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Discurso del Juez Presidente
Luis Henry Molina Peña,
con ocasión del Día del Poder Judicial
Ciudadano Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.
Autoridades constitucionales de la Nación, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial,
Integrantes del cuerpo diplomático, Conciudadanos.
1. Palabras introductorias
¡En nombre de la República!
Con esta frase, que subraya el hecho de que juezas y jueces actuamos en nombre de
las instituciones democráticas del orden constitucional, inicié hace un año mis palabras.
En ellas destaqué los pormenores sobre el estado de la Justicia en la República
Dominicana.
Ninguno de nosotros podía anticipar lo que poco después, enfrentaría el planeta. Desde
la fiebre amarilla o la gripe española la humanidad no había sido víctima de una
catástrofe sanitaria de la magnitud de la que hemos estado viviendo.
Con recursos muy superiores a los nuestros, las principales potencias del mundo
experimentan pérdidas de vidas, confinamientos, colapso de sus sistemas y agotamiento
de sus recursos sanitarios. Toda América Latina vive la urgencia de proteger a su
población de la enfermedad, mientras las economías se desmoronan y las familias
luchan por conseguir el alimento diario.
Teníamos la certeza de contar con un norte claro: un plan de transformación integral de
gran impacto, fruto del consenso y el trabajo de mucha gente a lo interno y externo del
Poder Judicial. Como es natural, la agenda propuesta en enero de 2020 para enfrentar
asuntos esenciales de la justicia dominicana ha debido adaptarse a esta realidad.
Todo el país, cada una de sus autoridades y líderes, comenzando por el gobierno
encabezado por el presidente Luis Abinader, el Gabinete de Salud, así como cada
ciudadana y ciudadano, han debido cargar sobre sus hombros con responsabilidades
inconmensurables.
En señal de respeto hacia quienes han caído víctimas de esta cruel enfermedad y sus
familias, así como de admiración por todo el personal de salud y seguridad, solicito un
momento de silencio.
2. La pandemia y su impacto en el mundo y la República Dominicana
Los sistemas de justicia en todo el mundo han sido golpeados por la pandemia. Como
explicaba en marzo pasado el Juez Presidente de Singapur, Sundaresh Menon, «el reto
para la judicatura es sostener el sistema de justicia a la vez que proteger a sus usuarios,
tanto como sea posible, de los riesgos de contagio y transmisión».
Italia experimentó el cierre total de los tribunales. La Corte de Casación francesa
suspendió los procedimientos no esenciales. El Tribunal Supremo del Reino Unido
desarrolló atención exclusivamente virtual. En nuestra región, Argentina, Chile,
Colombia, Brasil y México, entre otros, suspendieron las audiencias presenciales y se
vieron forzados a sustituirlas por audiencias virtuales.
Se preguntarán ustedes entonces, ¿cómo ha respondido el sistema judicial dominicano
a esta crisis sin precedentes? ¿Ha podido la justicia dominicana cumplir sus funciones
en condiciones tan extraordinarias?
Con humildad, pero con enorme orgullo a la vez, puedo decirles que he sido testigo de
la forma en que cada mujer y hombre que cumple una función en nuestro Poder Judicial,
desde las más modestas hasta las de mayor responsabilidad, ha puesto todo de sí para
asegurar la continuidad de la administración de justicia.
Lo que ha estado en juego en este tiempo es mucho más que la operación de una
plataforma tecnológica, o la apertura de una secretaría o un tribunal en particular. Hemos
tenido que atender al riesgo del colapso completo del sistema debido al confinamiento
obligado y la pandemia.
La magnitud del esfuerzo que hemos llevado a cabo, como ha ocurrido en la inmensa
mayoría de los poderes judiciales del mundo, no tiene precedentes.
No hubo recursos adicionales, ni tiempo para capacitar en profundidad al personal, ni
oportunidad para desarrollar programas piloto.
Apremiados por la amenaza de ver interrumpida la administración de justicia, pusimos
en marcha un sistema de emergencia, basado en soportes digitales, que nos permitió no
solo continuar nuestras labores mediante teletrabajo, sino celebrar audiencias aun
cuando las personas no podían moverse a los tribunales o estaban fuera del país.
