Panamá, 20 ago (PL) Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil panameña y víctimas del espionaje telefónico durante la pasada administración rechazaron hoy la medida cautelar de casa por cárcel impuesta a los responsables de tales hechos.
Según los afectados, los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, detenidos desde enero pasado, violaron derechos humanos fundamentales, por tanto la justicia debió ser más severa.
Magaly Castillo, de la organización Alianza Ciudadana Pro Justicia, calificó de decepcionante la decisión del juez Enrique Pérez y aseguró que la sociedad panameña está cansada de la impunidad en los casos de alto perfil que se tramitan en el ûrgano Judicial.
Alegó que urge la revisión de las sentencias contenidas en el Código Penal respecto a los delitos sobre violaciones a los derechos humanos, pues en su opinión resulta irrisoria la condena a tres años de prisión para quienes violan la intimidad de los ciudadanos e intervienen sus comunicaciones y las hacen públicas.
Sobre el tema, el experto en derechos humanos Roberto Troncoso reveló que en los años 90 del pasado siglo la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la norma que castigaba con pena de hasta 10 años de prisión a quienes cometieran esos delitos.
El presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Ramón Ricardo Arias, manifestó que para él es un misterio los criterios que se emplean para dictar medidas cautelares, máxime en este hecho tan grave.
La dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y una de las víctimas de las escuchas telefónicas, Balbina Herrera, opinó que la decisión del juez crea un mal precedente, y solicitó una revisión al Código Penal.
El exdirigente del PRD Francisco Sánchez, querellante en este proceso, indicó que la decisión «deja un sinsabor en la comunidad, que espera duras sanciones para aquellos que violaron la ley y la Constitución siendo servidores públicos».
La prisión domiciliaria fue anunciada ayer en el último día de la audiencia preliminar del proceso, en el que también son imputados los subalternos William Pittí y Ronny Rodríguez, ambos prófugos de la justicia, por la presunta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
En el caso de Pérez, sin embargo, la medida cautelar no es efectiva, ya que el también exdirector de la Policía Nacional responde por otro proceso de supuesta posesión ilegal de armas de fuego.
Durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) fueron objeto de intercepción en sus comunicaciones cerca de unas 150 personalidades del país entre periodistas, diputados, políticos, sindicalistas y religiosos.
Por lo pronto el juez deberá decidir en un plazo de 24 horas, si llama a juicio o no a los imputados.
2015-08-20 13:37:42
