Washington, 18 feb (PL) La respuesta del Pentágono a recientes escándalos éticos en las fuerzas armadas estadounidenses muestra la ineptitud de los altos mandos militares para enfrentar el grave problema, señala hoy un artículo de la revista Foreign Affairs.
Hasta la fecha no hubo expulsiones de oficiales ni funcionarios civiles de alto rango, ningún general fue amonestado en público y seguimos sin presenciar anuncios de medidas punitivas de largo alcance que indiquen que el estamento castrense toma en serio estos problemas, agrega el texto.
Este tipo de medidas las toman habitualmente el secretario de Defensa, Charles Hagel, o el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, general Martin Dempsey, pero este último se mantiene «altamente invisible», afirma el trabajo que aparece en el número más reciente de esa publicación.
Nos preguntamos por qué Dempsey, el militar de mayor jerarquía en Estados Unidos, no dedica más tiempo a enfrentar los escándalos en unidades de cohetes nucleares, o incluso al caso de la publicación de correos electrónicos en los que altos jefes discuten abiertamente los atractivos sexuales de una legisladora, añade.
Hagel solo tomó pequeñas medidas cuando anunció la asignación de un funcionario de su despacho para investigar exactamente dónde están las dificultades principales y que ayude a sugerir las vías apropiadas para solucionarlas.
Alrededor de 92 oficiales están implicados en un escándalo de fraude en varias bases de lanzamiento de cohetes balísticos intercontinentales, la mayoría de los cuales pertenecen a la Base Aérea de Malmstrom, estado de Montana, donde están desplegados alrededor de 150 misiles nucleares.
El Pentágono anunció el 15 de enero pasado que una investigación sobre posible uso de drogas, descubrió que un grupo de militares que operan esos medios conocieron con antelación y compartieron entre sí las respuestas a una prueba en la que debían mostrar sus habilidades operacionales.
Al mismo tiempo, el Pentágono investiga a más de 200 oficiales, entre ellos dos generales y varias decenas de coroneles involucrados en un fraude en gran escala vinculado al programa de reclutamiento del Ejército.
Estos militares son sospechosos de dilapidar alrededor de 100 millones de dólares como incentivos que se otorgaban a miembros en servicio activo, retirados y otros civiles que actuaban como reclutadores para cumplir las metas de atracción de jóvenes hacia esa institución armada.
2014-02-18 18:17:19