También, posibilitar el depósito de documentos y llevar a cabo diligencias indispensables
para el cumplimiento de nuestra tarea.
Lo que en circunstancias normales habría tomado años debió ser realizado en meses,
incluso semanas.
Nadie puede sorprenderse de que hayamos enfrentado grandes dificultades y cometido
múltiples errores. ¿De qué otra manera podría ser?
La Justicia dominicana ha tenido que esforzarse mucho, poner energía y corazón para
responder a la situación. Las capacidades tecnológicas del país no son óptimas. La
brecha digital es una realidad que se expresa no sólo en el desigual acceso a tecnología,
sino también en el déficit en entrenamiento digital de todo el ámbito judicial, en nuestros
equipos, en los abogados y en los usuarios. No siempre logramos informar y comunicar
adecuadamente los cambios, que se producían con la velocidad y profundidad que eran
necesarios.
Estamos conscientes de esta realidad y somos sensibles a ella. Lo hemos dicho en el
pasado. Hemos procurado mitigar sus efectos. No siempre lo logramos. Pero fuimos
capaces de dar continuidad a la administración judicial en todo el país, pese a la
complejidad de la organización judicial dominicana, hasta lograr la reactivación
escalonada de los servicios ordinarios, cumpliendo los protocolos sanitarios.
Hoy afirmo, ¡en nombre de la República!, que en esta hora excepcional todo el Poder
Judicial ha cumplido con su mandato constitucional, asegurando la continuidad de la
administración de justicia, garantizando la independencia de cada jueza y cada juez y
protegiendo los derechos fundamentales de la población. A juicio nuestro, en estas
circunstancias, el Poder Judicial ha cumplido.
Nada de lo logrado habría sido posible sin el fuerte compromiso de juezas y jueces, el
sentido de su misión, y su trabajo, que ha perfilado un modelo de gestión en situaciones
adversas.
Ha sido un esfuerzo colectivo sin precedentes, que además de las y los magistrados, ha
contado con todos los servidores judiciales, las áreas de apoyo y administrativas. Han
dado lo mejor de sí para mantener la institución en pie.
3. Avances en los compromisos de enero de 2020
Conciudadanos, incluso en un escenario tan complejo como el que he descrito,
procuramos no descuidar los compromisos formulados en enero de 2020. Hago un
tributo necesario de reconocimiento, dada la entrega al trabajo conjunto y la toma de
decisiones en democracia de cada uno de sus integrantes. Me refiero a la labor judicial
y de gestión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial,
los jueces coordinadores y las comisiones de trabajo de jueces y servidores. Ha sido una
labor de responsabilidad notable que fortalece la institucionalidad del Poder Judicial en
una sociedad democrática.
Con satisfacción, puedo informar a ustedes que el compromiso de esta Suprema Corte
de Justicia por vencer la mora o retardo judicial comienza a dar frutos.
Hoy puedo señalarles que este tribunal ha cumplido el objetivo de despachar más casos
de los que recibe. Nuestro coeficiente de solución es positivo, lo que es indispensable
para asegurar la culminación oportuna de los procesos que son sometidos. Conforme a
datos de la Secretaría General de este Tribunal, entre junio de 2019 y diciembre de 2020
ingresaron a tramitación 8,304 nuevos recursos. En el mismo período la Suprema Corte
falló 11,637 casos.
En este Tribunal, la incorporación de la firma electrónica hizo posible la realización de
47,863 trámites y certificaciones entre los meses de abril y noviembre. Alrededor de 16
mil documentos han sido firmados electrónicamente cada semana en todos los tribunales
a nivel nacional, sin los cuales los procesos asociados se habrían visto detenidos o
atrasados en espera de la recuperación de la plena normalidad.
En la misma Suprema Corte, durante el año que terminó, la Tercera Sala resolvió todos
los expedientes en estado de perención y caducos que se encontraban a su cargo. Se
conformó una Terna de jueces, la cual presido, para aumentar la capacidad de solución
de la Primera Sala en casos de jurisprudencia constante o pacífica. La Segunda Sala y
las Salas Reunidas pusieron término a la lamentable situación de mantener casos
regidos por el antiguo Código de procedimiento criminal, cuyos hechos databan del siglo
20, y que hoy se encuentran finalmente resueltos.
