Por Victoria Argüello
CARACAS, 2 may (Xinhua) — La instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela confronta al gobierno y a la oposición; sin embargo, expertos en la materia ven una salida al conflicto político y social en el país sudamericano.
El gobierno del presidente Nicólas Maduro apuesta a una nueva Constitución para solucionar los problemas tras «agotarse todas las vías pacíficas» con la oposición, la cual cataloga la medida como la consumación de un supuesto «golpe de Estado».
«El objetivo de esta Constituyente es la paz a través del diálogo, agotadas todas las formas de diálogo internacionales y nacionales, lo que queda es esto, elegir a interlocutores válidos, porque es el pueblo quien está escogiendo el destino de la nación», consideró el abogado constitucionalista, Hermann Escarrá.
La decisión del presidente Maduro se da en un contexto de manifestaciones en pro y en contra del gobierno que han dejado 29 muertos, más de 430 heridos y miles de detenidos desde abril.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática, con mayoría en el Congreso, desconoce el mecanismo, por considerarlo «ilegal».
Ante las dudas sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y los métodos para elegir a los 500 constituyentes, el abogado Escarrá explicó que no se busca transformar sustancialmente la actual Constitución, sino ampliar su contenido.
«Se incorporarán los derechos de los jóvenes, se reforzará la doctrina de la política internacional a raíz de lo que ha vivido Venezuela y se reforzarán mecanismos de defensa de la Constitución», agregó.
En 1999, Venezuela experimentó un proceso Constituyente convocado por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), en el cual sí se transformó la esencia de la Constitución de 1961.
Allí se refundó el Estado creándose la V República, otorgándosele el nombre de República Bolivariana de Venezuela. Se creó el artículo 5 que establece que «la soberanía reside en el pueblo» y la democracia pasó a ser «participativa» en lugar de «representativa».
La víspera, Maduro estableció nueve líneas de acción que llamó a priorizar dentro de la redacción de la nueva Constitución, como la garantía de paz, la creación de un nuevo sistema económico pos-petrolero, la garantía de seguridad y justicia, así como derechos juveniles, entre otros.
Sin embargo, la medida no será posible si al final del proceso, cuando se lleve a cabo el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, no se logra que la mayoría de la población vote a favor.
Hermann Escarrá explicó que tras el decreto para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el segundo paso fue la creación de una Comisión Presidencial.
Al frente de esta comisión se encuentra el ministro de Educación, Elías Jaua Milano y otros 11 funcionarios de gobierno y figuras públicas, incluyendo a la primera dama, Cilia Flores y la canciller, Delcy Rodríguez.
Escarrá, también miembro de la Comisión Presidencial para la Constituyente, precisó que en teoría el ente tiene 15 días «para hacer lo propio», es decir, sentar las bases del proceso.
El experto descartó que se lleve a cabo un referéndum consultivo para que la población elija si quiere o no realizar la Constituyente, puesto que esta parte del proceso «no está prevista en la Constitución».
En el siguiente paso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) establecerá un cronograma para las postulaciones y posteriormente para la elección de 500 constituyentes «a través del voto universal, directo y secreto».
El mecanismo de postulación y elecciones será por circunscripciones geográficas correspondientes a los 23 estados del país, más el Distrito Capital, sumado a un mecanismo decidido por el gobierno que es hacerlas por sectores.
Las formas de postulación y elección sectorial aún no han sido explicadas por el Ejecutivo ni por la Comisión Presidencial, pero se espera que sea el CNE la que se pronuncie finalmente sobre este nuevo mecanismo.
«Ellos (los representantes sectoriales) tienen que ir a la decisión del pueblo, de escogerlo o no escogerlo, es un tema más de la postulación que otra cosa», puntualizó Escarrá.
El experto estimó que tras la elección de los 500 constituyentes, en un plazo de tres meses se deberá redactar el nuevo texto constitucional, y finalmente éste debe ser aprobado por la mayoría de la población.
«Siempre debe haber un referéndum aprobatorio, estamos obligados a hacer eso en cualquier procedimiento, ya sea en la Constituyente, en la enmienda o en la reforma», explicó.
El abogado descartó la disolución de los cinco poderes públicos, ya que éstos entrarán en un proceso de renovación que permitiría destrabar el conflicto actual entre poderes. Fin
2017-05-02 22:20:17
