martes, 3 de enero de 2017 – 12:00 AM
Por Jose A. Delgado
ELNUEVODIA
La reforma de salud del gobierno del presidente Barack Obama permitió a Puerto Rico recibir una asignación adicional de $6,400 millones en fondos de Medicaid que debieron durar hasta 2019. (AP)
Washington – El primer reto para el gobierno de Puerto Rico en el nuevo Congreso es, por lo menos, lograr mantener la asignación actual de Medicaid, que ha dependido principalmente de la ley Obamacare que los republicanos buscan derogar y reemplazar.
Una de las prioridades del gobierno del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, y la mayoría republicana en el Congreso 115 que inicia hoy es echar a un lado el sistema de salud creado por Obamacare.
La reforma de salud del gobierno del presidente Barack Obama permitió a Puerto Rico recibir una asignación adicional de $6,400 millones en fondos de Medicaid que debieron durar hasta 2019. Pero, ese dinero se puede agotar a finales de este año o principios del próximo, creando un abismo fiscal de $1,200 millones anuales en el programa Mi Salud del gobierno de la Isla.
Con los republicanos en control de la Casa Blanca, una mayoría de 241 a 194 en la Cámara baja y de 52-48 en el Senado, la derogación de Obamacare puede ocurrir muy rápido, aunque el cambio sea efectivo para 2018.
La nueva sesión trae como trasfondo la resaca que demostró tener el Congreso a finales de 2016 con los asuntos de Puerto Rico, tras la aprobación de la ley PROMESA, que impuso una Junta de Supervisión Fiscal que controla los asuntos financieros del gobierno puertorriqueño y abrió la puerta a la reestructuración de la deuda pública, que ronda los $69,000 millones.
Pese a que sectores gubernamentales y de la industria privada esperaban alguna iniciativa de asistencia económica antes de que terminara 2016, el informe que publicó en diciembre el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico se limitó a hacer recomendaciones para esta sesión y analizar las restricciones que existen en el acceso a cerca de 40 programas federales.
Ese Grupo de Trabajo, sin embargo, resaltó la importancia de atender temprano este año el abismo fiscal e hizo sugerencias específicas, como otorgar pleno acceso al crédito contributivo por niños dependientes (CTC), que puede suponer una inyección económica de $290 millones anuales. El informe echó a un lado los reclamos de que Puerto Rico tenga el mismo acceso que los estados a los programas federales de salud.
Junto al debate sobre Obamacare, las primeras ventanas que tendrá el gobierno de Ricardo Rosselló serán la presentación del primer presupuesto del presidente electo Trump y el debate sobre los gastos federales de este año fiscal federal, que requieren de una nueva resolución del Congreso antes de que termine abril.
Jeffrey Farrow, quien ha sido cabildero de sectores pro estadidad y fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton sobre Puerto Rico, piensa que el interés de los republicanos en hacer cambios a Medicaid puede ser una oportunidad para la Isla cerrar la brecha en el acceso a fondos de ese programa.
«Las ideas republicanas para Medicaid van a tratar esencialmente a los estados más como se trata a los territorios, aunque con mayor generosidad», indicó Farrow.
En vez de recomendar paridad en los programas de salud, el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico sugirió tratar la Isla con equidad bajo Medicaid, un programa que persigue dar servicios sobre todo a los que menos ingresos tienen. El informe también resaltó las desventajas a que se enfrenta la Isla en el programa Medicare, que sirve principalmente a la población de la tercera edad.
«No creo que el GOP vaya a estar de acuerdo con la paridad en Medicaid», contrario a la posición que tiene el gobierno de Barack Obama, indicó Paul Weiss, quien fue cabildero de las administraciones populares de Alejandro García Padilla y Aníbal Acevedo Vilá, y es director gerente de la firma Prime Policy Group.
Farrow considera que la presencia de la comisionada residente Jenniffer González en el caucus republicano de la Cámara baja ayudará a encontrar por lo menos una solución al precipicio fiscal en el sistema de salud. Mientras, Weiss sostuvo que lo importante es conseguir «un vehículo legislativo» para por lo menos extender los $1,200 millones anuales de Medicaid que ha provisto Obamacare antes de que llegue el abismo.
