BUENOS AIRES, 4 abr (Xinhua) — El juez federal de Argentina, Claudio Bonadio, inició hoy el proceso formal contra la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) por el delito de «asociación ilícita» y «lavado de activos», señaló el Centro de Información Judicial (CIJ).
El CIJ, organismo creado por la Corte Suprema de Justicia para difundir noticias del ámbito jurídico, indicó que el juez también fijó a Fernández un embargo sobre sus bienes por 130 millones de pesos (8,12 millones de dólares).
Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 de Buenos Aires, investiga a Fernández de Kirchner por el presunto delito de formar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe.
El juez la investiga también por el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad; por formar parte de una asociación y ser funcionario público, y por negociaciones incompatibles.
La causa judicial es conocida en Argentina como «Los Sauces», por el nombre de la sociedad familiar de los Kirchner, dedicada al alquiler de propiedades.
La Justicia busca determinar si la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner conformaron una organización dedicada a recibir dinero mediante alquileres, a través de Los Sauces, de empresarios que, previamente, recibieron contratos de obras públicas, licencias de juego o para explotar áreas petroleras.
Según la decisión del magistrado, de 392 páginas, también serán procesados los hijos de la ex presidenta «por tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefes», y los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez, Fabián de Sousa y Osvaldo Sanfelice, en calidad de «organizadores».
El magistrado prohibió la salida del país de todos los procesados.
El pasado 28 de diciembre, el juez federal Julián Ercolini inició el proceso formal contra la ex presidenta por el delito de «asociación ilícita» y «administración fraudulenta, en la causa denominada «Hotesur», por la sociedad dedicada a inversiones hoteleras de la familia Kirchner.
Ese magistrado también fijó a Fernández un embargo sobre sus bienes por 10.000 millones de pesos (625 millones de dólares).
Ercolini, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 de Buenos Aires, investiga a Fernández de Kirchner por el presunto direccionamiento de obra pública para favorecer a empresarios allegados a la ex mandataria, quien ha rechazado las acusaciones.
Las causas que llevan adelante Ercolini y Bonadio (quien en su decisión se declaró «incompetente» para seguir entendiendo y pidió que el expediente se unifique en el juzgado de Ercolini) corren en paralelo a otras investigaciones contra la ex jefa de Estado.
El 23 de marzo, el propio juez Bonadio dispuso que Fernández de Kirchner vaya a juicio oral para determinar si durante el tramo final de su mandato el Banco Central (BCRA) realizó operaciones financieras que causaron perjuicio al erario público.
Según la denuncia, mediante la celebración de contratos de futuros de dólar el Banco Central habría vendido dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos por unidad, casi 50 por ciento por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos en aquel entonces.
2017-04-04 14:15:07
