Washington, 1 abr (PL) El presidente norteamericano, Donald Trump, mantiene hoy su determinación de desmantelar políticas dedicadas a enfrentar el cambio climático, como demostró esta semana con una orden que revoca el Plan de Energía Limpia de la administración anterior.
Tras cuestionar la existencia del cambio climático y nombrar a un escéptico de ese fenómeno, Scott Pruitt, jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), no fue una sorpresa que el mandatario rubricara el martes la llamada Orden Ejecutiva de Independencia Energética.
El documento suspende más de media docena de medidas promulgadas por el Gobierno de Barack Obama y refuerza el uso de los combustibles fósiles.
La directiva pide a la EPA que considere derogar la política de energía limpia, insta a los reguladores federales a anular los límites de emisión de dióxido de carbono y suspende la moratoria sobre los nuevos contratos de arrendamiento de yacimientos de carbón, entre otros aspectos.
Tal orden no dejó indiferentes a legisladores, autoridades y organizaciones ambientales que en diferentes lugares del país criticaron la normativa y prometieron una cruzada para evitar sus efectos.
Así lo hicieron 10 senadores demócratas que enviaron una carta a Trump para llamarlo a desistir de ese decreto, y una coalición de 23 estados, ciudades y condados que prometieron proteger a los ciudadanos de aquellas acciones del presidente que ignoran la ley y la amenaza del cambio climático.
Junto a la controvertida directriz, ocupó titulares la noticia de que el exasesor de seguridad nacional del presidente, Michael Flynn, solicitó inmunidad al Congreso a cambio de su testimonio sobre presuntos vínculos entre el equipo de Trump y Rusia.
El pedido fue rechazado de momento por el legislativo, al considerarlo demasiado preliminar, pero medios locales no descartan la posibilidad de un trato en el futuro puesto que se trata de una investigación aún en curso.
Otra nota distintiva de la las jornadas recientes fue la rúbrica ayer de dos órdenes ejecutivas destinadas a reducir el déficit comercial del país y señalar a las naciones y productos responsables de ese problema.
Uno de los decretos concede a las entidades federales un plazo de 90 días para revisar las acciones comerciales que perjudiquen a Estados Unidos, y el otro obliga a aquellas empresas que engañan con prácticas de precios consideradas injustas a pagar montos reales.
Durante la semana que casi concluye también impactó la noticia de que Derrick Watson, juez federal de Hawái, decidió bloquear el miércoles de manera indefinida el veto con el cual Trump quiere impedir la entrada a Estados Unidos de personas de seis naciones mayoritariamente musulmanas y de refugiados de cualquier origen.
Al día siguiente la Casa Blanca apeló el fallo del magistrado con el propósito de lograr la aplicación de la directiva, que seguirá ahora su camino legal en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco, California.
Foto de archivo.
2017-04-01 09:10:35
