Washington, EE.UU., 24 de Octubre.-Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas afectadas por la Ley de Regularización de Extranjeros en República Dominicana solicitaron al Estado la creación de una mesa nacional de diálogo a los fines de discutir un gran acuerdo para la solución integral de los problemas que califican de apatridia y negación de acceso a documentos de identidad que afectan a miles de personas en el país.
Expresaron que su demanda fue parte de los petitorios de la audiencia «Derecho a la Nacionalidad en la República Dominicana», celebrada en Washington, en el marco del 156 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convocatoria de oficio a la que también asistieron representantes del Estado dominicano.
En el foro, activistas de la Plataforma Dominicanos por Derecho abordaron la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana a partir de promulgación de la ley 169-14, respuesta estatal a la crisis de derechos humanos generada por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana en 2013.
Implemetación ley 169-14: arbitariedad de funcionarios públicos excluye a destinatarios
El abogado Manuel Dandré, quien dio inicio a la ponencia de los peticionarios, afirmó que a 17 meses de la promulgación de la ley 169-14, el Estado dominicano sigue excluyendo y limitando el ejercicio del derecho a la nacionalidad de las personas afectadas, a las que divide en dos grupos en función del registro de su nacimiento en los libros del Estado Civil.
El colectivo proclama que a través de la medida el Estado extiende y agrava la situación de apatridia en República Dominicana al reafirmar la desnacionalización de parte de sus destinatarios, no configurar ningún tipo de opción para que los niños, hijos de dominicanos de ascendencia haitiana puedan acceder a sus documentos de identidad, ni considerar la diversidad de los perfiles, características sociales, culturales y económicas de la población afectada.
Aunque la ley reconoce la nacionalidad al primer grupo de sus destinatarios/as, la personas que previamente tenían un registro, incluidas en el denominado Grupo A, la Junta Central Electoral no ha entregado los documentos públicos que acreditan su identidad.
Asegura que la Junta Central Electoral ha condicionado la entrega de documentos que la ley ordena sea de forma expedita a realización de la auditoría de los libros del registro civil, sin embargo los destinatarios de la ley son sometidos a nuevos proceso que retardan o impiden la entrega, a pesar del llamado que hizo a 55 mil personas en junio pasado a recoger su registro de inscripción. Muchos de las personas afectadas no aparecen en esta lista, mientras que otros a pesar de haber recibido sus documentos actualizados no pueden realizar actividades de la vida civil con normalidad, violándoles sus derechos civiles y políticos y decretando definitivamente su apatridia.
El bloqueo administrativo por parte de la Junta Central Electoral y del Ministerio de Interior y Policía, aseguró Dandré, impide se materialice las precarias opciones que ofrece la ley 169-14 y coloca la problemática en un punto muerto.
Sobre las personas no inscritas en los libros del registro civil, o Grupo B, habló Ana María Belique del Movimiento Reconoci.do. Al plantearles un proceso de naturalización ordinaria para tratar de recuperar en dos años lo que por derecho les corresponde desde el nacimiento, la ley 169-14 fortalece la privación arbitraria de su nacionalidad.
Cuestiona que mendiante el carnet entregado por el Ministerio de Interior y Policía se pretende adjudicar la nacionalidad de sus padres a las personas que accedieron a la fase de registro del plan Naturalización de la ley 169-14, sin tener el Estado dominicano potestad de hacerlo. Este grupo tendrá dificultades de cumplir con los requisitos de un proceso diseñado para ciudadanos extranjeros con documentos y nacionalidad acreditada.
Belique abogó por la inclusión de los dominicanos/as que no pudieron acceder al Plan de Naturalización, en muchos casos por que la ley no les contemplaba dentro del grupo de beneficiarios a pesar de haber nacido antes del 2010 y en otros porque el bloqueo administrativo por parte de la Junta Central Electoral y del Ministerio de Interior y Policía impide se materialice las precarias opciones que ofrece la ley 169-14, colocando la problemática en un punto muerto.
