Por Roberto Castellanos Fernandez
Nueva Delhi, 9 ago (PL) La matanza en un hospital de la ciudad de Quetta es un nuevo golpe para el gobierno y el ejército de Pakistán, inmersos en una campaña contra el terrorismo y los numerosos grupos armados presentes en el país.
Al menos 70 personas murieron y otras 112 resultaron heridas ayer por un atentado suicida en un hospital ubicado en Quetta, capital de la suroccidental provincia pakistaní de Beluchistán.
La televisora Samaa TV, que citó a fuentes de seguridad, precisó que un terrorista detonó ocho kilogramos de explosivos que cargaba frente a la sala de emergencia, desatando el pánico entre los pacientes y los médicos.
En el lugar estaban concentrados numerosos periodistas y abogados tras ser trasladado allí el cuerpo del presidente del Colegio de Abogados de Baluchistán, Bilal Kasi, asesinado poco antes cuando se dirigía a su trabajo.
El segundo ataque más mortífero en Pakistán en lo que va de año provocó nuevas críticas al Plan de Acción Nacional (NAP, por sus siglas en inglés), un proyecto impulsado por el gobierno para complementar la ofensiva militar contra los reductos de los grupos armados en las aéreas tribales limítrofes con Afganistán.
La propuesta incluye la creación de tribunales militares para juzgar a los radicales, el enfrentamiento a las redes de financiamiento de esas formaciones, campañas contra el extremismo religioso o sectario y un mayor control y reformas a las madrazas (escuelas islámicas).
Sin embargo, diversos medios de prensa, expertos y hasta el parlamento nacional, cuestionaron los resultados de la propuesta y llamaron a combatir las raíces del radicalismo como la pobreza y el analfabetismo.
La nueva masacre echó más leña al fuego. Los juristas de todo el país anunciaron un boicot de tres días a sus labores para protestar por la falta de seguridad y expresar su apoyo a las víctimas.
Los gobiernos central y provinciales fallaron en proteger a sus ciudadanos, denunció el vicepresidente del Consejo de Abogados de Pakistán, Farogh Naseem.
También legisladores de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa exigieron una revisión del NAP.
Parece que ese plan se limita al papel, comentó en tono irónico el parlamentario Sardar Hussain Babak.
En similar sentido se pronunciaron los dirigentes opositores Maulana Lutfur Rahman, quien llamó a revisar las políticas de seguridad, y Sikandar Sherpao.
Tenemos que actualizar el NAP porque los terroristas están cambiando sus tácticas, alertó Sherpao.
El Gobierno y el Ejército no cesan de divulgar datos sobre los éxitos de las operaciones contra los numerosos grupos islamistas y sectarios en el país, y como ejemplo destacan la disminución de la violencia.
Al cumplirse dos años de la ofensiva castrense, el jefe del Servicio de Relaciones Publicas del Ejército, teniente general Asim Bajwa, reveló en junio que durante esos 24 meses perdieron la vida unos tres mil 500 extremistas y 500 militares.
Más de 990 escondites y siete mil 500 fábricas de municiones de los radicales fueron destruidas y 253 toneladas de explosivos y 35 mil obuses y misiles incautados, subrayó.
Sin embargo, ciudades como Quetta, Karachi o Lahore han sufrido en los últimos meses diversos atentados, reivindicados en su mayoría por los talibanes pakistaníes o el Estado Islámico.
Innumerables ejemplos de incompetencia y corrupción explican por qué nuestro aparato de seguridad está fallando, comentó un artículo de opinión del diario Dawn.
La política de culpar de nuestros enemigos y a sus agencias de inteligencia solo provocó el colapso total de nuestro sistema de investigación y el fracaso de nuestras instituciones encargadas de aplicar la ley, subrayó.
2016-08-09 10:35:42
