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Por Edna Alcántara y Haroldo Martínez
GUATEMALA, 9 ago (Xinhua) -- La familia Soto, originaria de Guatemala, es uno de los núcleos familiares centroamericanos que en las últimas dos semanas han sido repatriados de manera expedita por las autoridades estadounidenses al no poder comprobar su estadía legal ni figurar en la lista de solicitudes de asilo.
Con las ilusiones desvanecidas, Marvin Soto llegó el pasado jueves en compañía de su esposa y pequeña hija, luego de que el gobierno estadounidense retomó a finales de julio pasado, y con el argumento de evitar la propagación de la variante Delta del nuevo coronavirus, un programa de retorno "acelerado", implementado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) para migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras.
"No sé de dónde voy a pagar mis deudas y eso me preocupa, por eso no quería regresar, hasta lloramos y no sé que voy hacer", sostuvo a Xinhua el ahora expulsado, quién pagó 11.500 dólares a un traficante de personas para alcanzar el llamado "sueño americano".
El gobierno estadounidense, si bien ha revertido algunas de las políticas implementadas en la pasada administración de Donald Trump, al mismo tiempo reanudó el pasado 2 de agosto la deportación acelerada de determinadas unidades familiares (Expedited Removal), que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 porque "no tienen una base bajo la ley para estar en Estados Unidos".
La deportación acelerada, al igual que la expulsión bajo el denominado Título 42, implementada en la administración de Trump, se realiza en medio de la disputa por la prevalencia de la política migratoria en la frontera.
Ambas situaciones son criticadas por algunos expertos y defensores, como la coalición Unión Estadounidense de Libertades Civiles, por considerar que violan el derecho a una audiencia migratoria.
"Devolver a las personas a los mismos peligros de los que estaban huyendo sin permitirles hacer oír sus reclamos, no es una mejor reconstrucción de la política migratoria en la frontera", dijo recientemente la experta en migración y codirectora del Latin America Working Group, Daniella Burgi-Palomino.
Marvin, de 24 años, así como su esposa e hija, estuvieron durante siete días dentro de un centro de detención para migrantes en Estados Unidos antes de su regreso a Guatemala.
La oleada de migrantes está ejerciendo presión a la administración de Joe Biden desde noviembre del año pasado, marcada por las dificultades económicas, empeoradas por la pandemia del nuevo coronavirus, el aumento de la criminalidad y violencia, además de que, y a decir por la oposición estadounidense, se fomentó con un mensaje erróneo, en el sentido de que la frontera estaría abierta para cualquier persona sin importar su estatus migratorio.
De acuerdo con datos preliminares, la estadounidense Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo a más de 176.000 migrantes entre el 1 y el 28 de julio, el total más alto durante la administración de Biden, y contrario a una disminución en el número de menores no acompañados y familias.
El guatemalteco Marvin, aunque dice que por falta de dinero por el momento no hará un segundo intento para regresar a Estados Unidos, al mismo tiempo dijo que no le gustó estar dentro de un centro de detención para migrantes en donde se come sólo una manzana y galletitas al día.
"Dormíamos en el piso y no podíamos hacer nada más que tener la esperanza de que nos mandaran con nuestros familiares", recordó.
El propio jefe de Operaciones de la CBP, Manuel Padilla, justificó el pasado viernes las expulsiones exprés argumentando que se actúa con "criterio a la base legal", y advirtió que enjuiciarán a los migrantes deportados que reingresen ilegalmente al país a través de la frontera con México.
Para expertos consultados por Xinhua, en Estados Unidos si bien hay un cambio de estrategia que busca solucionar la migración desde la raíz, al mismo tiempo se está cerrando filas con los gobiernos de México y países centroamericanos para desalentar la migración ilegal.
Desde el 30 de julio hasta el pasado jueves las autoridades estadounidenses han devuelto por vía aérea a 157 guatemaltecos de 44 núcleos familiares en tres vuelos procedentes de Brownsville, Texas (EEUU), de acuerdo con el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez.
"(Las familias) no pasan un proceso de un juez en Estados Unidos, sino que automáticamente en la frontera sur los regresan y los mandan con nosotros (a Guatemala)", sostuvo el experto.
En declaraciones a Xinhua, dijo que seguirán regresando desde Estados Unidos a connacionales en esa misma modalidad, respondiendo a "la buena comunicación entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos", y a partir de la visita de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, a Guatemala en junio pasado.
A los expulsados "los estamos recibiendo a Guatemala con los brazos abiertos, con todas las instituciones, y trabajando y coordinando, ya de una manera más eficaz, más vuelos de esta modalidad", expuso en recientes declaraciones.
Desde que inició la actual administración norteamericana, el número de migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos ha alcanzado niveles no vistos en 20 años, según especialistas y organizaciones civiles.
Según la CBP, hasta finales de julio pasado encontró un promedio diario de 6.779 personas que intentan cruzar ilegalmente a Estados Unidos, incluidos 616 niños no acompañados.
