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Buenos Aires, 23 ene (PL) La fiscal Viviana Fein que investiga la muerte del procurador Alberto Nisman pudiera imputar a uno de sus colaboradores, Diego Lagomarsino, de quien hoy se informó que estuvo dos veces en el lugar del hecho.
Según adelantó el canal de noticias C5N, Lagomarsino estuvo en el apartamento por la tarde del sábado, día de la dudosa muerte del fiscal, y regresó por la noche con la pistola marca Bersa calibre 22, que según las pericias es el arma que mató a Nisman.
Por lo que se conoce hasta ahora, Lagomarsino fue la última persona que vio con vida a quien investigaba el atentado en 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y que desvió la pesquisa para acusar a ciudadanos iraníes.
El técnico de informática que se encargaba de decodificar y archivar los archivos que le orientaba Nisman, admitió al declarar la primera vez que fue al apartamento del occiso porque este le pidió un arma para protegerse.
Según el declarante, temía que, pese a la custodia que lo acompañaba a todos lados, alguien pudiera identificarlo en la calle y agredirlo.
Ahora surgen nuevos detalles, que el colaborador fue convocado por el fiscal el sábado por la tarde donde hablaron de algunas cuestiones técnicas de la computadora.
Fue ahí que Nisman le habló de que tenía miedo por sus hijas y que por ese motivo necesitaba un arma. Cuando Lagomarsino le consultó, según cuenta, por qué no le pedía el arma a su custodia, el fiscal le respondió que desconfiaba de ellos.
En principio se dijo que Nisman pudo quitarse la vida, pero emergen nuevas hipótesis, y se investiga si fue un suicidio inducido sin descartar el homicidio.
Para la presidenta Cristina Fernández se trata de un homicidio, pues según se han desarrollado las circunstancias, a Nisman lo necesitaban vivo para hacer la denuncia y luego lo necesitaban muerto.
El fiscal citó a indagatoria a la mandataria y a su Canciller por encubrir la presunta participación de Irán en el atentado a la AMIA a cambio de petróleo, pero la denuncia es tan endeble que cada uno de los argumentos han sido desmentido con relativa facilidad.
Para Lagomarsino la situación se complica judicialmente, ya que acorde con el Código Penal, «será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado».
También enfrenta prisión de uno a seis años el que entregare un arma de fuego, por cualquier título, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario.
Ambas figuras parecen aplicables a la situación de Lagomarsino, un empleado privilegiado de la fiscalía especializada en el caso AMIA. Facturaba 41 mil pesos (cuatro mil 747 dólares) por sus servicios informáticos.
La Procuradora General de la República Alejandra Gils Carbó puso a disposición de la investigadora Fein todos los recursos para cooperar en la investigación que busca determinar las causas de la muerte de Nisman.
Entre las medidas propuestas por la fiscal general -señaló el servicio Infonews- figura reforzar su custodia personal.
2015-01-23 14:39:42
