Por Héctor Tineo Nolasco
Diariodominicano.com
SANTO DOMINGO, el 8 de diciembre de 1862, la Monarquía de España en virtud de una Orden Real, les dio categoría de abogados a los ciudadanos que trabajaban como defensores públicos en Santo Domingo.
Los defensores públicos, personas letradas, se desarrollaron aquí durante los últimos años de la etapa colonial y la ocupación haitiana de 1822- 1844. Durante los dos períodos la Universidad de Santo Domingo estuvo cerrada.
En consecuencia, no había escuela para formar abogados. Por ello, surgieron los defensores públicos que eran personas que asistían a las personas acusadas de violar las disposiciones legales y municipales.
Entre los defensores públicos hubo ciudadanos que se destacaron en la sociedad por la calidad de su trabajo.
En el grupo de los primeros que fueron reconocidos como abogados por la Orden Real dictada por la Monarquía de España, se encontraban Félix Marcano, Tomás Bobadilla, Jacinto de Castro, Apolinar Castro, Pedro Francisco Bono, Julián Belisario y Nepomuceno Tejera.
Con el decurso del tiempo los miembros del grupo ocuparon posiciones políticas relevantes.
En el momento que fue emitida la Orden Real del 8 de diciembre de 1862, la República Dominicana estaba bajo el dominio del Gobierno español de la Anexión (1861-1865) que la había declarado provincia de España.
