Por José A. Delgado y Marga Parés Arroyo
Ada Conde (centro), quien se casó en Massachusetts con Yvonne Alvarez en el 2004, encabezan un proceso de apelación en la Isla. (Ana María Abruña)
WASHINGTON – Por entender que el gobierno de Puerto Rico ha incumplido antes promesas, los defensores de los derechos de la comunidad LGBTT quieren esperar a ver para creer que el gobierno de Puerto Rico ciertamente va a retirar su respaldo al estatuto que solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. «Hace tiempo que debieron de haber cambiado de posición», dijo ayer Nora Vargas Acosta, directora de la sección de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Clínica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que compareció como amigo de la corte en el caso de Ada Conde e Ivonne Álvarez, que encabezan el proceso de apelación de una decisión del juez federal Juan Pérez Giménez que mantuvo la constitucionalidad del artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico.
En algún momento de esta semana, el secretario de Justicia, César Miranda, anunciará en qué medida ha variado la posición del gobierno de Puerto Rico con respecto al matrimonio gay. Justicia tiene hasta el viernes para presentar su argumento por escrito en el proceso de apelación ante el Primer Circuito de Apelaciones federales de Boston.
En lo que pareciera ser la intención de quitarle apoyo al estatuto puertorriqueño, Miranda dijo durante el pasado fin de semana que el gobierno repiensa su oposición al matrimonio gay, el cual ya es reconocido en 17 países, 37 estados de Estados Unidos y Washington, D.C.
Tanto Miranda como Vargas Acosta coincidieron ayer en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que examinó la situación general de los derechos humanos en Puerto Rico.
En la audiencia, Miranda tuvo que responder denuncias sobre falta de derechos de la comunidad LGBTT, pero no habló de la revisión que hacen sobre el matrimonio gay. «Es un anuncio que se debe hacer en Puerto Rico, no a 2,500 millas de distancia», indicó al anunciar que volverá a reunirse a mediados de semana con el gobernador Alejandro García Padilla antes de hacer el anuncio oficial.
El secretario de Estado, David Bernier, sostuvo que en torno al matrimonio gay su posición oficial es la del gobierno de Puerto Rico. «Eso es parte de un diálogo muy directo entre el gobernador y el secretario de Justicia», indicó Bernier.
«Nos alienta que el gobierno esté reconsiderando su defensa de su prohibición discriminatoria de la libertad al matrimonio para parejas del mismo sexo. El gobierno nunca debe estar involucrado en el negocio de la discriminación», señaló Omar González Pagán, abogado de la organización Lambda y activo en el caso judicial.
Conde y Álvarez se casaron en Massachusetts en 2004. Las otras parejas demandantes son Iris Delia Rivera Rivera y Maritza López Avilés de Toa Alta, compañeras desde hace 38 años; José A. Torruellas Iglesias y Thomas J. Robinson de San Juan, que forman un hogar desde hace 13 años; Zulma Oliveras Vega y Yolanda Arroyo Pizarro, de Carolina, juntas hace seis años; y Johanne Vélez García y Faviola Meléndez Rodríguez de Guaynabo, con seis años como pareja.
«Sería un buen paso de avance», si el gobierno de Puerto Rico cesa de defender el estatuto puertorriqueño, indicó la expresidenta del Colegio de Abogados Ana Irma Rivera Lassén, quien considera que puede ser el «primer resultado» del proceso de discusión ante la CIDH.
La profesora Vargas Acosta no canta victoria aún pues recuerda que cuando llegaba a La Fortaleza el gobernador García Padilla se había comprometido a promover que la Legislatura enmendara la prohibición del artículo 138 del Código Civil que impide a parejas del mismo sexo adoptar. En 2013, el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó la constitucionalidad de ese artículo, en un caso en el que una mujer lesbiana solicitó adoptar a la hija biológica de la que ha sido su compañera por un cuarto de siglo y con la que planificó el nacimiento de la niña.
«Lo que dicen y hacen no es siempre lo mismo, cuando entran en consideraciones partidistas», sostuvo Vargas Acosta.
Si en efecto el gobierno de Puerto Rico deja de oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo, el caso ante el Primer Circuito de Apelaciones federales probablemente concluya, pues no hay otros casos similares pendientes, una de las jurisdicciones más liberales de Estados Unidos.
Los cuatro estados que son parte del Primer Circuito – Maine, Rhode Island, Massachusetts y Nueva Hampshire -, ya reconocen el matrimonio entre parejas gay, «La posibilidad de que el (Primer Circuito de Apelaciones de Boston) reconozca el matrimonio como un derecho fundamental de las personas es buenísima. La segunda alternativa es dejárselo a los estados. Si el gobierno de Puerto Rico se allana, no hay más nada que decir», sostuvo Vargas Acosta.
Ante lo anterior, el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, recordó que el gobernador ha expresado reiteradamente que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. «Aunque se alega que su administración está repensando su posición sobre ese asunto, confío que el gobernador muestre consistencia y apoye la actual legislación que solo permite en Puerto Rico la celebración del matrimonio hombre-mujer», dijo.
Por su parte, César Vázquez, de la Pastoral Unida a favor de la Familia, comentó que, de apoyar los matrimonios entre personas del mismo sexo, tanto el gobernador como el secretario de Justicia estarían violentando el juramento que realizaron al asumir el cargo y afirmar su defensa a la Constitución. El Artículo 68 del Código Civil define al matrimonio como «una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual un hombre y una mujer se obligan mutuamente a ser esposo y esposa, y a cumplir el uno para con el otro los deberes que la ley les impone», dijo. (El Nuevo Dia)
2015-03-17 09:43:44