Pusimos término a la acumulación de casos que, pese a encontrarse caducos,
esperaban aún una decisión de la Suprema Corte de Justicia. A través de un proceso de
revisión exhaustiva, la Secretaría General de la Suprema Corte ha identificado todos
estos casos, que han sido tramitados. El sistema instalado evitará recargar, en el futuro,
el trabajo de las Salas con asuntos que no cumplen con los requisitos para estar ahí.
Resolvimos situaciones que carecían de explicación razonable.
Por ejemplo, en junio de 2019 encontrábamos 2,555 expedientes pendientes de
dictamen del Procurador General, sin que la Suprema Corte de Justicia pudiera
pronunciarse sobre el fondo del asunto. Esta situación, originada en una facultad del
ministerio público contenida en la Ley de Casación, se había convertido en una barrera
de facto a la solución oportuna de asuntos y una causa estructural de atraso judicial.
Gracias al trabajo en conjunto y a la coordinación con la Procuradora General, doctora
Miriam Germán Brito y su equipo, a quienes hoy expreso el especial reconocimiento de
la Suprema Corte de Justicia, todas las consultas han sido puestas al día.
Formalizaremos estas buenas prácticas para impedir que en el futuro volvamos a
encontrarnos con esta situación.
La labor coordinada con el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública
se ha dado tanto a nivel nacional, como localmente en todos los departamentos
judiciales.
Con el objeto de preservar la unidad jurisprudencial, hemos actualizado los Boletines
Judiciales correspondientes al período 2017-2020, publicando en el portal institucional
110 boletines que recopilan sentencias pronunciadas por el Máximo Tribunal entre 1910
y 2020, así como iniciando la publicación mensual de los fallos.
Ha sido tradición en este acto la relatoría de las sentencias emitidas durante el año. Sin
embargo, dadas las circunstancias y la necesidad de preservar la cautela y para no
abusar del tiempo de los presentes debido al gran número de decisiones que se han
emitido, anuncio la publicación, en este mismo mes, de las principales sentencias del
año 2020. El documento recopilará las decisiones de mayor relevancia emitidas por la
Suprema Corte de Justicia. Estará disponible para abogadas, abogados, juezas, jueces
y ciudadanía en general, en el portal institucional.
Por otro lado, el registro inmobiliario ha puesto en marcha medidas administrativas y
nuevos servicios que son pasos de crecimiento para el país y un soporte para los
sectores productivos. Continúa fortaleciendo las áreas, mejorando la calidad y el plazo
de la respuesta, agilizando procesos y reduciendo trabas.
La República Dominicana se encamina a lograr un sistema de registro inmobiliario a la
altura de las demandas internacionales y locales: un conjunto de servicios sustentados
en una estructura ágil, transparente, moderna, digital, autosostenible y accesible para
todos los usuarios y usuarias del sistema. Estos avances contribuyen aún más al
fortalecimiento de la seguridad jurídica de la República Dominicana.
De su lado, la Escuela Nacional de la Judicatura ha jugado un rol preponderante en el
acompañamiento, capacitación y soporte a los procesos. Posibilitando que cada día más
personas puedan tener acceso a la opción de la asistencia tecnológica con programas
abiertos de capacitación. Se renueva para continuar siendo el brazo académico de la
reforma judicial y acompañar de manera más efectiva el proceso de transformación que
llevamos a cabo.
Los tribunales han visto grandes mejoras en su funcionamiento y desempeño. No solo
pudimos abordar la mora judicial. El Poder Judicial pudo mejorar las capacidades de
manera integral en muchos aspectos.
La estructura del Poder Judicial ha logrado habilidades que no se pensaban posibles. La
dedicación de equipos de trabajo, de los tribunales y servidores es un tributo a la nación
y una entrega de altísimo valor institucional.
