HAITÍ, 13 jul (Xinhua) — Una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que indaga la suerte de miles de haitianos indocumentados en República Dominicana, llegó a Haití, tras dos días de trabajo en el vecino país.
La misión, encabezada por el mexicano Francisco Guerrero, llegó a Puerto Príncipe en la tarde del domingo y de inmediato se reunió a puerta cerrada con representantes de la sociedad civil, para conocer la opinión de este sector sobre la situación de sus compatriotas asentados la gran mayoría en condición irregular en territorio dominicano.
La comitiva de la OEA culminó la primera etapa de su visita a la isla que comparten Haití y República Dominicana, donde trata de determinar las consecuencias de un plan dominicano de regularización de extranjeros conocido como PNRE, cuyo vencimiento abrió las puertas a la repatriación a unos 200.000 haitianos y haitianos de origen, según organismos internacionales.
La misión, que se reunirá este lunes con funcionarios del gobierno haitiano, arribó por tierra procedente de la localidad dominicana de Jimaní, 255 kilómetros al oeste de Santo Domingo, donde se entrevistó con militares dominicanos y funcionarios de la Dirección General de Migración (DGM) y la Cancillería, en la última etapa de su visita a República Dominicana.
En Jimaní, Guerrero también inspeccionó los centros de acogida temporal que el gobierno dominicano utilizará para albergar a las personas que serán repatriadas a su país por no haberse acogido al programa.
En sus últimas declaraciones a la prensa local, el jefe de misión de la OEA expresó su confianza en que su visita a República Dominicana representará un «antes y un después» en las relaciones entre el organismo continental y el país.
Grupos conservadores cuestionaron la llegada de los representantes de la organización, a la que todavía acusan de respaldar la intervención militar norteamericana de 1965 que dejó entre 6.000 y 10.000 dominicanos muertos, y que Washington lanzó por temor a la expansión del comunismo.
El PNRE, destinado a migrantes en situación irregular, fue lanzado en junio del año pasado en cumplimiento a una sentencia sobre el derecho a la nacionalidad dominicana, junto con otro plan establecido por la Ley Especial No. 169-14,dirigda a personas nacidas en República Dominicana de padres extranjeros que no contaban con documentación.
El fallo también dispuso determinar la validez o nulidad de las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana, y ordenó realizar una auditoría de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.
La misión especial, anunciada el 30 de junio pasado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, llegó a Santo Domingo la madrugada del viernes, día en que se reunió con funcionarios del gobierno dominicano y con el embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster.
Al día siguiente, Guerrero se entrevistó con organismos defensores de derechos humanos, con el empresariado dominicano, con el embajador haitiano en Santo Domingo, Daniel Supplice, y con delegados de organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, el ACNUR y la OIM.
En el primer día de visita, el gobierno dominicano dijo a la misión que había establecido los mecanismos de control para garantizar que no ocurran deportaciones masivas de extranjeros en situación migratoria irregular, violaciones a los derechos humanos y casos de apatridia durante la ejecución del plan.
El canciller Andrés Navarro afirmó que precisamente para resolver la aparente retroactividad del dictamen, la Ley 169-14 reconoce que las personas posiblemente afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional son dominicanos de pleno derecho, y por lo cual más de 55.000 dominicanos de ascendencia haitiana están reconocidos por la Junta Central Electoral.
Según las autoridades dominicanas, al Plan de Regularización de Extranjeros se inscribieron 288.466 personas de las cuales las primeras 300, la gran mayoría inmigrantes haitianos, recibieron esta semana el documento que certifica su nuevo estatus migratorio en el país.
Pero organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han dicho que la complejidad de llenar los requisitos del PNRE dejó a miles de personas fuera del programa, además de que miles de dominicanos de ascendencia haitiana continúan en una situación legal indefinida pese a los intentos de las autoridades dominicanas para mejorar su situación.
Además, el presidente de Haití, Michel Martelly, denunció la semana pasada ante la Comunidad del Caribe (Caricom) que deportaciones «masivas e indiscriminadas» de sus compatriotas desde República Dominicana amenazan con socavar el proceso electoral en el que está inmerso su país, cuyos escasos recursos no le permitirán hacer frente a esta situación.
Haití acusa a República Dominicana de haber repatriado a 15.269 personas, pese a que las autoridades de este país niegan haber iniciado el proceso como parte del plan de regularización.
El gobierno dominicano sí ha confirmado que 36.593 haitianos han regresado a su país de manera voluntaria hasta esta semana por los cuatro principales pasos fronterizos de la frontera con Haití, entre ellos 18.427 hombres, 9.905 mujeres y 8.261 niños.
Además de Guerrero, la comitiva está integrada por Gabriel Bidegain, asesor del secretario general; Steven Griner, coordinador principal del Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas; Rebeca Omaña, especialista del mismo organismo y secretaria de Asuntos Políticos; Ian Edwards, especialista del Departamento de Conferencias y Reuniones, y Pablo Saluomndino Martínez, del Departamento de Prensa y Comunicación.
2015-07-12 23:06:00
