Canciller califica declaraciones de relatores de la ONU como una intromisión inaceptable
SANTO DOMINGO.- El secretario de Relaciones Exteriores condenó las declaraciones de los expertos de la ONU en cuestiones de minorías y racismo que recientemente visitaron el país, analizando que “sus interpretaciones y alusiones sobre las leyes y la Constitución dominicanas son antojadizas y constituyen una intromisión inaceptable en nuestros asuntos internos”.
Carlos Morales Troncoso, afirmó que aunque preliminares y por tanto sujetas a variaciones, muchas de las observaciones del relator especial para la lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, Doudou Diéne, y la encargada de las cuestiones de minorías, Gay McDougall, se inscriben en una corriente de opinión que, en base a simples percepciones, intenta construir una imagen negativa de la República Dominicana y rebajar su estatura en la comunidad internacional.
Consideró que uno de los comisionados, la señora Gay McDougall, debió abstenerse de formar parte de la misión por razones éticas, ya que tenía una idea preconcebida desde meses atrás. Como integrante del jurado para el Premio de Derechos Humanos de una organización no gubernamental, McDougall declaró que “el nivel de violencia contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes en la República Dominicana es alarmante…hasta la segunda y tercera generación de haitianos étnicos son blancos de abusos brutales contra los derechos humanos…”.
Morales Troncoso reiteró que sorprende que expertos en racismo y discriminación de minorías, acciones deleznables cuya detección no siempre resulta fácil por la complejidad añeja, produzcan con tanta celeridad conclusiones tan severas y definitivas sobre las instituciones y la sociedad dominicanas en base a simples consultas y compilación de percepciones, con olvido total del rigor científico que norma la investigación social y del análisis estadístico.
Asimismo manifestó que ningún Estado está obligado a implementar legislación específicamente contra la discriminación y se puede argüir que ésta podría interferir con la libertad de opinión.
Analizó que, por ejemplo, en Francia, país que también es signatario de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entiende que la misma “deja en libertad a los Estados firmantes de la obligación de establecer legislación contra la discriminación que sea incompatible con las libertades de opinión y expresión y de las reuniones y asociaciones con fines pacíficos garantizados por esos textos”.
No obstante, garantizó, el Código Penal dominicano condena la discriminación en sus múltiples facetas, e igualmente lo hace el Código de Trabajo. “La República Dominicana respeta escrupulosamente todas sus obligaciones internacionales y se adhiere por convencimiento a las convenciones y estatutos que garantizan los derechos humanos, pero también reconoce la soberanía de los pueblos y el respeto a las decisiones internas como principio indispensable para el mantenimiento de la paz”.
Dijo que en sus declaraciones, los comisionados incurren en afirmaciones contradictorias, confusas y ambiguas extrañas en expertos, pero que generosamente podrían atribuirse a la prisa en sumarse a la corriente de descrédito contra República Dominicana promovida en el exterior con el concurso de dominicanos confundidos o extraviados.
Morales Troncoso preguntó ¿Cómo hablar, por ejemplo, de la existencia en la sociedad dominicana de “una actitud racista profundamente arraigada contra grupos de población como los haitianos, los descendientes de haitianos y, más generalmente, la población de raza negra”, y luego afirmar que “el racismo es casi invisible en algunos segmentos de la sociedad, en particular entre las elites»?
“Como han manifestado ya los voceros de la Junta Central Electoral, dificultades de orden burocrático amén de prácticas corruptas en el pasado, entorpecen la documentación tanto de dominicanos como extranjeros por igual.”
El Canciller aseguró que la República Dominicana tiene sus leyes y reglas constitucionales y, buenas o malas, del agrado o no de expertos extranjeros, el Gobierno está obligado a aplicarlas, y lo hace sin atender a consideraciones raciales, de color o nacionalidad. “Nadie, salvo los dominicanos mismos mediante los mecanismos democráticos, tiene derecho a determinar quién ostenta legalmente nuestra nacionalidad. En el caso concreto de los haitianos o sus descendientes, nacidos o no en territorio haitiano, su Constitución les garantiza un estatuto ciudadano”.
Reiteró que la República Dominicana no se desviará de su propósito de trabajar estrechamente con las autoridades haitianas en resolver de manera armónica la agenda pendiente entre ambos países.
E, igualmente, continuará sus exigencias a la comunidad internacional para que cumpla sus compromisos con Haití, a fin de que los haitianos puedan decidir su futuro por sí mismos en un mejor ambiente económico y político.
2007-11-01 15:05:18
