Por Edna Alcántara
MEXICO, 23 ene (Xinhua) — La corrupción y la desorganización social que desde hace años imperan en México están detrás de la explosión de una toma clandestina de hidrocarburo en Tlahuelilpan que, el viernes, se cobró la vida de más de 90 personas, coinciden autoridades, expertos y también familiares de las víctimas y la ciudadanía en general.
Las fallecidos y los heridos -medio centenar de ellos en estado crítico- estaban entre los cientos de personas que, desde diversos puntos, acudieron durante varias horas a recolectar la gasolina que escapaba de la toma clandestina, ubicada en el kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula, de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Hombres, mujeres y niños llegaron al lugar con bidones, cubetas y cualquier recipiente en el que se pudieran llevar gratis uno o varios litros de combustible «como si se tratara de un día de compras», lamentó en una entrevista con Xinhua la académica mexicana Ivonne Acuña Murillo.
«Las actividades delictivas relacionadas con el robo y venta de combustible son conocidas en México desde hace algunos años», explicó la experta, que trabaja en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de México.
A su juicio, las «constantes imágenes» de personas recogiendo combustible con todo tipo de recipientes «terminaron por crear en la ciudadanía la percepción de que se trataba de hechos cotidianos incontrolables» en los que bandas del crimen organizado, autoridades y policías, así como la población misma, participaban «sin que se pudiera evitar».
En su opinión, se trata de analizar cómo en México el «huachicoleo» (robo de combustible) «se convirtió en un comportamiento normalizado para los pobladores que por hambre, desesperación o sentido de oportunidad acudieron, sin ningún prurito moral, pero, sobre todo, sin ninguna precaución, a robar el combustible que salía a borbotones por el ducto mencionado».
La tragedia llega en un momento en que el recién instaurado Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador combate la corrupción e impunidad, y también en el marco de un plan nacional contra el robo de combustible.
El plan, que entró en vigor el 27 de diciembre, registró la escasez de hidrocarburos en algunos puntos del país, sobre todo en el centro y occidente.
Contempla la vigilancia de los ductos de Pemex y la localización de tomas clandestinas, con el despliegue hasta el momento de 8.000 policías federales y soldados, y que se repartan a las estaciones de gas los combustibles mediante camiones tanque.
Una de las líneas de investigación respecto a la explosión del viernes es que la toma clandestina fue abierta por ladrones de combustible.
«En el caso que aquí se presenta, es evidente que las situaciones de anomia (estado de desorganización social) que enfrenta el país no se derivan sólo de una sociedad incapaz de clarificar y hacer cumplir sus propias normas, sino de un entramado que involucra a todo el Estado», apuntó Acuña Murillo.
Los habitantes de Tlahuelilpan viven su duelo por lo ocurrido, al mismo tiempo que reconocen que la ignorancia o la necesidad forzó a sus familiares, amigos y conocidos, a acudir al lugar del siniestro.
«La inocencia de unos y la necesidad, así como el desabasto (de gasolina), orilló a muchos porque había mujeres y niños», dijo a Xinhua Norma Serrano, una de las pobladoras de la localidad y cuyos familiares y vecinos fueron a la toma. Uno de sus hermanos está herido y otro desaparecido.
Como el suyo existen decenas de casos. María Isabel García, una comerciante que también tiene heridas a dos sobrinas, relató que «al pasar por el lugar vieron la posibilidad de sacar hidrocarburos y se les hizo fácil despacharse», sin pensar nunca lo que iba a pasar.
«Creo que lo ocurrido es una reflexión para que no se repitan casos como éste», expuso Acuña Murillo.
Consideró que el suceso debe ser un motivo para «mejorar las medidas de prevención y protocolos para controlar la fuga de hidrocarburos» y para evitar que los ciudadanos se acerquen a las tomas clandestinas.
Diversos medios mexicanos han cuestionado por qué los militares y policías que resguardaban la toma cuando se reportó la fuga no dispersaron a la multitud que acudió a abastecerse sin tomar medidas para no empaparse, lo que pudo haber evitado el elevado número de muertos.
Las autoridades señalan que se pidió a la población que se alejara evitando la confrontación, pues en otro suceso similar reciente, los mismos pobladores secuestraron a un soldado.
López Obrador, quien justo un día antes de la tragedia abogó por que los mexicanos no protegieran a los «huachicoleros» ni aceptaran ir a tomas clandestinas, anunció este martes un programa especial de apoyo económico para las personas más afectadas por el robo de combustibles.
«Ningún mexicano va a tener la necesidad de dedicarse a estas actividades porque van a tener trabajo, bienestar y apoyo por parte del Gobierno», expuso López Obrador, que garantizó una ayuda por familia de hasta 8.000 pesos (416 dólares).
El Gobierno mexicano ha congelado las cuentas bancarias vinculadas al robo de combustible en el país, un negocio ilícito de varios millones de dólares.
Además, ha iniciado una línea de investigación de funcionarios y trabajadores de Pemex quienes eran partícipes del robo de combustibles en refinerías y al parecer también de petróleo crudo en plataformas en el sureste mexicano.
El presidente mexicano reconoció que el país, su Gobierno y el Estado enfrentan un gran reto: abatir la corrupción y la impunidad, pero también «regenerar la vida pública ante la degradación».
2019-01-23 10:22:54
