Por ELNUEVODIA.COM
SAN JUAN, 7 de Febrero de 2015.- El Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico declaró inconstitucional la Ley 71 de 2014, mejor conocida como la «ley de quiebra criolla», debido a que el estatuto es campo ocupado por el Código de Quiebras de Estados Unidos.
Según la opinión del juez Francisco A. Besosa, la «Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas» es nula bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
La demanda fue presentada en junio del año pasado por las firmas Blue Mountain Capital Management LLC y Franklin California Tax-Free Trust, que en conjunto poseen cerca de $2,000 millones en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
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Aparte de la supuesta violación a la Cláusula de Quiebras, los demandantes sostuvieron que la ley tenía «numerosas disposiciones» que, por sí solas, superan los poderes de los demandados de promulgar legislación y, por lo tanto, también violan la Constitución federal.
La ley, según exponen, permitiría a la AEE usar el colateral de los bonos para asegurar préstamos adicionales (seguir tomando prestado), al tiempo que retiene sus activos para seguir llevando a cabo «funciones públicas» durante la reestructuración.
La Ley 71 fue aprobada el 28 de junio de 2014. En aquel entonces, el secretario de Justicia César Miranda, aseguró que el gobierno llevó a cabo un análisis detallado antes de presentar la legislación.
«Eso está estudiado antes de aprobarse esta ley. Se pasó juicio sobre toda esa determinación. Se concluyó que, efectivamente, hay una prohibición para Puerto Rico poderse acoger a la Ley de Quiebra. Pero Puerto Rico, en el ejercicio de su soberanía en aquellas áreas que no han sido ocupadas por legislación federal, pues se puede legislar», señaló Miranda.
Alegó que la administración de García Padilla ha sido «más precavida que Detroit» para tomar estos pasos para reestructurar a las corporaciones públicas que enfrentan problemas financieros, como la AEE.
«Puerto Rico tiene pleno derecho a defenderse, a proteger sus intereses. Esto es una ley completamente necesaria», precisó Miranda en ese momento, al aclarar que «aquí no se ha dicho que no se va a pagar, es que se va a pagar bajo ciertas condiciones».
2015-02-07 00:11:02
