Jorge Prats confía suspensión condena ex ejecutivos casi Bancrédito
Uno de los abogados de los ex ejecutivos del Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), Manuel Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, doctor Eduardo Jorge Prats reiteró su confianza en que la sentencia que confirma su condena de 8 años de prisión contra los acusados será suspendida por el juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional, Saulo Isabel Díaz.
Jorge Prats expresó que resulta inconcebible que los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a los que dijo se consideran imparciales, asuman una actitud en contra de Pellerano y Mendoza, con mayor énfasis que la parte acusadora y el Ministerio Público.
Entrevistado en el programa Diario de la Mañana, con Ruddy González, que se transmite de lunes a viernes por RNN, canal 27, Jorge Prats dijo que la suspensión de la sentencia se justifica “por lo menos hasta tanto la SCJ conozca el recurso de revisión (sometido por la barra de la defensa), el cual busca revocar el fallo condenatorio”.
Además de Jorge Prats, la instancia fue elevada por los abogados Fernando Langa, Tulio Collado Aybar, José Bienvenido Pérez Gómez y Santiago Rodríguez, representantes legales de los condenados.
La Cámara Penal de la SCJ declaró inadmisible el recurso de casación presentado por los ex ejecutivos de Bancrédito, en contra de la sentencia que los condena a ocho años de prisión y al pago de una indemnización de RD$2.5 millones, por fraude en contra de los ahorrantes de la entidad bancaria.
En otro orden, el jurista, quien participó en la redacción del proyecto de reformas a la Constitución, a instancia del Presidente Leonel Fernández, rechazó que las enmiendas propuestas en el área judicial pretendan disminuir el poder del principal tribunal de la República.
“La SCJ es el único poder del Estado que supervisa las acciones del Ejecutivo y el Legislativo, sin que nadie lo haga a sus miembros; designa todos los jueces de los tribunales de de justicia y tiene independencia administrativa”, recordó Jorge Prats.
Indicó que por esa razón las personas consultadas para hacer las reformas en el sector judicial, así como entidades de la sociedad civil, entendieron pertinente la creación de una Sala Constitucional, que se encargue de conocer las peticiones de inconstitucionalidad o no de una ley o acción gubernamental.
2008-11-11 22:06:56
