros. Un elemento relevante de muchas de estas iniciativas es su visión integral, consistente con la multidimensionalidad de la Agenda 2030, que permite atacar más de un ODS.
En este sentido se resaltan los siguientes programas: ? Quisqueya Sin Miseria: impacta los ODS 1,2,5 y 10. ? Dominicana Limpia: impacta los ODS 1,5, 11,12. ? República Digital: impacta los ODS 1,4,8 y 17. ? Revolución Educativa: impacta los ODS 1,4,5 y 8. ? Fomento a las Mipymes: impacta los ODS 1,8,9 y 16. ? Visitas Sorpresas Presidenciales: impacta los ODS 1,2,8 y 10. ? Soluciones de viviendas y transporte en barrios de alta densidad de pobreza: impacta los ODS 1, 10, 11. 1 El enfoque «combos» ofrece un tratamiento multisectorial a problemas, políticas e intervenciones, reconociendo sinergias e interconexiones entre elementos relacionados.
Por último, el INV profundiza en la discusión sobre la arquitectura de políticas que permitiría acelerar los avances en la Agenda 2030, partiendo de reconocer que sus 17 objetivos están íntimamente vinculados unos con otros. Eso implica que avanzar en unos objetivos acelera el avance en otros, al tiempo que alcanzar logros en cada uno de los objetivos depende de los resultados que se obtengan en el resto.
Es por ello que ha venido ganando terreno la idea de que para garantizar éxito en avanzar en una agenda tan ambiciosa y amplia como la de los ODS, se requiere identificar, con base en evidencia: a) objetivos prioritarios nacionales que contribuyan de acelerar el avance en un número crítico de otros objetivos; b) las barreras y los factores que contribuyen a acelerar el logro de los objetivos priorizados; c) la combinación de políticas e intervenciones que tienen mayores probabilidades de acelerar los logros.
El Gobierno Dominicano, junto al Sistema de Naciones Unidas, identificó cinco áreas de políticas (aceleradores) que contribuirían a apurar el logro de los ODS. Estos son: 1. Reducción de la pobreza multidimensional, 2. Competitividad y empleo decente, 3. Consumo y producción sostenible, 4. Poblaciones resilientes frente al cambio climático y otros riesgos, y 5. Institucionalidad del Estado sólida e incluyente.
Para los fines del INV, el gobierno dominicano decidió abordar inicialmente dos de esos aceleradores: Reducción de pobreza multidimensional y consumo y producción sostenibles.
Acelerador: Reducción de pobreza multidimensional.
La pobreza multidimensional se entiende como una situación concreta de vida de muchas personas, marcada por un conjunto de privaciones que no sólo restringen la calidad de vida, sino también las oportunidades. A pesar de los avances, las brechas y los rezagos continúan siendo importantes. Eso amerita pensar en los factores determinantes de la persistencia de la pobreza, en especial en grupos de población y territorios específicos, y en las intervenciones que pueden acelerar el cambio, sustentado en un enfoque de sostenibilidad de los logros de las políticas para evitar recaídas.
Los objetivos intermedios y las intervenciones necesarias que fueron identificadas son:
— Crear más empleos formales de calidad, a través de una política nacional de primer empleo focalizada en jóvenes en pobreza. Esto se debe a que el desempleo es particularmente elevado entre los jóvenes y a que la mitad de la población (52.0%) está ocupada en actividades informales;
— Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, enfrentando la desnutrición crónica persistente entre niñas y niños muy pobres, la malnutrición en poblaciones específicas y promoviendo la productividad y la sostenibilidad en la pequeña agricultura;
–Mejorar el acceso a servicios de salud y educación de calidad, fortaleciendo los servicios de salud colectiva, priorizando los objetivos de calidad educativa y ampliando la cobertura en los niveles inicial y secundario. Esto se asocia al hecho de que la población más pobre es la que demanda servicios de la red pública y la que registra menor cobertura de educación;
— Reducir el número de uniones tempranas y el embarazo en adolescentes, fortaleciendo los servicios de salud colectiva, promoviendo los aprendizajes sobre salud sexual integral en la educación, fomentando el uso de las TIC en jóvenes para acceder al conocimiento sobre prevención de violencia y derechos, e impulsando políticas para la retención de las niñas y los niños y adolescentes en las escuelas y la reinserción de las madres adolescentes, y la capacitación para la empleabilidad después del embarazo;
–Promover la igualdad de género, enfrentando el desempleo, el cual afecta desproporcionadamente a las mujeres, reconociendo el trabajo en el hogar y enfrentando la violencia contra las mujeres, la cual afecta principalmente a las mujeres pobres;
–Erradicar la falta de identidad jurídica, la cual es particularmente elevada en personas de hogares pobres. Esto restringe severamente las oportunidades de las personas de ser sujetas de protección por parte del sistema de la seguridad social, de acceder al sistema educativo, de emplearse y de emprender iniciativas económicas propias; y
–Promover la acumulación de activos, en especial de las personas pobres, acelerando los programas de titulación y tenencia de tierras, mejorando las viviendas (estructura, reducción de hacinamiento, acceso al agua) y reduciendo las barreras de acceso al sistema financiero.
