Por Sabina di Muro
CARACAS, 14 abr (Xinhua) — La mayoría opositora en la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela aprobó en segundo debate la Ley de Amnistía, pese a su carácter violatorio de la Carta Magna y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, aseguraron constitucionalistas.
La Ley de Amnistía «viola los derechos individuales y colectivos de los venezolanos consagrados en la Constitución, viola el derecho individual a las víctimas negándole el derecho a la justicia, y viola los derechos colectivos de la sociedad porque impide que el Estado persiga los delitos allí perdonados», señaló la constitucionalista María Alejandra Díaz.
La oposición en Venezuela usa la Ley de Amnistía con el falso argumento de la reconciliación, cuando en realidad es una norma que viola la Constitución.
Como un acto retador, sin consultarle al pueblo y en violación al artículo 70 de la Constitución, la oposición apresuró la aprobación del instrumento consciente del veto que iba a recibir por parte del máximo órgano de justicia venezolano.
El pasado 11 de abril el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la inconstitucionalidad de la ley que persigue eximir de culpa a políticos procesados por delitos comunes, lo cual violenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
La sentencia emitida por el TSJ dice que «la totalidad del articulado desconoce que Venezuela es un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, por lo que la Sala Constitucional no puede impartir su conformidad con la Constitución».
El artículo 2 de la CRBV dice «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político».
La abogada explicó que una ley no puede «borrar el delito» sin violar el bloque constitucional y legal, al igual que los tratados nacionales e internacionales suscritos por Venezuela.
«Las acciones para sancionar delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de guerra son imprescriptibles. Eso está en la Constitución en el artículo 29, donde además dice que esos delitos quedan excluidos de indultos y amnistías», precisó Díaz.
Durante las «guarimbas» (hechos violentos) del primer trimestre de 2014 se cometieron actos terroristas, como la colocación (en horas nocturnas) de aceite en el pavimento y alambrado de púa (a la altura del cuello, y de una esquina a la otra) en avenidas y autopistas para degollar y asesinar a conductores de motocicletas.
También se obstruyeron arterías viales importantes, transitadas por miles de personas para llegar a sus trabajos o regresar a sus hogares, con desechos, escombros, árboles talados, cauchos, piedras y animales asesinados, sobre lo cual se encendió fuego para ocasionar caos, miedo, temor y zozobra en la población que quedó recluida en sus casas.
En otro hecho muy grave fue atacada con piedras y explosivos la sede del Ministerio Público en Caracas (capital), en cuyo interior funciona una guardería (asilo) de niños en edad lactante para los hijos de los funcionarios de la institución.
En entrevista a Xinhua, el constitucionalista Enrique Tineo Suquet dijo que la ley en cuestión no es más que la exacerbación de la noción de crueldad descomunal por la impunidad, «de la violencia con razones utilitarias, convirtiéndose en una manifestación explosiva, inútil e innecesaria de violencia cargada de odio hacia el otro».
A todas luces, el instrumento jurídico es parte del guión derechista de que se considere internacionalmente a Venezuela como un Estado fallido o forajido, que promueve el desorden y la impunidad.
Según Tineo Suquet, es como «la destrucción del sentido concreto de autoridad»; una amenaza de confrontación pero a la vez un documento que «lleva una carga simbólica» de imposición del poder.
«Es un mensaje obsceno del ejercicio incondicional del poder. Es como decir ‘las leyes no interfieren, puedo hacerte lo que yo quiera, puedo tratarte como culpable si así lo decido, puedo destruirte si lo deseo’, convirtiéndose en un mensaje del amo al esclavo», apuntó.
Los abogados constitucionalistas coincidieron en que la tarea principal encomendada desde Washington a la derecha venezolana es «sacar de la cárcel a Leopoldo López (opositor)».
Leopoldo López, hijo de la burguesía venezolana, dirigente del partido de ultraderecha Voluntad Popular y autor de «La Salida», plan que instigó a los manifestantes a delinquir durante 2014 para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, es también familiar de Lorenzo Mendoza, propietario de empresas Polar.
La empresa Polar monopoliza la distribución de alimentos y productos de primera necesidad al importar materias primas, insumos y tecnología (con dólares preferenciales que el Estado genera a través de la renta petrolera) para empaquetar, etiquetar y comercializar alimentos, en una actividad «parasitaria» que abandona la producción agrícola y el desarrollo.
El defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que la Ley de Amnistía es una «especie de revancha y rencor» y está lejos de ser reconciliadora, más bien promueve la retaliación y la venganza, en una acción que puede ser una espiral interminable de violencia.
El documento declarado improcedente por el TSJ tipifica 31 delitos que contemplan homicidios y lesiones graves; perdona crímenes que en cualquier parte del mundo están catalogados como terrorismo; perdona delitos sobre daños a la propiedad y corrupción; importación, fabricación, porte, detentación y suministro de artefactos explosivos y armas letales.
La Ley de Amnistía «autoperdona» a los actores de la violencia, las muertes, los heridos, la destrucción, el caos, el incendio y el terrorismo, todos delitos tipificados en el Código Penal y la Constitución de Venezuela.
Al perdonar a quien promovió una intervención extranjera, al traicionar a la patria y mancillar los símbolos y la identidad nacional, legitima la Orden Ejecutiva de Barack Obama que declara a Venezuela como una amenaza «inusual y extraordinaria» para Estados Unidos, en un acto abiertamente injerencista.
2016-04-14 17:03:55
