Por José Aguiar
CARACAS, 2 abr (Xinhua) — A sólo cinco días de haber publicado la sentencia número 156, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió «suprimir» uno de sus puntos y regresar las facultades constitucionales al Congreso, sobre el cual continúa el señalamiento de «desacato».
Tras su emisión, el 29 de marzo, el dictamen generó, de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro, una «controversia» entre los poderes públicos, lo cual conllevó, la noche del viernes 31 de marzo, a la activación del Consejo de Seguridad de la Nación, en el que instaron al máximo tribunal a «revisarlo».
Aunque la mañana del sábado el TSJ anunció la decisión con la que dio respuesta al exhorto de los demás poderes (Ejecutivo, Electoral y Ciudadano), todos los actos de la opositora Asamblea Nacional (AN, Congreso) siguen siendo «nulos» por continuar en condición de «desacato».
Tal situación sólo puede revertirse si el Poder Legislativo separa de los cargos a tres de sus diputados en un acto oficial, debido a que el TSJ invalidó la desincorporación que éste anunció mediante un comunicado a mediados del año 2016.
Al referirse al enmendado dictamen con el cual el TSJ se atribuyó por unas horas las funciones parlamentarias, el presidente del Congreso, de mayoría opositora, Julio Borges, dijo que el «golpe de Estado» no se «corrige» suprimiendo tal sentencia.
En tanto, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, afirmó la víspera que las decisiones emanadas por la institución que representa «no han despojado al Parlamento de sus funciones, ni lo ha disuelto, ni anulado».
En ese sentido, el abogado constitucionalista Jesús Silva dijo a Xinhua que el fallo aclaratorio publicado el sábado «no contradice la primera sentencia», sino «que más bien permite dilucidar que (…) las decisiones del TSJ no persiguen la eliminación de la AN, tampoco arrebatarle competencias o atribuciones».
«Más bien se subraya, en este pronunciamiento aclaratorio, que es una facultad excepcional de la Sala Constitucional intervenir fijando lineamientos cuando se produzca una omisión legislativa, vale decir, cuando la AN deja de tomar decisiones importantes para el funcionamiento del estado de derecho», indicó.
Sin embargo, a juicio de la fracción opositora, los 50 dictámenes que el TSJ ha aprobado contra el Legislativo, desde inicios de 2016, buscan «beneficiar» al Ejecutivo de Maduro, a quien acusan de ejercer influencia sobre otros tres poderes públicos.
En cuanto a la reformada sentencia número 156, Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC Consultores, aseveró que el TSJ, «en vez de hacerle un favor» a Maduro, lo que hizo fue ponerlo en «una posición de debilidad ante el mundo, principalmente ante los potenciales prestamistas» internacionales.
En su opinión, el «zarpazo» al Parlamento puso «en bandeja de plata» a la oposición local la posibilidad de decir: «sí señores, sí (hubo) una ruptura del hilo constitucional. Sí, aquí hubo, efectivamente, un tema de que se neutralizó a la Asamblea Nacional» .
Respecto a este señalamiento, el presidente Maduro respondió en días pasados que «la única ruptura del orden constitucional» en Venezuela se dio en el año 2002, cuando dirigentes de oposición encabezaron un «golpe de Estado» contra el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
De acuerdo con el abogado Silva, «es perfectamente constitucional» que el TSJ se atribuyera las facultades del Congreso porque, argumentó, «desde hace tiempo, y como resultado de infracciones jurídicas sistemáticas de la Asamblea, estamos en presencia de un caso de omisión legislativa».
En contraste, Ramírez cuestionó que desde el triunfo de la oposición en el Parlamento, en diciembre de 2015, «el Tribunal Supremo prácticamente» se ha enfocado en «ayudar» a la administración de Nicolás Maduro a «resolver una cantidad de cosas (legales), especialmente en neutralizar a la AN».
Sobre la solución de la «controversia» entre el TSJ y la Fiscalía General, notificada la madrugada del sábado, el experto manifestó que es un «espejismo» con el cual el gobierno busca dar la impresión «de que en Venezuela (…) hay independencia de poderes».
«Ese espejismo, claramente, termina enfocado en que la medida (es) revertida. No obstante, en término de la ‘realpolitik’, yo dudo que la Asamblea Nacional pueda tener la capacidad de volver a tener los poderes (facultades constitucionales)», sostuvo.
Por ahora, mientras que la gestión de Maduro sortea una aguda crisis interna, factores internacionales presionan para que se active contra Caracas la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ese contexto, el secretario general de ese organismo, el uruguayo Luis Almagro, consideró «urgente» convocar a una nueva reunión del Consejo Permanente con el propósito de «trabajar unidos en el hemisferio» para «recuperar la democracia en Venezuela».
Asimismo, los miembros fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur), Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, anunciaron ayer la activación de la Cláusula Democrática de este mecanismo, tras argumentar la «falta de separación de poderes (públicos)» en Venezuela.
2017-04-02 13:34:10