Un balance de las intervenciones más destacadas entre aquellas que acelerarían la reducción de la pobreza multidimensional apunta a que:
1. la oferta programática del Estado se ha concentrado en intervenciones en materia de: a. Protección social (seguridad social y asistencia social) b. Cobertura horizontal de los servicios de educación y salud, c. Seguridad alimentaria, y d. Promoción de la pequeña empresa (acumulación de activos productivos) y su acceso a las compras públicas e. Microcréditos a productores en áreas con mayor pobreza
2. Estos esfuerzos necesitarían ser complementados con intervenciones relevantes que procuren: a. Crear más empleos formales y de calidad, en especial entre mujeres y jóvenes, b. Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad, c. Garantizar una educación de calidad, d. Promover la igualdad de género, e. Asegurar la identidad jurídica de todos y todas, f. Reducir los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas, y g. Aumentar la formalización de las micro empresas y nuevos emprendimientos
Acelerador: Consumo y producción sostenibles.
Desde inicios de este siglo, en particular desde la aprobación de la Ley General sobre Medioambiente y Recursos Naturales en 2000 (Ley 68-00), la República Dominicana ha venido adoptando instrumentos legales y normativos que han ido creando un marco cada vez más robusto para conservar y utilizar de manera sostenible los recursos.
Sin embargo, estos marcos necesitan ser respaldados por dos cosas. Primero, información estadística y cualitativa de calidad que permita diseñar buenas políticas. Segundo, acciones concretas y efectivas que contribuyan a proteger y lograr una gestión sostenible de los recursos naturales.
Como indicado anteriormente, la República Dominicana ha sido identificada como uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. En respuesta a ello, logró avanzar en materia de gestión de riesgos y en crear y desarrollar instituciones, estrategias y políticas para la preparación y respuesta. Pero no cuenta con suficientes indicadores relevantes para diseñar políticas. El país también cuenta con un amplio sistema de áreas protegidas, que incluye zonas costeras y marinas. Pero los ecosistemas marinos están siendo afectados por el cambio climático, la contaminación y la pesca no sostenible, al tiempo que la deforestación, la agricultura no sostenible y la expansión de la ganadería generan una fuerte presión sobre los bosques.
En ese sentido, se identificaron las barreras que limitan el avance hacia una producción y un consumo más sostenibles, y los objetivos intermedios asociados. Estos son: ? Gestionar los recursos de forma sostenible.
La agricultura y la pecuaria, el turismo, la minería y la pesca, que descansan en el uso de recursos naturales, han puesto una significativa presión sobre ellos. La adopción de prácticas de producción sostenibles contribuiría de forma significativa a la recuperación de los ecosistemas terrestres y marinos y de sus capacidades para proveer servicios ambientales críticos.
–Promover una matriz energética limpia, reduciendo así la contaminación y las emisiones de CO2. En 2015 estas emisiones alcanzaron 22.8 millones de tonelada, de las que el 62% fueron resultantes de la quema de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. De ahí que sea imprescindible avanzar en la reducción de la participación de las fuentes no renovables, en particular los hidrocarburos, en la producción de energía e incrementar la de fuentes renovables, como la eólica y fotovoltaica.
–Gestionar los desechos y la contaminación de forma integral y ambientalmente sostenible. La República Dominicana acusa un severo problema de manejo de los desechos sólidos y de contaminación de ríos.
–Promover la innovación y los negocios sostenibles, contribuyendo a cambiar la «cultura de producción». Se han logrado avances articulando alianzas transectoriales, fortaleciendo capacidades y generando incentivos para una producción más limpia, pero los desafíos son inmensos y se requerirá mucho más.
–Promover conocimiento, actitudes y prácticas de producción y consumo sostenibles, sentando bases de largo plazo para esos fines. A pesar de que la educación ambiental forma parte del currículo escolar y de que existe una política y un programa nacional, persisten prácticas no sostenibles de consumo y producción. Los incentivos públicos y las señales de precios han sido muy débiles para marcar una diferencia.
–Actualizar el marco regulatorio y reforzar su aplicación. El marco vigente está desactualizado, es incompleto y su aplicación es débil. El ordenamiento territorial y la gestión integral del agua y los residuos sólidos son tres ejemplos muy claros. Así mismo, una aplicación efectiva requiere fortalecer capacidades institucionales, humanas y de recursos, y transversalizar los criterios ambientales en las normativas y políticas de desarrollo productivo.
Un balance de los esfuerzos específicos para acelerar el avance hacia una producción y un consumo más sostenible apunta a que: 1. El país se ha venido dotando de un conjunto amplio de normas que apoyan la gestión sostenible de los recursos; 2. Se impulsan iniciativas importantes de protección, gestión sostenible de los bosques y reforestación; 3. Las capacidades para hacer cumplir las normativas y proteger los bosques son insuficientes; 4. Hay que redoblar los esfuerzos por: a. hacer que las fuentes renovables tengan un peso significativo en la matriz energética, b. fortalecer la gestión sostenible de los desechos sólidos, y c. actualizar y completar el marco regulatorio, en especial con una buena ley de aguas, una ley de ordenamiento territorial y una ley de gestión de residuos sólidos.
Esta reflexión sobre la identificación de desafíos persistentes y de posibles intervenciones que de manera articulada pueden acelerar un impacto sinérgico, resulta clave para avanzar de manera estratégica en la consecución de la Agenda. Se resalta que este es un proceso actualmente en curso, y que la implementación de los aceleradores requerirá de discusiones y consensos a nivel de las instancias involucradas.
Finalmente, el IVN culmina con una sección sobre próximos pasos a desarrollarse y con un anexo estadístico que plantea las oportunidades y desafíos en materia de generación de datos y sistematización de información para el seguimiento de los ODS en el país.
2019-08-31 21:40:31
