BRASILIA, 4 oct (Xinhua) — La defensa del presidente brasileño, Michel Temer, afirmó hoy que la denuncia por supuesta tentativa de obstrucción a la justicia y organización criminal en contra de su cliente está basada en «acusaciones vacías».
En la defensa presentada este miércoles ante la Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados, los abogados de Temer solicitaron que el proceso sea rechazado.
De acuerdo con la Constitución, la denuncia contra Temer sólo podrá avanzar en la Corte Suprema si el proceso es aprobado en el plenario de la cámara baja por al menos 342 diputados, el equivalente a dos tercios de ese órgano legislativo conformado por 513 miembros.
En el documento de 89 páginas presentado por el abogado Eduardo Carnelós, la defensa de Temer critica al ex procurador general, Rodrigo Janot, autor de la denuncia, y llama a los delatores «iscariotes», en referencia a Judas, el traidor que entregó a Jesucristo a sus verdugos.
Temer fue acusado con base en la delación premiada de los ejecutivos del grupo JBS, los hermanos Joesley y Wesley Batista, y del operador de cambio Lucio Funaro, quien actuaba en operaciones ilícitas vinculadas al gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
La acusación de obstrucción a la justicia contra Temer se refiere al supuesto aval del presidente para que los ejecutivos de JBS compraran el silencio de Funaro, operador financiero del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
El mandatario es acusado además de liderar una asociación ilícita, en referencia a supuestas actividades ilegales del grupo dirigente del PMDB, que habría organizado un amplio esquema de cobro de sobornos.
También son acusados de participar en el esquema de sobornos ??el ministro jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Moreira Franco, quienes entregaron las defensas más temprano, además de ex ministros y otros dirigentes del PMDB.
La defensa de Temer afirma que la denuncia «es un montón de hechos ocurridos antes de su llegada a la Presidencia, y algunas pocas menciones a sucesos posteriores a mayo de 2016 (cuando Temer asumió el cargo)».
En el documento se solicita a la Cámara de Diputados que no autorice la continuación del proceso, hasta que se cierre el mandato presidencial, en diciembre de 2018.
Según Janot, desde mediados de 2006, Temer y sus aliados más próximos se organizaron «de forma estable, profesionalizada, preordenada, con estructura definida y con repartición de tareas» para cometer delitos, «en especial contra la administración pública, incluso la Cámara de Diputados».
La defensa de Temer respondió a esa acusación, al afirmar que la organización criminal surgió en 2006, por lo tanto la denuncia «versa innegablemente sobre hechos anteriores a la posesión de Michel Temer en mayo de 2016».
La Constitución de Brasil establece que el presidente sólo responde por crimen común cuando el hecho imputado tenga relación con el ejercicio de la Presidencia.
En el capítulo en que cuestionan la acusación por obstrucción a la justicia, los abogados del presidente atacan a los delatores Batista, Funaro y el empresario Ricardo Saud.
De acuerdo con la acusación, Temer dio el aval para que Joesley Batista pagara, a través de Saud, ventajas indebidas a Funaro, con la finalidad de impedir que firmara un acuerdo de delación premiada con la justicia.
La defensa argumenta que, según el propio Janot, Temer «habría instigado una idea que ya preexistía en Joesley», por lo que pretende verlo procesado por instigar algo «que ya acontecía independientemente de su voluntad».
El Código Penal brasileño establece que sólo es imputable a quien da causa a un delito, por lo que la conducta imputada a Michel Temer es «irrelevante».
«Como se ha demostrado, no hay descripción de conducta atribuida a Michel Temer que pueda configurar obstrucción a las investigaciones, siendo inviable, por lo tanto, la instauración de un proceso de crimen», señaló la defensa.
«Basadas en delaciones ofuscadamente mentirosas, las acusaciones interesadas contra Michel Temer se presentan con inviabilidad jurídica autoevidente», agregó.
«El análisis de los autos permite afirmar que el único vínculo entre el presidente y las desviaciones imputadas es la circunstancia de que él es un líder político prominente, que hoy ocupa la Presidencia de la República», subrayaron los abogados.
Una primera denuncia contra Temer por corrupción pasiva fue rechazada por los diputados a inicios de agosto, con lo que el mandatario sólo será juzgado en ese caso tras el fin de su mandato, que vence el 31 de diciembre de 2018.
El presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, declaró la semana pasada que la nueva denuncia debe ser sometida a votación en el plenario el 23 de octubre.
En caso de que la Cámara de Diputados autorice a la Corte Suprema a dar continuidad al proceso, el presidente deberá ser apartado del cargo por 180 días, periodo durante el cual asumiría provisionalmente Maia, como primero en la línea de sucesión. Fin
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Designan a ministra de Vivienda como vicepresidenta de Ecuador
QUITO, 4 oct (Xinhua) — La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, María Vicuña, fue designada hoy miércoles como vicepresidenta del país en el período que dure la ausencia de su titular, Jorge Glas, quien cumple prisión preventiva en el marco de una investigación sobre sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La Presidencia ecuatoriana informó que la decisión fue adoptada por el mandatario Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo que fue divulgado en la página electrónica de la Casa de Gobierno.
Moreno ampara su decisión en el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución que faculta al presidente de la República a nombrar y remover a los servidores públicos cuya nominación le corresponda.
Además, en el artículo 150 se establece que en caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por el presidente de la República.
El decreto señaló que en audiencia celebrada el lunes en la Corte Nacional de Justicia, se dictó orden de prisión preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glas.
«Circunstancia de fuerza mayor que le impide el ejercicio de la función pública para la cual fue electo en las elecciones generales del 2 de abril de 2017, por lo que se ha configurado su ausencia temporal del cargo», señaló.
El decreto precisó que es indispensable para la estabilidad institucional del Estado que toda institución pública cuente con una autoridad que las dirija y represente de manera personal y directa a fin de cumplir su función constitucional y legal.
«Situación que no puede ser ejercida por el vicepresidente (Glas), en razón de la privación de su libertad», subrayó.
En el decreto, el presidente Moreno también encarga a la designada vicepresidenta María Vicuña, realizar el seguimiento al proceso de consulta popular y referéndum que impulsa su gobierno para fortalecer la institucionalidad del país.
El pedido de consulta y referéndum se entregó el pasado lunes a la Corte Constitucional para viabilizar su realización.
El lunes, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, le privó de la libertad a Glas, de manera cautelar, por pedido de la Fiscalía General en una audiencia celebrada en Quito.
Además, dispuso la prohibición de enajenar sus bienes y la retención de sus cuentas.
La justicia investiga a Glas por el presunto delito de asociación ilícita relacionado al pago de sobornos realizados por Odebrecht en este país para beneficiarse con contratos de obras.
Glas, quien niega cualquier relación en la trama de corrupción, cumple la medida cautelar en la cárcel 4 de Quito.
El fiscal general, Carlos Baca, dijo que «lo que ha establecido el juez se fundamenta en elementos de convicción y evidencias recabadas en la investigación» del caso, cuya instrucción fiscal se cerró el pasado 1 de octubre. Fin
2017-10-05 07:46:35
