Lucy Rosemarys Santana
A más de dos décadas del siglo XXI, históricamente se produce el primer magnicidio de la época en las Américas que acapara la opinión y reacción internacional, en el cual fue víctima el entonces presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, por el Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Este acontecimiento el cual ocurre por segunda ocasión en ese país, indudablemente demuestra la falta de control, seguridad interna y la peligrosa inestabilidad crónica que desató la declaratoria de su figura constitucional del estado en situs, con fines de tratar de “mantener la seguridad pública y la estabilidad social- política”.
Hasta el momento se presume que el actual contexto de inestabilidad política, social, económica y de seguridad que sitúa a Haití en el tablero de la geopolítica caribeña y latinoamericana de la ruptura del orden democrático, donde históricamente ha carecido de instituciones y poderes públicos sólidos, ha sido la principal causa del magnicidio del jefe de Estado del país más pobre del continente americano y el número 15 del mundo, seguido de la interpretación constitucional del presidente referente al término de su período presidencial y su decisión de “extenderlo” hasta el 07 de febrero del 2022 a pesar del rechazo de la mayoría de la población.
Conforme un informe publicado recientemente por el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), Haití ha reflejado la creciente influencia de las bandas criminales armadas en el país, las cuales han consumado secuestros de extranjeros y nacionales, asesinato de autoridades, entre otros patibularios de inseguridad generalizada, a lo que se le suman las contradicciones entre sus principales líderes políticos, la falta de instituciones legítimas luego de la cesación del parlamento y la inoperancia de la Corte de Casación, así como debates legales-constitucionales sobre el cálculo del período presidencial, la constitucionalidad del mandato presidencial luego de febrero del presente año y el debate del referéndum, que algunos sostienen está prohibido constitucionalmente.
Una vez más queda de manifiesto que constituirse en una de las personas con más poder político de un país en condición de presidente resulta más peligroso de lo que se puede creer, puesto que llegar a la cima del poder no solamente significa el compromiso, responsabilidad y el honor de dirigir los destinos de un país, sino que implica ganarse enemigos en el camino que fueron siempre tus adversarios y/o en determinado momento aliados que han apoyado firmemente decisiones que cuestan la vida.
Hasta ahora, los orígenes del asesinato de Moïse no están esclarecidos, solamente se manejan especulaciones referentes a los motivos y posibles actores, siendo la primera conjetura de esto último que nacionales colombianos participaron en la ejecución del magnicidio, sin aun determinarse si las ordenes de ejecución obedecen a la oposición política, la clase empresarial con poder, sus propios aliados, interés externos u otros. Asimismo, cabe investigar quién o quiénes son los verdaderos responsables de tan horrendo crimen. Dada la indudable agudización de la crisis política haitiana, este país necesitará contar con el apoyo internacional para poder descubrir a todos los responsables y sancionar este reprochable crimen de Estado.
En ese mismo orden, según vayan pasando los días y se esclarezca este hecho desconcertado, podremos darnos cuenta si el asesinado del presidente obtuvo las consecuencias políticas de agravamiento de la crisis natural esperadas por sus ejecutores, o si sucederá todo lo contrario. De igual forma, si este hecho moralmente execrable será el acontecimiento histórico que sirva de punto de inflexión para, a través de la decisión soberana de las clases sociales haitianas representativas, resolver su propia crisis, siendo utilizada como la oportunidad probablemente única de dar giro a la suerte del desdichado desarrollo nacional haitiano.
Ante este panorama tan incierto, la comunidad internacional, en especial las principales potencias, en un primer plano, deben tomar acciones realistas inmediatas que conlleven aunar esfuerzos para que Haití logre establecer un gobierno transitorio que lo lleve paulatinamente a lograr cierta estabilidad política y con ellos la recuperación de la seguridad ciudadana, pública y nacional. En un segundo plano la recuperación de sus poderes públicos y con ello la institucionalidad que garantiza la democracia, el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho mediante la organización de elecciones democráticas. En tercer orden, las grandes potencias y los organismos internacionales deben enfocarse en la implementación de estrategias de desarrollo y recuperación económica a mediano y largo plazo, las cuales solamente se podrán lograr con la inversión de grades recursos en diferentes áreas y la aquiescencia de los altos mandos políticos y la elite empresarial del país vecino
