Bogotá, 12 sep (PL) El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, presentó hoy ante la Corte Constitucional una denuncia contra el Pacto de Bogotá que le entregó en 1948 potestad a la Corte Internacional de Justicia para resolver por vía pacífica controversias entre países.
«Interpuse una demanda que busca que la Corte se pronuncie sobre la tesis que hemos sostenido», sostuvo.
Hay dos artículos de ese Tratado (Pacto) que violan claramente una disposición de nuestra Constitución, porque dicen que el país tiene que cambiar los límites, las fronteras, automáticamente en virtud de algún fallo de la Corte Internacional de Justicia», subrayó.
Nuestra Constitución apunta que «cualquier modificación de nuestros límites, de nuestras fronteras, tiene que surtir un procedimiento: un tratado que tiene que aprobarse en el Congreso de la República», señaló el gobernante, quien añadió que no puede aceptarse ningún cambio de nuestros límites, de nuestras fronteras, automáticamente, en virtud de ningún fallo.
El Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, aprobado a través de la ley 37 de 1961, es el acuerdo que hoy tiene en apremios al Estado porque lo obliga a aceptar las decisiones que la Corte Internacional de la Haya tomó respecto al diferendo limítrofe con Nicaragua, reportó el periódico El Espectador.
Según la emisora Caracol Radio la medida busca que Colombia pueda renunciar a ese acuerdo y el país no esté obligado a reconocer fallos de la Corte Internacional de Justicia.
El 19 de noviembre de 2012 el alto tribunal internacional certificó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés y sus cayos adyacentes y extendió las fronteras de Nicaragua unas 200 millas náuticas en aguas del mar Caribe.
El lunes último el mandatario colombiano afirmó que no se aplicará la sentencia de la Corte sobre el diferendo con Nicaragua hasta que haya un tratado que fije límites con ese país.
En una alocución a la nación Santos anunció una estrategia integral basada en cuatro puntos, uno de ellos la expedición de un decreto en el que se declara «la existencia de una zona contigua integral, a través de la cual unimos las zonas contiguas de todas nuestras islas y cayos en el mar Caribe Occidental».
Vamos a ejercer jurisdicción y control en la Zona Contigua Integral en todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias, entre otros aspectos, precisó.
Tras conocerse el fallo el pasado año, el Presidente objetó la decisión al considerar que el tribunal internacional incurrió en «errores, omisiones, excesos e inconsistencias que no podemos aceptar».
En vez de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el Tratado Esguerra-Bárcenas, cuya vigencia reconoció, la Corte resolvió extenderla por el oriente hasta 200 millas de la costa nicaragüense, con lo cual infligió una reducción de nuestros derechos de jurisdicción sobre áreas marítimas, expresó en aquella ocasión.
Por su parte el presidente nicaragüense Daniel Ortega propuso a Santss trabajar en una comisión bilateral para que de ahí salga un tratado que nos permita respetar y poner en práctica el fallo de la Corte, dijo.
Esperamos que logremos llegar a una negociación, para que en esa negociación nos pongamos de acuerdo sobre cómo se aplica el fallo de manera plena, sostuvo.
2013-09-12 19:27:54
