Escuchamos sorprendidos la presentación que hiciera el Ministro de
Medio Ambiente de las memorias del primer año de gobierno del
Presidente Luis Abinader.
Debido a que en términos ambientales la rendición de cuentas del
Presidente Abinader se fue prácticamente en blanco, la expectativa era
que el Ministro de Medio Ambiente vendría con un informe repleto de
realizaciones.
Dado que según voz pópuli la peor gestión que se ha hecho en el
Ministerio de Medio Ambiente fue la última del gobierno pasado, todo
hacía suponer que sería fácil superarla y mostrar que se ha emprendido
una nueva dirección. No obstante, lo que escuchamos fue un informe
vacío, hueco, sin contenido de impacto para la población, solo lleno de
muchas promesas. Alguien dijo que “fue una rendición de cuentas de
cosas por hacer”.
Ciertamente, el primer año de gestión de gobierno del Presidente
Abinader en el sector ambiental no trajo nada. El cambio no ha llegado a
Medio Ambiente. Practicamente estamos ante la misma realidad y en
algunos casos peor que antes. Veamos:
➢ El capital natural de la nación sigue siendo depredado como en el
pasado.
➢ Practicamente han eliminado las brigadas de reforestación (60%) y de
las que quedan muchas abandoron las labores por falta de pago.
➢ Nadie se explica, en esas condiciones, cómo, cuándo ni dónde las
actuales autoridades han sembrado 10 millones de árboles.
➢ Por el contrario, está comprobado que la deforestación y fabricación
de hornos para producir carbón y vender en Haiti continua.
➢ Otro hecho que el ministerio vende como un logro, reforestar en áreas
protegidas sin estudio científico previo, es una violación a la Ley 202-
04 y a los planes de manejo de las unidades de conservación. Es un
grave error que podría hacer más daño que bien.
➢ Por si fuera poco, esta gestión canceló una gran parte de la plantilla
técnica del Ministerio y del personal capacitado que cuidaba las áreas
protegidas del país, sustituyéndolos en muchos casos por gente falto
de conocimiento y sin experiencia.
➢ En el caso del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Sempa), se
dice que la corrupción campea por sus fueros con todo y la
transparencia de este gobierno.
➢ En esas condiciones lo más lógico es que aumente la erosión y los ríos
sigan contaminados. El Yaque del Norte, el Jimenoa, el Camú, el
Ozama, el Isabela, y muchos otros, no son más que corrientes de aguas
cloacales.
➢ En el último año no se sabe ni siquiera de una planta construida ni
reparada para el tratamiento de aguas residuales.
➢ En el Distrito Nacional, en Santo Domingo, en Santiago y en muchas
otras ciudades, más vehículos circulan pero ni un kilómetro más de
línea de metro ha sido construido, ni un vagón más de teleférico ha
sido añadido. Solo anuncios.
➢ El aire en la zona urbana no puede estar más enrarecido.
➢ Es evidente que en vez de aumentar lo que hace es disminuir la
resilencia de los ecosistemas contra el cambio climático.
➢ Lo que se anuncia como un éxito en la reducción del tiempo para
otorgar permisos ambientales, en muchos casos podría convertirse en
búmeran al perjudicar la calidad de los análisis necesarios para
validarlos, lo mismo que en la reducción de la seguridad de los
procesos de control de actividades riesgosas.
➢ Los 1300 casos de sometimientos a la acción de la justicia anunciados
con bombos y platillos por el Ministro de Medio Ambiente, no son
nada comparados con la cantidad de ilícitos ambientales que se
cometen en el país diariamente debido a la escasa política de
prevención y precaución ejecutada, que sí debe ser una función
proritaria según la Ley. Esos pocos casos llevados a la justicia lo que
revelan es la falta de monitoreo, vigilancia e inspección de parte de las
autoridades ambientales.
➢ Alertamos también a la ciudadanía sobre la falsa impresión de haber
consensuado un proyecto de ley de agua potable y saneamiento que
podría tener un enfoque contrario al mandato constitucional y de ley,
que dicen textualmente: “El agua constituye un patrimonio nacional
estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable
y esencial para la vida” (Art. 15 de la Constitución dominicana de
2010), y así mismo, “Todas las aguas del país, sin excepción alguna,
son propiedad del Estado…..No existe la propiedad privada de las
aguas ni derechos adquiridos sobre ella” (Art. 126, Ley 64-00).
Firmado, por la Dirección Ejecutiva de la Secretaría de Medio Ambiente
de la Fuerza del Pueblo:
Ing. Paíno Abreu Collado