«Pienso que el Congreso y la administración van a tratar de encontrar formas de atender el abismo fiscal en salud, aunque será más difícil conseguir un reembolso similar al de los estados», dijo una fuente republicana que conoce los planes del comité de transición de Trump y cercana al Congreso.
Contrario al interés general republicano en utilizar el reemplazo de Obamacare para hacer cambios en Medicaid, la mayoría republicana del Senado -que es muy ligera y se redujo en dos escaños-, no parece dispuesta a impulsar ahora una reforma en Medicare.
Los republicanos del Congreso y el presidente electo Trump hablan, no obstante, con entusiasmo sobre la posibilidad, finalmente, de lograr una reforma contributiva federal.
«Debe esperarse la más grande transformación de los últimos 30 años o más. Tasas contributivas netas más bajas -en términos del porcentaje de los ingresos que tributará-, pero con menos apartados especiales para deducir contribuciones», dijo Farrow.
Weiss piensa que el gobierno del PNP debe aprovechar la posibilidad de una reforma contributiva federal para ser «pragmático» y buscar «una ventaja para Puerto Rico frente a las jurisdicciones foráneas con las que van a competir para mejorar la producción manufacturera».
«Los costos de la desaparición de las 936 son muy claros. La recesión comenzó el mismo año en que la eliminación progresiva de las 936 concluyó, en 2006, y la deuda se duplicó en 10 años y la recesión ha sido continua», agregó Weiss.
Atención a la estadidad
La comisionada residente González ha indicado que el plan del gobierno del PNP buscará que exista una tasa tributaria federal más baja para las empresas estadounidenses que hacen negocios en Puerto Rico.
González también ha destacado que la intención del presidente electo de impulsar proyectos de infraestructura en EE.UU. que totalicen $1 billón ($1 trilllion) representa una oportunidad para la Isla.
Con respecto al status político, González presenta mañana medidas que persiguen que el Congreso le ofrezca a Puerto Rico ser admitido como estado de EE.UU. A pesar de ello y de que durante la campaña mantuvo que ahora le tocaba a Washington ofrecer la estadidad, el gobernador Rosselló propuso en San Juan un referéndum local estadidad versus independencia.
Farrow afirmó que «no hay nada más urgente que colocar a Puerto Rico en camino a la democracia y la igualdad a nivel del gobierno nacional» estadounidense.
Pero, el propio ex comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi ha reconocido que la respuesta del Congreso al plebiscito de 2012 fue el lenguaje incluido en una ley federal de enero de 2014 que recomienda otro referéndum local en Puerto Rico y otorga $2.5 millones para financiar la campaña educativa de la consulta. Los fondos son condicionados a que la oficina del Secretario de Justicia de EE.UU. apruebe cualquier definición de status que se incluya en la papeleta electoral y sea mencionada en la campaña educativa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Un análisis del Servicio de Investigaciones del Congreso -publicado el pasado 28 de diciembre-, indica que el texto de esa legislación «parece excluir ?el Estado Libre Asociado mejorado? como opción de status».
«El status no va a cambiar mientras la junta de control fiscal gobierne en Puerto Rico. Sin embargo, las fuerzas antiestadistas no pueden recostarse del ambiente ultraconservador actual porque los republicanos eventualmente van a buscar la manera de suavizar la imagen anti hispana que Trump proyectó en la campaña», indicó, por su parte, Federico de Jesús Febles, quien fue portavoz hispano de Obama en la campaña presidencial de 2008 y subdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA).
Weiss prevé que la comisionada González logrará ganar adeptos para su causa pro estadidad debido a que es integrante de la conferencia republicana, pero piensa que ella misma y el gobernador Rosselló reconocen que los republicanos «están muy lejos de sentirse cómodos con la idea de la estadidad».
La fuente republicana que está informada de los planes del comité de transición de Trump y del sentir del Congreso, dijo que conseguir que el gobierno federal ofrezca a Puerto Rico la estadidad es «improbable».
2017-01-03 00:17:29
