Una sentencia judicial definió como extranjeras a las personas nacidas en territorio dominicano que sean hijos de extranjeros en situación irregular
sábado, 27 de junio de 2015 – 11:58 AM
Actualizado en: sábado, 27 de junio de 2015 – 5:48 PM
Por Cristina del Mar Quiles
(El Nuevo Dia)
El grupo reclama que principalmente los haitianos y descendientes de haitianos en República Dominicana son víctimas de la sentencia, siendo detenidos a base de su color de piel y en violación de sus derechos humanos. (Suministrada)
Ciudadanos puertorriqueños, haitianos y dominicanos residentes en Puerto Rico se manifestaron hoy, sábado, en contra de la presencia de tres jueces del Tribunal Constitucional de República Dominicana en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por su ratificación de una sentencia que establece como extranjeras a las personas nacidas en territorio dominicano que sean hijos de extranjeros en situación irregular.
El juez presidente, Milton Ray Guevara, así como los magistrados Justo P. Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filipo, participaron esta mañana y tarde de un conversatorio organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas sobre «Constitución, derechos fundamentales y comunicación social», dirigido a los comunicadores de la diáspora dominicana en Puerto Rico y los Estados Unidos.
Justo cuando Guevara iniciaba su conferencia magistral «Evolución de la Constitución en la República Dominicana», los manifestantes, que componían al menos una tercera parte de los presentes, levantaron pancartas que leían «¡No más expulsiones!» y «Tribunal Constitucional Dominicano = racista y xenófobo», al tiempo que coreaban «¡Racistas, racistas!» y «Ningún ser humano es ilegal.
De esta manera repudiaron la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la ley 169-14 que implican la privación retroactiva del derecho a la nacionalidad y que internacionalmente se ha reportado como causa de atentados contra la integridad física y mental de dominicanos de ascendencia haitiana; incluyendo amenazas de deportación por expulsión.
La sentencia de 2013 fue catalogada en agosto de 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como detonante de un aumento en atropellos, especialmente contra descendientes de haitianos. Ordenó al Estado «adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para evitar que la sentencia continúe produciendo efectos jurídicos».
Sin embargo, en noviembre, la mayoría del Tribunal Constitucional de República Dominicana, incluidos los tres jueces que participaron del conversatorio, votaron para declarar inconstitucional la aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviar la obligatoriedad del órgano internacional.
«Estos jueces emitieron una de las sentencias más discriminatorias y xenófobas de la historia moderna. A través de esa sentencia se desnacionalizó retroactivamente a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Los efectos han puesto en peligro a muchas personas en la República Dominicana», expuso Annette Martínez, abogada del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, quien llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«No vamos a ser tolerantes con este tipo de crímenes, que consideramos son de lesa humanidad», sostuvo.
«Es un gesto xenofóbico y es racismo puro. No puedo entender cómo los dominicanos pueden violar los principios básicos de derechos humanos. Este problema no es solo para los haitianos. Es un problema para todo el mundo porque están violando los principios de los derechos humanos», afirmó, por su parte, Deiunel Derilus, estudiante haitiano que completa un doctorado en Ciencias en el Recinto de Río Piedras de la UPR.
La protesta continuó en el patio interior de la Escuela de Derecho y, tras cumplir su objetivo de expresión, los manifestantes se marcharon. Las conferencias también continuaron al interior del Aula Magna.
Funcionarios dominicanos defienden su «política migratoria»
No obstante, durante el conversatorio, las sesiones de preguntas se convirtieron en un tipo de interpelación a los jueces presentes sobre el tema.
El magistrado presidente del Tribunal Constitucional, luego de expresar en múltiples ocasiones que el foro no era para discutir la sentencia 168, hizo una distinción entre estatus migratorio y nacionalidad, y defendió la controversial determinación al señalar que «la nacionalidad de un estado todavía es un atributo soberano. El estado es el que decide» quién es dominicano y quién no.
Sobre el no reconocerle competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Guevara dijo que «no se completó el procedimiento constitucional para comprometer a la República Dominicana en obligaciones internacionales».
Añadió que gracias a esa política también se está resolviendo «el caso de gente que jamás iba a tener documento de algún tipo».
«Lo cierto es que sin la decisión del Tribunal no se hubiese logrado el progreso que se está logrando en la República Dominicana», apuntó sobre la sentencia 168.
El cónsul de República Dominicana en Puerto Rico, Franklin Grullón, adujo, por su parte, que «hay mucha desinformación sobre lo que está pasando».
Estipuló que los nacidos en su país adquieren el estatus de sus padres.
«Si sus padres son ciudadanos extranjeros en condición irregular, si son residentes o si son ciudadanos, eso adquirirán sus hijos», estableció.
«Se está protestando en contra de unas deportaciones que no han empezado», agregó, pero que reconoció «sí hay un éxodo de salida voluntaria» y que más de 17,000 haitianos han salido del país, incluso con vehículos y apoyo de República Dominicana, «sin que eso tenga consecuencias legales para el regreso luego de manera legal».
Adujo, además, que su país ha establecido un proceso gratuito de regulación de estatus migratorio, en el que ya hay inscritos 288,685 extranjeros y 10,000 estudiantes, también extranjeros.
Piden intervención del secretario de Justicia
Varios de las organizaciones que estuvieron representadas en la manifestación de hoy enviaron una carta al secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, solicitándole una investigación criminal sobre crímenes de lesa humanidad, en función del alcance extraterritorial de esta norma, por los delitos que entienden son perpetrados por los funcionarios dominicanos que promueven la sentencia.
«Considerando que las personas aludidas como responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se encuentran dentro de nuestra jurisdicción, recabamos se tomen de manera urgente las medidas cautelares para que no abandonen la jurisdicción del E.L.A. hasta que se concluya la investigación que aquí se solicita», lee la misiva.
Los jueces Ray Guevara, Castellanos Khoury y Díaz Filipo partían hoy mismo de Puerto Rico.
UPR no endosa sentencia 168
Durante la protesta, los manifestantes también reclamaron al decano asociado de la Escuela de Derecho de la UPR, Hiram A. Meléndez Juarbe, quien fungió como representante de la decana Vivian Neptune y del rector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino, por la presencia de los jueces en la institución académica.
Meléndez Juarbe apuntó que el Colegio Dominicano de Periodistas solicitó el espacio para celebrar su actividad y la Escuela de Derecho lo concedió. Sin embargo, enfatizó en que esto no significaba que la UPR endosara la política del vecino país.
En comunicado de prensa, el rector secundó a Meléndez Juarbe al establecer que «es importante la apertura de la discusión de temas académicos del ámbito local, regional e internacional, por lo cual le fue cedido el espacio en nuestra Escuela de Derecho para realizar este evento público. Más aún cuando los temas a conversar conciernen a países hermanos de la región del Caribe».
El Nuevo Dia/Puerto Rico, 27 de Junio de 2014.-
2015-06-27 22:31:30