La discriminación de género en el registro civil, el acoso a comunidades afrodescendientes, las detenciones arbitrarias y el riesgo de expulsión de dominicanos de ascendencia haitiana fueron también puntos tratados eun espacio de dialogo entre sociedad civil y estados del continente americano.
Por sociedad civil el abogado Natanael Santana cerró el foro con una contundente reflexión: «Hasta cuando toleraremos que nuestros estados puedan jugar con nuestros derechos y hasta el sentido común. Desatar una crisis de grandes proporciones, invertir miles de horas hombres y cientos de millones de pesos en un auditoria del registro civil para determinar que eran solo 132 las actas con vicios de nulidad es risible. El Estado dominicano no tiene voluntad política de resolver el problema, en vez de acoger la recomendaciones de la Sentencia Yean & Bosico introdujo el elemento de herencia, descalifica al árbitro natural cuando el Tribunal Constitucional intenta desconocer la competencia de la Corte IDH y se queja de un trato diferenciado cuando ha sido timido en asumir el dialogo y tomar actitudes en consecuencia».
Estado dominicano: «Continuaremos trabajando hasta que cada persona con solicitud pendiente reciba respuesta»
La delegación del Estado dominicano, ausente el pasado año, estuvo a cargo de un nutrido grupo de abogados y diplomáticos encabezado por Pedro Berges, Flavio Dario Espinal y Olivo Rodríguez Huertas. La representación oficial negó que la ley 169-14 sea discriminatoria, más bien «abrió vía de regularización de estatus a miles de personas». Exhortó a que el debate no quede en manos de sectores polarizados.
Nueva vez el Estado dominicano situó la problemática de la apatridia desde una perspectiva migratoria, ofreciendo detalles del Plan Nacional de Regularización, del programa de deportaciones, también dieron informaciones del número de personas inscritas en la primera fase del Plan de Naturalización, aunque aclararon a los comisionados se trata de tópicos distintos.
Los comisionados cuestionan
En la extensa ronda preguntas, los miembros de la CIDH formularon sus inquietudes a los representantes del Estado. La relatora del país Rosa María Ortiz preguntó sobre el número de personas que han accedido a documentos de identidad a través de mecanismos disponibles, sin que la delegación oficial pudiera aportar datos de los destinari@s que ya han obtenido su documentación en virtud de la ley 169-14. La presidenta de la instancia Rose Marie Antoine reconoció los hay avances en el tema pero aseguró que persiste el clima de incertidumbre por la actuación contradictoria de funcionarios públicos.
¿Nacionalidad restaurada o alternativa? Fue una de las preguntas del magistrado Felipe González quien se enfocó en la garantía de derechos de las personas afectadas, especialmente los que no pudieron acogerse al plan de naturalización.
Sobre delegación de Sociedad Civil
Además de Manuel Dandré, Ana María Belique y Natanael Santana, Jenny Morón, del Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana, quien tuvo a su cargo la lectura del petitorio por parte de la delegación de sociedad civil integrada por Francisco Quintana, director de CEJIL, Yovanna Torres del Centro de Formación Agraria (Cefasa), María Martínez, Roberto Antúan y Génaro del Rincón de Red Jaques Viau.
Dominicanos por Derecho es una plataforma de organizaciones y personas que reivindican los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana.
Sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La CIDH es una instancia autónoma de la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, que provee una vía legal a los habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos humanos por parte del Estado y han agotado procesos locales en el reclamo de justicia. Tiene el mandato de promover el respeto, la observancia y protección de los derechos humanos en la región siguiendo las directrices de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Está integrada por los comisionados James L. Cavallaro, José de Jesús Orozco Henríquez, Felipe González, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson, Paulo Vannuchi y presidida por Rose-Marie Belle Antoine.
2015-10-24 15:33:10
