San Salvador, 21 ago (PL) El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) demandó la defensa de los intereses del estado ante un intento de privatización ilegal de los recursos de El Salvador en 2002.
El partido en el gobierno se pronunció en ese sentido luego que una comisión especial de la Asamblea Legislativa comprobó irregularidades en la firma entonces de un contrato del gobierno con la transnacional italiana Enel Green Power.
En un comunicado de su Comisión Política, el FMLN considera que «es un deber moral, e imperativo legal que las instancias estatales responsables se encarguen de juzgar y castigar» a los responsables de esos actos.
Cita en primer lugar al ex presidente Francisco Flores (1999-2004), pues durante su mandato fue suscrito el acuerdo con la transnacional italiana.
El acuerdo, sometido actualmente a litigio en tribunales de Paris, Francia, le permitiría a la Enel hacerse con la mayoría de las acciones de la empresa LaGeo, de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
LaGeo y la Enel explotan el recurso geotérmico, estratégico en un país sin petróleo como El Salvador y fuente del 25 por ciento de la electricidad que se genera en la nación.
El FMLN solicita también se investigue a otros funcionarios del gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de la época participantes en la firma del cuestionado contrato.
Señala entre ellos a Guillermo Sol Bang, ex presidente de la CEL; Miguel Lacayo, ex ministro de Economía; «y a los ex superintendentes que resultaron señalados como responsables de una privatización sin sustento legal ni constitucional».
En sus conclusiones, la comisión investigadora del parlamento pide a la justicia que investigue un probable enriquecimiento ilícito de Flores, Lacayo, Sol Bang y el resto de los involucrados.
El ex presidente Flores es actualmente el principal asesor de la campaña hacia las elecciones del 2 de febrero venidero del candidato de Arena, Norman Quijano.
El FMLN felicita a la Asamblea Legislativa y fundamentalmente a la Comisión Especial, «por abrir un camino a la investigación y que se pueda poner fin al abuso de poder y despojo del patrimonio realizado por gobiernos pasados, administrados por el partido Arena».
Subraya que en el informe parlamentario quedó comprobado que los funcionarios involucrados «actuaron de manera negligente y excediendo las facultades que las leyes les atribuyen, vulnerando el ordenamiento jurídico».
2013-08-21 19:51:25
