Washington, 6 oct (PL) Alrededor de 36 mil beneficiarios de una iniciativa favorable a jóvenes inmigrantes indocumentados en Estados Unidos dejaron pendiente hoy la renovación de su estatus.
La víspera venció el plazo concedido por el Gobierno del presidente Donald Trump con el fin de actualizar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Existente desde junio de 2012, dicha medida concede protección legal a unos 800 mil jóvenes contra la posibilidad de ser deportados.
También permite a quienes arribaron sin papeles a Estados Unidos cuando eran niños permanecer en su territorio, y obtener permisos de trabajo, renovables cada dos años, si cumplen diferentes requisitos.
Según David Lapan, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, unas 118 mil de las 154 mil personas que cumplían los requisitos para renovar su condición habían entregado las solicitudes correspondientes hasta el mediodía de ayer, cuando faltaban 12 para agotar el tiempo otorgado.
Hace tres días, la secretaria en funciones de esta entidad, Elaine Duke, señaló en un comunicado que resultaba imperativo recibir físicamente las solicitudes hasta la última medianoche.
El Gobierno norteamericano, mediante el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció el fin del DACA el 5 de septiembre último, lo cual dio paso a diversas protestas.
Sessions cuestionó además en esa ocasión la legalidad del mecanismo aprobado por orden ejecutiva del entonces presidente, Barack Obama, antecesor del actual ocupante de la Casa Blanca.
Previo al mensaje del fiscal general, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional precisaron que no aceptarían nuevas solicitudes de quienes podrían cumplir los requisitos del programa, pero no estaban protegidos hasta el momento. Asimismo, dieron a conocer que los beneficiarios actuales no se verán afectados hasta el 5 de marzo de 2018, y los poseedores de un permiso que expirara entonces tendrían la posibilidad de solicitar hasta el 5 de octubre una renovación de dos años.
Trump decidió rescindir el DACA y dio un plazo de seis meses al Congreso para ocuparse del tema, pero no describió cómo desea que el Legislativo lo haga y dejó en manos de senadores y representantes las determinaciones.
La cámara alta realizó el 3 de octubre la primera audiencia sobre el tema después del pedido del gobernante, y el titular de su Comisión Judicial, el republicano Chuck Grassley, expresó que el mecanismo era inconstitucional.
‘Todos sentimos empatía con los jóvenes que vinieron aquí sin que fuera su culpa. Es hora de encontrar un sendero hacia el consenso. Un plan tiene que incluir una fuerte seguridad fronteriza, y con ello no quiero decir un muro’, señaló según reportes de prensa.
Ante este contexto, Casa Maryland, una organización del estado homónimo en defensa de los inmigrantes, presentó una demanda contra la administración estadounidense.
De acuerdo con ese recurso, la decisión de poner fin al programa estuvo motivada por un ‘ánimo racista’ de parte del jefe de Estado contra los mexicanos y otros centroamericanos.
Buscamos restablecer el DACA y queremos que el Gobierno federal mantenga su promesa de que la información presentada por los beneficiarios, llamados frecuentemente ‘dreamers’ (soñadores), en sus solicitudes sea mantenida en privado y no usada contra ellos, señaló el presidente de Casa Maryland, Gustavo Torres.
Reportes de prensa divulgaron que una parte de quienes no optaron por la renovación ya lograron regularizar su situación migratoria, o carecían de los 495 dólares necesarios para realizar el trámite.
Senadores demócratas pidieron a Duke una prolongación de dicho plazo debido al factor económico y las consecuencias del azote de los recientes huracanes Harvey, Irma y María en Texas, Florida, Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses.
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional fue ampliar el tiempo para los soñadores residentes en los dos últimos territorios y prometer la evaluación de forma específica en casos puntuales.
Instamos a los republicanos de la Cámara de Representantes a poner a un lado la política partidista y unirse a nosotros para pedir un voto de la iniciativa de Ley Dream, manifestó ayer la congresista demócrata Michelle Lujan Grisham.
Esa propuesta otorgaría un estatus de residente condicional a los ‘soñadores’, y se cancelarían las órdenes de deportación que pesan sobre ellos.
2017-10-06 17:10:43
