MICHAEL AUSLEN
Herald/Times Tallahassee Bureau
Miami, 17 de febrero, 2017.- Legisladores dieron el primer paso el jueves para sacar a la Florida del programa de reasentamiento de refugiados en medio de acusaciones de que el gobierno federal no colaboró con efectividad con las autoridades policiales del estado.
Una subcomisión de la Cámara de Representantes estatal votó 9 a 5 de acuerdo con las líneas de ambos partidos a favor de una legislación (HB 427) para salirse del programa de refugiados.
Con los refugiados en el epicentro del debate nacional con respecto a la prohibición de viajes hecha por el presidente Donald Trump, la salida del programa ha sido calificada de decisión política.
Pero hacer eso no detendría el flujo de refugiados al estado. En lugar de que los funcionarios estatales coordinaran un programa federal por un valor de $250 millones en la Florida, funcionarios federales se asociarían con agencias sin afán de lucro en el estado.
El representante estatal David Santiago, republicano de Deltona, presentó la legislación, diciendo que los floridanos estaban en peligro porque las agencias policiales del estado no reciben suficiente información sobre los refugiados. Los mismos enfrentan un largo proceso de verificación que puede tomar por años, pero que es llevado a cabo por las Naciones Unidas y varias agencias federales, no por las agencias policiales del estado.
«Esto envía un mensaje al gobierno federal para dejarle saber que si esto va a ser una asociación tiene que tratarse de una asociación mutua», dijo Santiago. «Esto es una manera de presionarlos para que entiendan que tenemos que ser verdaderos asociados».
Lo que se teme es que un terrorista pueda hacerse pasar como refugiado para conseguir la entrada al país.
Sin embargo, agentes del Departamento de Policía de la Florida dijeron a los legisladores que no ha habido ni una sola instancia en que un refugiado haya cometido un acto de terrorismo en el estado, y en otros estados existen pocos casos documentados al respecto.
De hecho, según expertos, la Florida podría perder en realidad el acceso a la limitada información que su Departamento de Niños y Familias (DCF) recibe en la actualidad en caso de que abandone el programa de refugiados.
«De ser aprobado este proyecto de ley, la consulta que tiene lugar en este momento y que ha tenido lugar durante algún tiempo sería eliminada por completo», dijo Mark Schlakman, director principal del programa director del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Estatal de la Florida.
Los demócratas opinan que el proyecto de ley de Santiago, el cual se presenta en un momento en que los refugiados son un tema político controvertido a nivel nacional, tiene una motivación política y no tendrá un verdadero impacto en la seguridad en el estado.
«El proyecto de ley no impide al gobierno federal que envíe refugiados aquí», dijo el representante Kionne McGhee, demócrata de Miami. «Lo que hace en realidad el proyecto de ley es servir de comidilla a la base de un partido político con objeto de justificar las elecciones futuras».
El partido en minoría ya criticado varias veces este año al presidente de la Cámara Richard Corcoran, republicano de Land O?Lakes, por asuntos relacionados con los refugiados.
Esta semana, el representante Bobby Dubose, demócrata de Fort Lauderdale, envió una carta pidiendo más detalles luego de una reciente comparecencia televisiva en la cual Corcoran alegó que era probable que ISIS se hubiera infiltrado en el programa de refugiados de la Florida. Corcoran no ha respondido todavía a esa carta, de acuerdo con la Oficina Demócrata de la Cámara.
Si el estado se saliera del programa financiado por el gobierno federal, funcionarios de Washington se asociarían con agencias sin afán de lucro en el estado en lugar de utilizar al DCF. Eso fue lo que sucedió en Texas luego de que el estado se salió del programa de refugiados a fines del año pasado.
Las agencias caritativas de la Florida que se dedican a brindar servicios a los refugiados afirman que eso complicaría su trabajo y podría crear nuevos gastos en sus negociaciones con los planes de seguros y en la administración del programa de refugiados más grande del país.
«No creo que haya habido queja alguna sobre la manera en que DCF está haciendo su trabajo en estos momentos», dijo Michael Sheedy, director ejecutivo de la Conferencia de Obispos Católicos de la Florida, cuya rama caritativa presta servicios a los refugiados en el estado. «Preferiríamos no tener que dedicarnos a crear otro sistema duplicado hoy en día».
2017-02-17 06:13:32
