Onorio Montás
Apolinar Veloz declaró que las alianzas público privadas han fracasado en todos los países donde han sido implementadas
El economista Apolinar Veloz expresó su preocupación ante lo que considera una falta de transparencia en el gobierno del presidente Luis Abinader, a causa de algunas de las decisiones tomadas por el mandatario durante su primer año de gestión.
Entre las primeras medidas que adoptó tras asumir su mandato estuvo la de colocar su patrimonio en un fideicomiso. Posteriormente, mediante el decreto 499-21 creó otro fideicomiso que sería alimentado por los fondos que sean recaudados de los expedientes de corrupción, en el caso de que haya alguna recuperación de los bienes robados al Estado.
Estos recursos serán utilizados por 20 años y, luego, se devolverán al gobierno quien finalmente podrá hacer uso del monto recaudado.
Una de las principales características de los fideicomisos es la privacidad que otorga a los activos de quien decida utilizarlos, puesto que los únicos que tienen posibilidad de conocerlos son el dueño (fideicomisario) y el fideicomitente.
En este caso, el gobierno desempeña ambos papeles, por lo que la población no tendría conocimiento de la cantidad de bienes recuperados por los casos de corrupción cometidos.
Veloz, quien fue Gerente del Banco Central, consideró que estas medidas no son consistentes con la institucionalización de la sociedad dominicana.
“Eso envía una señal muy preocupante desde el punto de vista de la institucionalidad en el sentido de que si el presidente había prometido cambios y el cambio era fundamentalmente la transparencia, esos dos elementos me conducen a pensar que lejos de ser transparente van a ser opacos”, señaló en una entrevista para el programa «Revista Dominical Dejando Huellas», transmitido por CDNRadio y producido por Onorio Montás.
A su vez, declaró que la promesa del presidente Abinader de dotar al país de una economía y sociedad funcional no es lo que se está viendo en la actualidad.
En este sentido, condenó el hecho de que las inversiones del gobierno, que tradicionalmente han estado a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), que cuenta con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), ahora pase a manos de las asociaciones privadas a través de las alianzas público privada (APP) y los fideicomisos impulsados por el mandatario.
El doctor Apolinar Veloz, desde su experiencia como funcionario de Organismos Internacionales, no aconseja las asociaciones o alianzas público privadas puesto que han fracasado en cada país donde se han puesto en práctica.
“Nos han vendido que esa es la mejor estrategia cuando un gobierno carece de recursos. Particularmente cuando te dicen que hay una pandemia que ha causado estragos importantes”, afirmó.
Destacó el caso de Reino Unido, cuando Margaret Thatcher, quien ocupó el cargo de primera ministra entre 1979 y 1990, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar este puesto en su país.
Thatcher abogó por la privatización de industrias públicas como como las del gas, el agua y la electricidad. También destaca el sector de salud, el sistema carcelario, entre otros.
Al término de su gobierno existían 95 asociaciones público privadas de las cuales solo cuatro se mantienen en funcionamiento en la actualidad. Además, el servicio que ofrecían se vio notablemente deteriorado debido a que el objetivo principal de las empresas era generar sus ingresos económicos, dejando de lado el otorgar un buen servicio a la población.
“Se le pidió a una de las empresas que se quedó con el servicio de salud que hiciera un programa para captar a las personas que lo utilizan y tres años después no lo habían hecho. Cuando el gobierno británico retomó el servicio de salud los empleados produjeron ese software en alrededor de 45 días”, señaló Veloz.
Una asociación público privada funciona como un intermediario entre el gobierno y la población, por lo que los servicios que proveen a la población ven un incremento en su precio original, utilizado para que estas empresas obtengan beneficios.
“Con la carretera Santo Domingo-Samaná ocurrió exactamente lo mismo, produjeron un estudio de mercado e hicieron de manera fraudulenta un estudio que afirmaba que el tránsito de vehículos iba a ser suficiente para garantizar los beneficios de esa empresa”, denunció el economista.
Explicó que en el contrato se firmó una cláusula de ingresos mínimos garantizados, es decir, que el gobierno se comprometió a cubrir la cantidad faltante en caso de que la circulación vehicular no sea la misma que se había estipulado.
Las ganancias proyectadas para la empresa constructora son de 16.5% en dólares.
Este hecho dio de que hablar en el pasado debido al costo excesivo del peaje que debe pagarse por su uso, pues en promedio, quienes quieran utilizar esta ruta deberán pagar aproximadamente RD$2,170 pesos ida y vuelta, o por el contrario realizar un trayecto de más de cuatro horas, pero a un menor costo.
Por esta razón, actualmente el gobierno ha estado otorgando alrededor de cuatro mil millones de dólares anuales durante 30 años para pagar esa carretera que, de acuerdo con Veloz “probablemente no cuesta ni siquiera el 10% de lo que se va a pagar por la totalidad de los recursos de la misma”.
El economista declaró que en las alianzas público privadas, la parte que tenga una mayor capacidad para afrontar los riesgos es la que debe asumirlos, sin embargo, el gobierno ha sido quien ha afrontado todos los riesgos existentes.
“El propio Lisandro Macarrulla, en el programa de Huchi Lora hizo una declaración fascinante: «Se firmó una adenda al contrato para la construcción de la ¨Nueva Victoria¨ con el objetivo de asegurar el objetivo económico del contrato»”, citó.
Veloz se cuestionó desde cuando el Estado debe preocuparse por garantizar las ganancias de estas compañías alegando que el equilibrio económico de una firma deben hacerlo sus administradores controlando factores como el ingreso económico y las ventas, entre otros.
Aseguró que se trata de una estrategia para asegurar que el sector privado siempre va a tener beneficios aun cuando cometa los errores más garrafales en un proyecto.
