Por Edilberto F. Méndez*
Santo Domingo, 25 de dic (PL) La corrupción en la República Dominicana se hizo sentir en el año que concluye con procesos los cuales removieron los cimientos de esta sociedad
Los efectos de este flagelo que se cuela en los países para desangrar las arcas públicas y crear un sinnúmero de problemas económicos, éticos y morales, no fueron ajenos al gobierno del presidente Danilo Medina.
El año comenzó con el sonado caso de Odebrecht, donde Dominicana apareció como uno de los países en el cual más sobornos recibieron sus funcionarios a cambio de la adjudicación de obras.
La empresa brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos para acceder a contratos de obras entre 2001 y 2014.
Así las cosas, no fue hasta el 29 de mayo cuando el Ministerio Público emitió orden de arresto contra 14 personas, la mayoría de ellos altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicano, incluyendo a tres miembros del Comité Político, máximo órgano de dirección de esa organización, y dos del Comité Central .
También entre los implicados en el escándalo hubo dirigentes del opositor Partido Revolucionario Moderno, del Partido Revolucionario Dominicano, junto a empresarios y otros funcionarios.
A todos los detenidos se les acusó de soborno, asociación de malechores, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
De ahí para acá no todo ha sido color de rosa, el caso aún está vivo y sin pasar por la justicia, lo último ocurrido fue que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la decisión, la cual varió la coerción a dos implicados en el caso.
La decisión, que favoreció al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz y al empresario Ángel Rondón, fue tomada por unanimidad y de esta manera se ratificó la decisión del juez Francisco Ortega, quien el 6 de septiembre pasado dispuso la libertad condicional de los implicados luego de en junio haber dictado prisión preventiva.
De esa forma, la Suprema Corte mantuvo la libertad de ambos imputados mediante el pago de fianzas, presentación periódica e impedimento de salida del país y eso provocó gran repercusión a lo interno, aunque siguen en libertad condicional.
Pisándole los talones al caso de Odebrech, el país se estremeció el 4 de febrero por la muerte a tiros de dos locutores en la misma emisora donde laboraban en la provincia de San Pedro de Macorís.
Los locutores Luis Manuel Medina y Leo Martínez fueron asesinados a balazos por José Rodríguez, quien luego se suicidó.
La investigación de una comisión designada por el jefe de Estado, concluyó que el hecho tuvo su origen en una venta irregular de terreno hecha por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) a Rodríguez.
En aquel momento, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, titular de la comisión, dijo que los locutores asesinados no estaban relacionados con los terrenos, los cuales Rodríguez adquirió del CEA.
Un acto más reciente y no menos impactante donde volvió a salir la corrupción, fue la conmovedora muerte del jurista y profesor universitario Juniol Ramírez.
Por ese crimen, las autoridades acusan al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, y dos exempleados de la institución.
El origen del asesinato parece ser la querella presentada por Ramírez ante el Tribunal Superior Administrativo de supuesta corrupción en la OMSA.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Rivas acordó pagarle cuatro millones de pesos a Ramírez para que desistiera de someterlo a la Justicia por las supuestas irregularidades detectadas, aunque aún no todo se ha esclarecido.
Pero fuentes oficiales expresaron que las denuncias de corrupción en la gestión del director de la OMSA empezaron hace unos cuatro años después de tomar posesión de su cargo en 2012, inclusive el periódico Diario Libre difundió un trabajo en 2013 donde ya se veía que algo no iba bien.
Como dice la expresión popular, para muestra un botón, basta lo mencionado para valorar que el año concluido dejó muestras imborrables y manchas con las cuales el gobierno debe trabajar para borrarlas y, sobre todo, evitar la repetición de casos similares.
Sin embargo, cuando hablamos del tema que nos ocupa no podemos dejar de mencionar un movimiento el cual surgió, creció y se desarrolló precisamente para luchar contra la corrupción y la impunidad en este mismo año, denominado Marcha Verde.
Este movimiento cívico surgió tras revelarse los sobornos pagados por Odebrecht, momento en el cual perfilaron una estrategia de lucha contra esos males y su constante presión jugó un importante papel a la hora de imputar a los implicados en el caso.
Hace apenas unos días, Marcha Verde ratificó que seguirá adelante la lucha llevada a cabo principalmente contra la impunidad y la corrupción reinante en este país.
El movimiento tuvo su Foro el pasado día 17 de diciembre donde trazó su estrategia de cara al 2018 y decidió mantenerse en pie hasta lograr que los males mencionados dejen de ser elementos permanentes en el actuar político, económico y social en la nación.
El 2017 deja malos recuerdos, lo mejor sería pasar la página y encaminar los pasos hacia una sociedad más sana donde un flagelo como la corrupción no tenga cabida, pero el impacto de lo ocurrido fue tan fuerte que superarlo lleva tiempo, esfuerzo y sobre todo, decisión política.
*Corresponsal de Prensa Latina en la República Dominicana
2017-12-25 09:47:07
