Santo Domingo, RD, 20 de Mayo.-El doctor Max Puig, presidente de la Alianza por la Democracia, sostuvo que el gobierno, en su acuerdo con la Barrick Gold, no se preocupó por las consecuencias medioambientales que podrían derivarse de la explotación del oro de Cotuí, al tiempo de proponer controles y fiscalización de las operaciones de la empresa minera por parte del Estado y la ciudadanía.
Puig aseguró que en las negociaciones el gobierno sólo hizo hincapié en obtener más ingresos, dejando de lado todo lo referente a la preservación del medioambiente.
En tal sentido, el exministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales exigió al gobierno dotar al Estado dominicano de los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de los contenidos ambientales del contrato de arrendamiento de la mina ubicada en la provincia Juan Sánchez Ramírez, a fin de prevenir y reparar posibles daños.
«El enorme pasivo ambiental de la Rosario, que pende como espada de Damocles sobre el Bajo Yuna y la bahía de Samaná, debe servir de advertencia. El agua y la vida no tienen precio y deben ser preservadas por encima de todo», advirtió Max Puig al hablar con los periodistas en rueda de prensa realizada en la sede de la Alianza por la Democracia, ubicada en el sector Gazcue de la capital.
Más adelante, Puig subrayó que se debe «exigir que la empresa minera pague por el uso del agua y garantice de manera plena la inocuidad de las aguas servidas, mediante el cumplimiento de los parámetros internacionales en la materia sobre el uso del cianuro y otras sustancias de alta toxicidad potencial. La Barrick Gold tiene plenos derechos contractuales para extraer cantidades enormes de agua de la presa de Hatillo, de manera gratuita, lo cual resulta un enorme riesgo para la supervivencia de los cultivos del valle del Yuna que se desarrollan desde la citada presa hasta la bahía de Samaná».
Dijo que el gobierno debe someter a supervisión y certificación los procesos de producción, exportación y comercialización a los metales extraídos en el país, en todas las empresas mineras y no únicamente en Pueblo Viejo-Barrick.
«El Estado dominicano no puede renunciar a su soberanía y debe, por tanto, tener acceso permanente a todas las instalaciones y registros de Pueblo Viejo Barrick y de todas las empresas mineras. La supervisión de las operaciones de la minera debe ser estricta, constante y realizada desde dentro de las instalaciones mineras por personal contratado al efecto por el Estado dominicano», significó.
Sugirió que el gobierno supervise las ventas, teniendo en cuenta que Barrick se vende a sí misma, «es decir, que las ventas son parte de un ciclo totalmente dominado por Barrick y por las contabilidades de sus filiales».
Señaló que el gobierno debe contratar de inmediato a una empresa internacional con gran experiencia en la comercialización del oro y de la plata para que supervise y lleve cuentas de las operaciones de comercialización de estos metales.
Aseguró que todavía el gobierno no posee la capacidad técnica de comprobar el porcentaje de la participación del oro y la plata en las barras de doré exportadas. Las ganancias dependen de estos porcentajes, por lo cual cualquier inversión que el Estado haga para dotarse de esta capacidad técnica está completamente justificada.
Adujo, asimismo, que se debe extender de manera explícita el nuevo régimen fiscal del contrato revisado a los minerales residuales de la producción como son el cobre, zinc y el cadmio, entre otros, al tiempo de subrayar que Pueblo Viejo es una mina polimetálica, aunque el interés económico esté centrado en el oro y la plata.
Agregó que es necesario realizar una auditoría de la inversión de Pueblo Viejo Barrick y dilucidar con toda claridad y transparencia sus costos de producción de la onza de oro y de plata, apuntando que en los estudios de factibilidad de la Barrick el costo de producción consignado por onza de oro fue de US$300, mientras ahora se señala que dicho costo asciende a US$600.
Afirmó que los costos de producción actuales podrían reducirse por diversas vías, como será el caso cuando la empresa minera disponga de electricidad a más bajos costos que los actuales.
También el político y sociólogo indicó que se debe exigir a la Barrick Gold el cumplimiento de todas y cada una de las normas que contiene el Código Internacional para el Manejo del Cianuro para la Fabricación, el Transporte y el Uso del Cianuro en la Producción de Oro, operado bajo el amparo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el Consejo Internacional de Metales y el Medio Ambiente (ICME), y que contrate las auditorías de certificación que exige el citado Código para demostrar a cabalidad el cumplimiento de las medidas ambientales que prevé
Precisó que se deben suscribir los acuerdos que sea menester con las entidades nacionales independientes que cuentan con expertos en medio ambiente, como la Academia de Ciencias y las universidades, para que supervisen regularmente el cumplimiento de todas las cláusulas del contrato que tocan los temas ambientales.
Sugirió, además, la creación de un organismo público de gran competencia técnica y solvencia ética que supervise, verifique y certifique todo el proceso, desde la extracción, exportación, comercialización y retorno de los dividendos y resaltó que este organismo debe tener una fuerte y competente participación de la sociedad civil.
Expresó que también se debe proceder a la adhesión inmediata de la República Dominicana al convenio y al sistema de la Iniciativa Internacional por la Transparencia en la Industria Extractiva (ITIE), de la cual ya forman parte otros países de la región.
Añadió que es necesario establecer reglas estrictas, garantizadas por una vigilancia ciudadana, para lograr la transparencia y el mejor uso en el empleo de los fondos provenientes de las explotaciones mineras.
«Los gobiernos locales y las comunidades de los territorios en que opera la empresa minera deben recibir una proporción justa de los ingresos que perciba el Estado dominicano. Bajo ningún concepto se deben utilizar estos recursos para pagar la deuda pública y cubrir el déficit fiscal. Tampoco deben utilizarse en obras no prioritarias o que pudieran afectar el medio ambiente como es caso del trazado de la carretera Santiago-San Juan de la Maguana pasando por San José de Las Matas por el que está propugnando el Poder Ejecutivo», manifestó.
Max Puig agregó que se debe «reclamar, igualmente, como parte de la exigencia de transparencia, que se esclarezcan debidamente todas las informaciones relacionadas con las exportaciones de doré de parte de Pueblo Viejo Barrick y sobre las multas millonarias impuestas a la empresa por declaraciones irregulares. El Estado y la sociedad dominicana tienen derecho a saber desde cuándo Barrick está embarcando doré y la cantidad de embarques realizados. Según el Ministerio de Industria y Comercio, se desconoce el destino de 26 mil onzas de oro y 84 mil onzas de plata producidas por la empresa minera con un valor de mercado un valor de US$46.7 millones».(HG).
2013-05-20 20:19:21
