Santo Domingo, 23 de febrero (DIAPE).- Representantes de organizaciones sociales y de otra índole entregaron ayer a una comisión gubernamental un documento contentivo de una petición al Presidente de la República.
La solicitud hecha por los visitantes, que se identificaron como «La Marcha Verde contra la Impunidad y la Corrupción», consistió en pedir al Mandatario que conforme una comisión de fiscales independientes que, acompañados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), investigue la denuncia de sobornos por parte de la empresa Odebrecht.
La carta con la petición fue acompañada de varios folios que, según dijeron los manifestantes, fueron firmados por más de 312.000 ciudadanos.
La comisión del gobierno que recibió la carta en la recepción de la casa presidencial estuvo integrada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, y las viceministras de la Presidencia, Zoraima Cuello y Alejandra Liriano, quienes prometieron hacer llegar el documento a su destino.
Es de importancia destacar el comportamiento cívico exhibido por los grupos que acudieron al Palacio Nacional a hacer entrega del documento. En forma racional, sin forcejeos ni tumultos, ejercieron un derecho ciudadano que el Gobierno incentiva y apoya, como también respalda toda acción o movimiento que procure el adecentamiento de la vida pública.
El gobierno que encabeza Danilo Medina se ha caracterizado por su pulcritud y por su firme y fuerte compromiso con el cumplimiento de la ley y la promoción de las buenas prácticas en la República Dominicana.
Es un Gobierno que no tolera privilegios ni exclusiones y que lleva a cabo un vigoroso programa de fomento de la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción.
Precisamente, por ese compromiso con la transparencia y contra la corrupción, es que el Gobierno ve con buenos ojos toda acción ciudadana encaminada a exigir castigo para quien haya hecho un mal uso de los recursos públicos.
La gestión del presidente Medina está en sintonía con el clamor de los sectores nacionales que luchan contra la corrupción y la impunidad. Y en lo que respecta al reclamo del grupo que se denomina «La Marcha Verde», no habría objeción alguna, incluso, de que cualquier funcionario que lo desea estampe su firma en el Libro Verde.
Si no se ha hecho ni se promueve esa firma, es porque, como se ha dicho, se trata de un gobierno comprometido con la institucionalidad, con lo que riñe la petición que hacen estos grupos de que el presidente Medina designe a un fiscal especial asesorado por la ONU.
Una medida de este tipo choca y es contraria a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que mal hiciera el Gobierno si da el mal ejemplo y se coloca de espaldas a la Constitución y las leyes dominicanas.
El Presidente de la República como tal no puede crear ni sugerir un fiscal especial, pues las leyes dominicanas se lo prohíben. Para dar ese paso sólo tiene atribuciones el Consejo Superior del Ministerio Público y el mismo estaría reservado para situaciones extremas o para cuando hay un quiebre estatal, que no es el caso de República Dominicana en estos momentos.
Las organizaciones que hicieron la petición de que Medina designe a un fiscal especial, estarían llamando a que se altere la institucionalidad, la seguridad jurídica y que se vea afectada la imagen del país a nivel internacional.
Desde su instalación en agosto de 2012, el Poder Ejecutivo no ha nombrado a un solo fiscal, y mucho menos con las características del que se solicita, con lo que se estaría violentando el orden institucional.
Pero al margen de esta petición de un fiscal especial, el Gobierno no tendría inconvenientes en firmar un libro que promueva la lucha contra la impunidad y la corrupción. No podrían existir inconvenientes para ello, porque el presidente Danilo Medida lidera una administración comprometida con mejorar la transparencia y la institucionalidad.
El gobierno quiere que la justicia triunfe y que haya castigo para todo el que se compruebe aceptó sobornos de la compañía brasileña. Es que el presidente Medina ha establecido como una prioridad eliminar la corrupción administrativa y fortalecer los controles internos con medidas preventivas para evitar malos actos de funcionarios.
Son muchas las medidas implementadas que evidencian el fuerte compromiso del Gobierno con el cumplimiento de la ley y de promoción de las buenas prácticas en la República Dominicana.
Ahí están las licitaciones públicas, la creación de 25 Comisiones de Veedurías, la Cuenta Única del Tesoro, la racionalización del gasto público y el saneamiento de nóminas en instituciones del Estado.
Asimismo, se ha cumplido rigurosamente con la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, lo que ha permitido la participación justa y democrática de pequeños y medianos empresarios, en igualdad de condiciones y sin privilegios.
Nunca antes en República Dominicana se habían registrado niveles de transparencia como los que existen ahora, bajo la visión de que la transparencia es el muro de contención natural y efectivo contra la corrupción.
Es decir, que el Gobierno está decidido a actuar con firmeza ante las faltas que sean detectadas en el sector público, las cuales serán remitidas a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, o a la Procuraduría General de la República, como ha pasado justamente con el caso Odebrecht.
En ese sentido, hay que destacar que el propio Mandatario ha dado su completo apoyo a las investigaciones que realiza diligentemente la Procuraduría General de la República, sin importar las revelaciones que se podrían desprender de estas pesquisas. «Caiga quien caiga», fue el veredicto del Poder Ejecutivo.
Lo que el Gobierno procura es que se lleve la investigación sobre las denuncias de sobornos por parte de la empresa Odebrecht hasta las últimas consecuencias.
2017-02-23 08:34:53
