RIO DE JANEIRO, 14 oct (Xinhua) — La oposición brasileña anunció hoy que recurrirá (apelará) la sentencia del Tribunal Supremo que dificulta la apertura de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, acusada de incurrir en maniobras fiscales para maquillar cifras en las cuentas públicas.
La medida, dictaminada por tres jueces de la máxima corte brasileña, niega la posibilidad de que si un pedido de apertura de un juicio con miras a la destitución de Rousseff es rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la oposición pueda recurrir tal decisión en el pleno del Congreso.
La decisión llega en pleno debate sobre la apertura de un juicio político contra Rousseff, tal y como pide la oposición, al alegar supuestas maniobras fiscales ilegales realizadas por el gobierno el año pasado para «maquillar» las cuentas públicas.
Según la ley brasileña, la apertura de un juicio político contra el presidente del país recae sólo en el presidente del Congreso, que desde agosto pasado ha rechazado más de 10 peticiones por carecer de fundamentos jurídicos, aunque tiene aún tres pendientes.
El pedido de apelación dirigido a Cunha lo respaldaron el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Solidaridad (SD) y el Demócratas (DEM), los principales de la oposición y que se han agrupado en el «Movimiento Pro-Impeachment».
Este miércoles el líder de DEM en la Cámara de Diputados, José Mendonca Filho, dijo que el bloque opositor solicitó a Cunha que se dirija al Tribunal Supremo para exigir que sea restablecido el procedimiento y el pleno de los legisladores pueda decidir si abren o no un juicio político contra la mandataria.
La oposición considera que la sentencia cautelar del Tribunal Supremo es una «intromisión» del Poder Judicial en el Legislativo.
La oposición considera que uno de las tres solicitudes para instaurar un juicio político contra Rousseff cumple con los requisitos solicitados, como sería el «delito de responsabilidad» del Ejecutivo, al promover maniobras contables para maquillar los resultados fiscales de 2014, que el Tribunal de Cuentas, órgano de contraloría del Estado, ha reprobado.
2015-10-14 20:49:54