Toda la información existente sobre el desempeño y gestión de cada Departamento y
Distrito Judicial se encuentra disponible en línea de manera pública y gratuita en la
plataforma del Servicio Judicial. Estos tableros en línea permiten el seguimiento y la
rendición permanente de cuentas, de gestión, con relación a objetivos institucionales. La
medida garantiza la calidad y transparencia mediante la publicación de estadísticas de
operaciones en tiempo real.
La publicación y disponibilidad de datos en línea es una medida inédita, a la vez que
fundamental para el control de gestión, la transparencia y la rendición de cuentas, tanto
al interior del Poder Judicial como por parte de la ciudadanía y los expertos.
La Justicia dominicana tiene un compromiso firme con generar una mayor equidad e
inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad. Cumplimos con la promesa de
establecer un centro de entrevistas para víctimas y testigos en condiciones de
vulnerabilidad en cada Departamento Judicial.
No conformes aún, con el protocolo pudimos ampliar la cobertura para que cualquier
tribunal del país pueda aplicar entrevistas. La ampliación del alcance evita la
revictimización de las personas en situación de vulnerabilidad, en especial las mujeres
en casos de violencia machista, así como en casos de niños, niñas y adolescentes.
4. La hoja de ruta
En condiciones extremadamente difíciles, hemos avanzado mucho. Y continuaremos en
la ruta de potenciar aciertos y corregir debilidades.
Estamos conscientes de que el país debe poner sus recursos al servicio de la lucha
contra la pandemia, la recuperación de la economía y la reconstrucción de la normalidad
de la vida de todas y todos. Esa es la prioridad nacional. Somos corresponsables de ella,
por lo que redoblaremos nuestros esfuerzos con los recursos humanos y financieros
disponibles. Es una exigencia ética y de conciencia para con la situación que atraviesa
nuestro país.
Aún existen casos pendientes de solución que datan de hace más de una década. Por
esa razón, con el objetivo de terminar el próximo verano sin ningún caso pendiente de
solución que date de una fecha anterior a 2019, estamos implementando el Plan de
Erradicación de la Mora de la Suprema Corte de Justicia aprobado por el Pleno de esta
el 26 de noviembre recién pasado.
Es un hito en la historia contemporánea de la Suprema Corte de Justicia.
Nuestra hoja de ruta considera, por supuesto, consolidar la construcción y fortalecimiento
de los sistemas estadísticos del Poder Judicial y actualizar la oferta formativa de la
Escuela Nacional de la Judicatura.
La impartición de justicia es un apostolado. Una tarea que requiere de juezas, jueces y
servidores consagrados a un ejercicio honesto, regido en principios, integridad moral y
eficiencia. Pero también poniendo especial atención a la dimensión humana y social de
su trabajo.
En ese sentido, el Poder Judicial está llevando adelante una esforzada tarea para
delinear un sistema racionalizado que aborde y fortalezca la muchas veces relegada
temática de la carrera y el escalafón judicial.
Es posible impactar y mejorar los indicadores y la respuesta, a través del análisis técnico
del desempeño, el establecimiento de criterios objetivos para una escala salarial tanto
para juezas y jueces, como para el régimen de servidores administrativos. La operación
óptima requiere renovar el compromiso del sector justicia con una mejora sustancial y
eso comienza con cada servidora y servidor.
El Poder Judicial no es ajeno a los reclamos y urgencias de abogadas, abogados,
usuarios y personas afectadas por la incorrecta aplicación de las leyes, desventajas fruto
de situaciones cuestionables o vías de hecho. Son evaluadas, escuchadas, y procesadas
de acuerdo con el régimen ético y disciplinario contenido en el sistema de integridad.
No hay temor a presiones para condicionar decisiones. Tengan todos la certeza y
absoluta seguridad de que el Poder Judicial garantiza, por un lado: que los jueces y
juezas puedan realizar su labor con plena independencia, como es su mandato
constitucional. Y, por otro: que se conduzcan con total probidad, ecuanimidad y apego al
Derecho en cada uno de sus fallos.
La República aspira a una Justicia independiente y los ciudadanos demandan
consecuencias. Este momento trascendente de la vida republicana y de nuestro rol
demanda un carácter que no podemos evadir ni renunciar.
