Por Pau Ramírez
RIO DE JANEIRO, 5 abr (Xinhua) — El caso que puede llevar a prisión al ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó en 2003, cuando la Cooperativa Habitacional de los Bancarios de Sao Paulo (Bancoop) proyectó un edificio de viviendas en el municipio de Guarujá, estado de Sao Paulo.
En 2005, la mujer de Lula, Marisa Leticia, fallecida el año pasado, dio un primer pago para uno de los departamentos del edificio, el número 141, por valor de 195.000 reales (unos 59.000 dólares actuales).
Un año más tarde, durante la campaña electoral para su reelección a la presidencia de Brasil, Lula mencionó en su declaración patrimonial el primer pago del departamento 141 del edificio, por valor de 47.000 reales (unos 14.250 dólares actuales).
En 2009, debido a las dificultades financieras de Bancoop y ante la imposibilidad de poder cambiar la construcción del edificio, la cooperativa lo transfirió a la constructora OAS, una de las mayores de Brasil.
Tras la transferencia, se dieron dos opciones a los propietarios, la devolución del dinero pagado hasta entonces o mantener el apartamento con un nuevo valor.
Marisa Leticia suspendió los pagos para adquirir el departamento, no se decantó por ninguna de las dos opciones y perdió el derecho que tenía sobre el departamento.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal asegura que cuando OAS asumió el lanzamiento, reservó para Lula el dúplex 174, y que tras ser convertido en un tríplex, se convirtió en el apartamento número 164.
En 2010, el diario local «O Globo» publicó un reportaje en el que se aseguraba que el matrimonio Lula era dueño de un ático en el edificio, pero que todavía no tomaba posesión del apartamento.
En 2014, OAS remodeló el apartamento 164 y lo entregó. La constructora invirtió 1,1 millones de reales (unos 330.000 dólares) en reformar la vivienda, cuyo valor era de 1,4 millones de reales (425.000 dólares).
Las remodelaciones se dividieron en obras (700.000 reales, o 212.000 dólares), mobiliario (320.000 reales o 97.000 dólares) y electrodomésticos (19.000 reales o 5.760 dólares).
Ese mismo año, Lula realizó una visita al departamento acompañado del entonces presidente de OAS, Léo Pinheiro.
Pinheiro fue detenido en noviembre de 2014, en el inicio de las investigaciones de la operación «Lava Jato» (Autolavado) sobre la trama de corruptelas alrededor de la petrolera estatal Petrobras.
Durante las investigaciones se descubrieron unos mensajes entre Pinheiro y Paulo Gordilho, ejecutivo de la OAS, en los que se entiende que la remodelación del departamento del matrimonio Lula era por interés de Marisa Leticia.
En 2015, cinco años después de la opción dada por OAS, el Instituto Lula, que comanda el ex mandatario, anunció que la familia desistió de la compra del inmueble y pidió la devolución del dinero invertido hasta entonces a la constructora.
El valor lo reclamó Marisa Leticia a Bancoop y a OAS mediante acciones judiciales.
El Ministerio Público de Sao Paulo abrió una investigación sobre la transferencia de varias construcciones de Bancoop para OAS, incluida la del polémico edificio de Guarujá.
Con el avance de las investigaciones del caso Lava Jato, el 4 de marzo de 2016 Lula fue llevado de forma coercitiva a declarar en la sede de la Policía Federal en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo.
La Fiscalía afirmó tener pruebas de que la familia Lula era la beneficiaria real del apartamento que remodeló OAS.
El mismo día, la Policía decomisó cajas del archivo presidencial de Lula en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, municipio ubicado en el cinturón metropolitano de Sao Paulo donde reside Lula y donde inició su carrera como sindicalista.
En una de ellas, se encontró la inscripción «playa», que según los investigadores, muestra el interés del ex presidente de enviar parte de sus bienes al tríplex en Guarujá.
En agosto de 2016, la Policía brasileña denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero en relación al tríplex.
Los investigadores aseguraron haber encontrado un esbozo en la propuesta del matrimonio Lula para adquirir el departamento en 2005, en la que el número 141 estaba tachado y tenía el 174 como número anterior.
Para la Fiscalía, eso demostraba que el tríplex era el deseo inicial del matrimonio.
En septiembre de 2016, la Fiscalía realizó una denuncia en la que aseguraba que las reformas en el departamento las pagó OAS como ventajas indebidas a Lula, tras lo cual solicitó una condena contra el ex presidente por corrupción pasiva y lavado de dinero.
El 12 de julio de 2017, el juez federal Sergio Moro, responsable en primera instancia del caso Petrobras, condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del tríplex de Guarujá, al asegurar que el departamento fue un regalo de OAS a cambio de la ayuda de Lula en contratos con Petrobras, y que el ex mandatario ocultó la propiedad.
En octubre pasado, los abogados de Lula presentaron un recurso para solicitar la absolución del ex presidente, al asegurar que el juez Moro «reconoció que no hay valores procedentes de contratos firmados por Petrobras que hayan sido utilizados para el pago de cualquier ventaja a Lula».
El recurso de la defensa de Lula fue juzgado el pasado 24 de enero por el tribunal de apelaciones (TRF-4), con sede en Porto Alegre (sur) que, además de desestimarlo, aumentó la condena a 12 años y un mes de prisión contra el ex mandatario.
Según la sentencia, Lula puede seguir apelando en libertad, pero la corte abre la puerta para que pueda ser encarcelado tras el fin de la segunda instancia.
El pasado 6 de marzo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso extraordinario para Lula, el «habeas corpus» preventivo, con la finalidad de evitar una orden de arresto hasta que el caso sea definitivamente cerrado en todas las instancias posibles.
Posteriormente, los abogados de Lula presentaron el mismo recurso ante al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, que el 22 de marzo postergó al 4 de abril la sesión para debatir sobre el «habeas corpus», y además estableció que Lula no fuera preso hasta entonces.
El 4 de abril, por seis votos contra cinco, la Corte Suprema desestimó el «habeas corpus» de Lula, lo cual abrió la puerta para que el mandatario pueda ser apresado en las próximas semanas. Fin
2018-04-06 00:30:18
