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Opositores niegan legalidad de Gobierno interino de Haití

diariodominicano.com

Puerto Príncipe, 13 jul (Prensa Latina) El Sector Democrático y Popular de Haití negó hoy la legalidad del Gobierno interino instaurado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y pidió el consenso de las fuerzas políticas.
La plataforma, una de las más pujantes del país que impulsó las masivas protestas antigubernamentales de 2019, aseguró que no hay ninguna disposición constitucional para llenar el vacío político e institucional provocado por el atroz crimen.

‘El Sector Democrático y Popular constata que siete días después del asesinato del presidente de facto, Jovenel Moïse, el país sigue sin presidente. Tampoco hay un primer ministro. Esta situación no debe durar más’, expresó la coalición que reúne a diversos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

La instancia alentó la creación de una Autoridad Moral Independiente (AMI) para aunar las diversas propuestas de estructuras políticas y sociales en torno a salida de la crisis multifacética del país.

La AMI debe estar compuesta por cinco personas procedentes de los campos de derechos humanos, la prensa, religiosos, empresarios y la universidad.

La propuesta ocurre cuando al menos tres figuras compiten por el poder político, aunque solo el primer ministro interino y canciller, Claude Joseph, lo ejerce de manera efectiva.

Luego del magnicidio Joseph se autoproclamó presidente provisional, tras invocar al artículo 149 de la Constitución, decretó un estado de sitio y duelo nacional, mientras dirige las investigaciones sobre el asesinato del mandatario.

Sin embargo, el neurocirujano Ariel Henry, designado dos días antes del magnicidio como primer ministro sin tener tiempo de formar un Gobierno, cuestionó que Joseph continúe en el cargo y lo instó a liquidar los asuntos de actualidad.

En este mismo contexto, el Senado de solo 10 miembros proclamó a Joseph Lambert como presidente provisional, con la tarea de llegar a un acuerdo nacional y organizar elecciones.

La Constitución establece que ante la ausencia del jefe de Estado, el presidente de la Corte de Casación deberá asumir su puesto, pero a finales de junio esta instancia quedó acéfala tras la muerte de René Sylvestre.

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