Jottin Cury
La impostergable reforma fiscal, producto del despilfarro y corrupción de diversas administraciones, es una realidad insoslayable. Por más deseo de posponerla, evadirla y dilatarla, no hay manera de eludir los compromisos contraídos para solventar la falsa bonanza de un pasado reciente. Entre los abogados es común el apotegma: el que debe, o paga o ruega. Y ya nos toca solventar el capital e intereses de una deuda pública interna y externa que cada día incrementa su porcentaje en proporción al Producto Interno Bruto (PIB).
Se sabe que el país no puede salir de sus apuros económicos sin extraerle más dinero al bolsillo de sus contribuyentes. Al fin y al cabo, como bien afirma el profesor español Oscar de Juan Asenjo, un impuesto no es otra cosa que “la exacción de unos recursos económicos y éstos sólo pueden conseguirse allí donde existan previamente, es decir, donde haya capacidad económica. Razonando con la misma lógica la exacción habrá de ser mayor donde la riqueza sea más abundante”. Ciertamente, siguiendo esta sabia observación, la exigencia de esos recursos debería ser más acentuada en los bolsillos más sólidos.
¿Piensa el actual gobierno, por tanto, castigar los activos de aquellos que más pueden contribuir? La negativa salta a la vista, pues de conformidad con un borrador que fue dado a conocer recientemente, la clase media sería el blanco sobre el cual recaerían la mayoría de los tributos proyectados. El eminente catedrático español, Diego López Garrido, en su obra titulada la “Edad de Hielo” formula duras críticas a los paraísos fiscales, afirmando que no hay impuesto más injusto que el colocado sobre el consumo, pues afecta por igual a ricos y pobres. Considera este eminente autor que los grandes capitales son los que más deberían pagar, razón por la cual ha sido previsto el principio de progresividad fiscal.
Ahora bien, ¿aplicaría el actual Gobierno una reforma fiscal orientada a gravar las grandes fortunas que, como sostienen Oscar de Juan y Diego López, son los lugares adecuados en los que previamente existen los anhelados recursos perseguidos por el Estado? Por supuesto que no, pues siempre es más fácil sacrificar ese cómodo colchón denominado como “clase media”, la cual está destinada a ser castigada permanentemente en materia impositiva. En efecto, existe un célebre diálogo entre Colbert y Mazarino en el que este último le indica al primero que “hay una cantidad enorme de gente entre los ricos y los pobres. Son todos aquellos que trabajan soñando llegar algún día a enriquecerse y temiendo a ser pobres. Es a esos a los que debemos gravar con más impuestos (…)”.
Como bien apunta el hábil cardenal y político italiano, “a esos, cuanto más les quitemos, más trabajarán para compensar lo que les quitamos, pues son una reserva inagotable”. Pero mucho cuidado con pensar que esos conceptos son verdades inmutables, en vista de que en sociología, política y economía las fórmulas que antes funcionaban no necesariamente surten idénticos efectos en todo tiempo y espacio. Pensar que la clase media y los humildes son los que siempre tienen que solventar los excesos, desvíos y pifias de políticos y empresarios inescrupulosos, constituye un peligroso error de cálculo. La gobernabilidad de nuestro país depende en gran medida de no empeorar el nivel de vida de los sectores más vulnerables.
Una reforma fiscal mal orientada podría aumentar aun más la espiral inflacionaria, reduciendo así el ya escaso poder de compra de la inmensa mayoría de la población, lo cual provocaría protestas sociales. En consecuencia, lo sabio es reducir los impuestos sobre el consumo como el ITBIS, eliminar las exenciones fiscales a los acaudalados e insaciables empresarios criollos y, a su vez, gravar las grandes fortunas de estos últimos, la mayoría de las cuales han sido levantadas a expensas de esa inagotable cantera de enriquecimiento que es el Estado dominicano. En pocas palabras, como bien expresa Oscar de Juan Asenjo, se debe tomar en consideración “el principio de capacidad económica como criterio de reparto de la carga tributaria, el cual da forma y vida a los principios de justicia fiscal”. Dicho de otro modo, la justicia fiscal no consiste en distribuir equitativamente la carga entre todos de manera igualitaria, sino que cada persona, física o moral, debe contribuir en proporción a sus ingresos.
Sin embargo, la clase política dominicana, generalmente al servicio de la voraz oligarquía criolla, pretende desconocer que lo justo en estos casos no es la igualdad contributiva, toda vez que repartir la carga entre todos no refleja la justicia fiscal. Esta solo existe en la medida que cada uno contribuye en proporción a sus ingresos o posibilidades materiales. El principio de discriminación positiva, aplicado en numerosas decisiones del Tribunal Constitucional dominicano, juega un papel importante en materia tributaria. Los índices de renta y patrimonio son los aspectos que se deben tomar en cuenta en esta delicada esfera fiscal. De manera que cualquier empaque de supuesta igualdad contributiva suele ser engañoso en esta materia.
Nadie ignora la necesidad de una reforma fiscal; por el contrario, se reconoce como una necesidad imperiosa de la que no podemos sustraernos. En cambio, lo que se debe evitar es que la misma perjudique a los más pobres, puesto que gravar los productos de primera necesidad, el consumo y otros bienes sensitivos para la actividad económica podría generar una espiral inflacionaria de impredecibles consecuencias. De ahí la necesidad de poner a pagar a los que más tienen, en lugar de castigar a las grandes mayorías. La jurisprudencia constitucional española ha sido clara al expresar que “precisamente (la desigualdad cualitativa que es indispensable para entender cumplido el principio de igualdad) es la que se realiza mediante la progresividad global o general del sistema tributario en que alienta la aspiración a la redistribución de la renta”.
Se afirma que la progresividad tropieza con razones de orden práctico, aun en los países más avanzados, en vista de los privilegios fiscales que se conceden, la evasión, la elusión y la traslación de los impuestos, entre otros factores; y que si bien es verdad que los impuestos han contribuido a reducir los niveles de renta, no menos cierto es que muy poco se ha logrado para conseguir una redistribución del patrimonio, o cualquier otro tipo de reforma estructural. En consecuencia, si el PRM desea proteger los intereses de los grupos más vulnerables deberá disminuir el ITBIS del 18% al 10%, pero aumentar la base impositiva sin excepción. Asimismo, deberá eliminar subsidios, exenciones y privilegios, así como los gastos innecesarios.
Resulta preocupante que el déficit presupuestario se deba financiar con préstamos externos como dice el Director de Presupuesto, pues eso a final de cuentas termina favoreciendo a los grupos económicos de poder tradicionales que son los que aportan más del 65% del PIB. Precisamente son estos grupos los que deberían contribuir al incremento de los ingresos presupuestales que necesita el Gobierno, y no la clase media y baja que son las que más han sufrido las consecuencias de las anteriores reformas fiscales.
No debemos olvidar que los impuestos al consumo de alimentos y medicinas afectan la capacidad de compra de las grandes mayorías, toda vez que, al gravarse en la misma proporción a ricos y pobres, terminan trasladándose los costos al consumidor final. El pueblo dominicano debe organizarse para evitar ser perjudicado nuevamente por la proyectada reforma impositiva.
