Buenos Aires, 16 abr (PL) En sendos comunicados, diputados argentinos de diversas fuerzas política expresaron hoy su total apoyo a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien enfrenta lo que aquí muchos ven como un evidente golpe de Estado por la vía parlamentaria.
Los Parlamentarios de Mercosur del Frente para Victoria (FpV), expresamos nuestro más enérgico repudio a las claras muestras de desestabilización al Gobierno de Dilma Rousseff, a través de una campaña mediática, política y económica para terminar con un gobierno popular elegido por la mayoría de los hermanos brasileños.
Así encabeza su comunicado ese bloque legislativo sobre la grave crisis que enfrenta Rousseff ante la decisión que deberá adoptar mañana el Parlamento de Brasil sobre si la somete o no a un juicio político.
En los últimos tiempos esto ha sido común en toda Latinoámerica, con el objetivo de eliminar los proyectos populares, democráticos y de construcción de la Patria Grande, precisa el comunicado.
Con ello quieren -recalca- volver a implementar las políticas de ajuste, destrucción de los sectores productivos y el desempleo, beneficiando así a grandes grupos corporativos, concluye la nota de los 26 diputados al Parlasur del FpV.
Mientras, el gobierno de derecha que presidente Mauricio Macri en Argentina se muestra como observador y solo su canciller Susana Malcorra ha manifestado que siguen con preocupación los acontecimientos en Brasil.
A su vez, en otra declaración pública dada a conocer hoy aquí un grupo de representantes de tres países de esa casa legislativa repudia el proceso judicial que podría enfrentar Rousseff si sus pares brasileños deciden este domingo la apertura del juicio político en su contra.
La nota la circula la diputada argentina Fernanda Gil, de la alianza UNA, y la firman también las legisladoras progresistas del Parlasur Ana María Corradi, Teresa Parodi, Julia Perié y Milagro Sala, por Argentina, Lilián Galán, Cecilia Bottino, Stella Viel, Patricia Ayala y Manuela Mutti, por Uruguay, y Benita Díaz, por Bolivia.
En el escrito, las Legisladoras del Mercosur expresaron que «no existen pruebas que tipifiquen de manera personal y directa delito alguno en la actuación de la Presidenta», y que, por lo tanto, ese proceso «constituye una grave lesión para la seguridad jurídica de Brasil y la región».
Además, consideran que para que ese proceso fuera válido «debería constatarse la existencia de culpa penal en la que se demuestre su participación voluntaria y activa en la causa que se presenta.
E insisten en que «aceptar que un Presidente pueda ser removido de su cargo por supuestas fallas en los actos de naturaleza administrativa conduce a asentar un peligroso antecedente en cuanto que se están criminalizando decisiones de carácter político».
Las diputadas firmantes recalcan que Rousseff no solo enfrenta una acción desestabilizadora contra su Gobierno, democráticamente electo, sino que, además, soporta una campaña de desprestigio por parte de los medios basándose en estereotipos de género, lo que constituye un procedimiento vil que descalifica absolutamente a quienes la impulsan.
El comentarista político Emilio Marín considera que si la derecha brasileña logra su cometido se estaría repitiendo la triste historia, agravada, del golpe de Estado por vía parlamentaria que sacó del gobierno a Fernando Lugo en Paraguay en 2012.
2016-04-16 14:54:48