5. Palabras finales
Autoridades e integrantes de la comunidad jurídica, conciudadanos:
Tiempos excepcionales demandan personas y conductas excepcionales.
Así lo han testimoniado las mujeres y los hombres dominicanos, sus líderes sectoriales,
religiosos, empresariales, políticos y sociales.
Lo que tenemos por delante es brutalmente difícil.
Hay países que han tenido que asumir de nuevo el cierre total. Los mercados mundiales
anticipan un nuevo período de restricciones, con velocidades y dinámicas de
recuperación heterogéneas y difíciles de anticipar. Estos aspectos sin duda tendrán
impacto en el sistema judicial.
La República Dominicana se ha visto y se verá enfrentada a retos que difícilmente
podríamos haber anticipado tan sólo un año atrás. La Justicia debe garantizar la
seguridad jurídica y los derechos de las personas, y en eso hemos trabajado.
Ustedes pueden estar seguros de que el Poder Judicial estará a la altura de estas
exigencias y que la experiencia desarrollada durante el año pasado nos permitirá
garantizar, como hicimos hasta ahora, la continuidad de la administración de justicia.
Los sistemas implementados para la emergencia y los aprendizajes sobre ellos, a partir
de nuestros aciertos, pero también desde nuestros errores, nos permiten mirar con
optimismo el futuro.
Todos hemos aprendido sobre el valor del diálogo, la urgencia de empatizar con
realidades tan diversas como las que vivimos en nuestro país. Es justo que continuemos
tomando en cuenta la necesidad de proteger la salud de nuestros colaboradores y de
aquellos que acuden a la justicia y la vulnerabilidad de las instituciones más robustas en
tiempos de crisis.
El país requiere un compromiso honesto con una mejora sustancial de los servicios
judiciales. Todas y todos tenemos un papel fundamental en esa labor por la justicia. Las
abogadas y abogados, las facultades de Derecho, las legisladoras y legisladores,
funcionarios del Ejecutivo, los juristas, doctrinarios y actores de opinión juegan un papel
muy necesario en ese diálogo conjunto. El país requiere, merece y necesita un sector
justicia capaz de dejar de lado diatribas y agendas ocultas para dialogar sobre las
problemáticas que aquejan al sistema de administración de justicia.
Por esto pido a la comunidad jurídica y al país poner primero a la nación dominicana.
Debemos comprender que el sistema de administración no puede seguir en el pasado.
Es imposible cambiar haciendo lo mismo. Apostando a modelos inconexos, incoherentes
y a estructuras no sustentadas en criterios de eficiencia.
Creo posible y necesario un sistema de justicia capaz de llevar el servicio a su expresión
óptima. Que permita una mirada integral de sus funciones para que sea eficiente
gestionarlo. Que provea fallos de calidad y ajustados al Derecho con oportunidad. Que
satisfaga las demandas de acceso y probidad a todas y todos, con especial vocación por
el servicio a quienes menos posibilidades tienen en la sociedad.
Es posible un Poder Judicial independiente, fuerte y diligente, respetado y cercano,
confiable y seguro de que su labor se sustenta en los lineamientos éticos establecidos
en su sistema de integridad y transparencia. En esa dirección hemos trabajado y
continuaremos sin descanso hasta asegurar ese propósito.
A inicios del siglo pasado, el estadista inglés Winston Churchill dijo, «pronto, muy pronto,
nuestra breve existencia habrá llegado a su fin. Incontables generaciones habrán de
caminar descuidadamente sobre nuestras tumbas».
Es verdad. Nuestros nombres, nuestras ambiciones, serán probablemente olvidados.
Lo que no será olvidado, estoy seguro, son la templanza, la convicción y la fuerza con
que cada uno de nosotros habrá sabido defender la justicia en la hora de la adversidad.
Les deseo Salud y Justicia. Salud y Justicia, en nombre de la República.
Santo Domingo, República Dominicana. Fecha 7 de enero de 2021, año 177 de la
Independencia y año 157 de la Restauración.
2021-01-09 23:28:26
