Brasilia, 23 nov (PL) Las sospechas sobre una posible colaboración informal entre la operación anticorrupción Lava Jato, en marcha en Brasil, y el gobierno de Estados Unidos cobraron realce hoy aquí.
El tema lo trajeron a colación abogados de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de manifestaciones hechas por el ex ejecutivo de la constructora Camargo Correa Eduardo Leite al testimoniar en las audiencias de instrucción del proceso iniciado contra el ex dignatario en la ciudad de Curitiba.
La revelación hecha en la audiencia de que el Ministerio Público Federal estaría trabajando junto con autoridades de aquel país no parece estar de acuerdo con el tratado que Brasil firmó con Estados Unidos en 2001 y que coloca al Ministerio de Justicia como autoridad central para tratar este tipo de cuestión, observó Cristiano Zanin.
El letrado, uno de los abogados defensores de Lula, relató al diario Folha de Sao Paulo que durante su exposición Leite admitió haber sido procurado por el Departamento de Justicia estadounidense por intermedio de representantes de la operación anticorrupción Lava Jato, que comanda el juez federal Sergio Moro, aunque después se retractó.
Al tratar de ahondar en el asunto, Zanin fue interrumpido por el fiscal Diogo Castor de Mattos, quien alegó que preguntas sobre colaboración en el extranjero habían sido rechazadas en un testimonio anterior ofrecido por Augusto Ribeiro de Mendonza Neto.
En el proceso iniciado el lunes en Curitiba, Lula es acusado de presuntamente beneficiarse de tres contratos suscritos entre la empresa de ingeniería y construcción Odebrecht y la estatal petrolera Petrobras.
A fines de la semana pasada, los abogados de la defensa de Lula presentaron una denuncia penal subsidiaria contra Moro por abuso de autoridad.
La acusación formulada por Zanin y Roberto Teixeira subraya que el juez federal de Curitiba cometió varias irregularidades en la conducción de los procesos que envuelven al ex dignatario en Lava Jato.
Mencionan entre éstas la conducción coercitiva de que fue víctima Lula en marzo pasado para prestar declaración ante la autoridad policial, siendo privado de su derecho de libertad por unas seis horas; la aprehensión de bienes y documentos del ex gobernante y su familia, y la autorización de escuchas telefónicas ilegales.
La ilegalidad y la gravedad de la divulgación de las conversaciones interceptadas fueron reconocidas por el propio Supremo Tribunal Federal, recordaron los abogados.
En consecuencia, la denuncia solicita que Moro sea castigado de acuerdo con lo establecido en la Ley de Abuso de Autoridad, que prevé para estos casos penas de detención de 10 días a seis meses, además de otras sanciones civiles y administrativas que pueden llegar a la suspensión del cargo, o hasta la dimisión del funcionario.
2016-11-23 09:38:54
