Politica

Dice Fragilidad institucional y clientelismo obstaculizan el desarrollo

SANTO DOMINGO, RD, 6 de Agosto.- El Consejo de Acceso a Información por la Transparencia (CODAIT) considera que la pérdida de confianza de los dominicanos en sus instituciones produce comportamientos y soluciones individuales a los problemas colectivos causados por la ineficiencia de los servicios públicos, a lo que se suma la pérdida de los valores cívicos.

El Presidente del CODAIT, José Miguel Fernández, argumentó que en las últimas seis décadas el Estado Dominicano no ha sido capaz de resolver problemas básicos como el eléctrico, transporte, vivienda, salud, suministro de agua potable, drenaje pluvial y el respecto y cumplimiento de las leyes, entre otros. En estas tareas País hasta el momento no ha tenido éxito ni el sector público ni el privado.

Cada persona con disponibilidad resuelve los problemas colectivos de manera individualista, en el caso eléctrico compra un inversor, o construye una cisterna para proveerse de agua. Esos comportamientos llevan a la sociedad a la desconfianza en las autoridades responsables de satisfacer las necesidades básicas de la población, al mismo tiempo el sector privado obtiene jugosos beneficios privatizando a costo altos los servicios que los gobiernos deben proveer a la colectividad. Agregó

Dijo que los jóvenes se desarrollan en un clima de desconfianza que, contribuye al no ejercicio de ciudadanías responsables, y a la negación de los valores cívicos. Por cuanto, es necesario que las autoridades ejecuten acciones orientadas a eliminar el clientelismo y reducir la burocracia, así como a velar por la aplicación progresiva y oportuna de la ley de función pública, fortalecer la institucionalidad y la eficiencia en la administración del Estado, a fin de recuperar la confianza de los dominicanos. Dijo Fernández.

La entidad considera que el Ministerio de Administración Pública debe fiscalizar la contrataciones de recursos humanos de las entidades del gobierno, por otro lado redoblar esfuerzos, a fin de agilizar la implementación de la Carrera Administrativa y el ingreso del personal a la administración pública por cumplir con el perfil del puesto y por los meritos profesionales, de igual manera identificar las instituciones que realizan iguales funciones y proponer la fusión en una. Por ejemplo en el área del transporte operan más de siete instituciones gubernamentales, lo que se traduce en un aumento de burocracia y dificulta la eficacia.

El Presidente del CODAIT, citó el informe Attalí, en lo referente a la puesta en marcha de La Estrategia Nacional de Desarrollo con eficacia y rapidez, con el fin de no frustrar las expectativas y las esperanzas que ella ha suscitado. Para esto, es necesario añadirle acciones muy concretas a mediano plazo (5 años) que puedan ponerla en movimiento rápidamente y acelerar los resultados. Es el objeto de 7 líneas de acción, que se inscriben en una lógica de conjunto y necesitan un calendario de implementación. Iniciativa n° 1. Devolver la confianza en las instituciones. Iniciativa n° 2. Desarrollar servicios públicos de calidad. Iniciativa n° 3. Formar a las futuras generaciones. Iniciativa n° 4. Preparar el país para la competencia internacional. Iniciativa n° 5. Organizar el financiamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Iniciativa n° 6. Proteger el medio ambiente y acondicionar el territorio y la Iniciativa n° 7. Integrar al país en la región y en la competencia internacional.

Enfatizó que el informe Attalí, indica que la restauración de la credibilidad del Estado y de la confianza de los ciudadanos (iniciativa 1) es la base de todo contrato social y por lo tanto de todo proyecto, ella implica medidas enérgicas y drásticas de transparencia, de racionalización y de profesionalización de la función pública; ninguna acción estratégica debería ser emprendida si estos fundamentos políticos e institucionales están ausentes o deficientes. Sobre esta base, las obras de restauración del contrato social podrán ser iniciadas sembrando las semillas de la sociedad dominicana del mañana.

Medidas de largo plazo, deben empezar de inmediato, con el fin de que sus efectos sean visibles en el horizonte de la Estrategia Nacional. Conciernen a primera vista los servicios públicos de salud, de infraestructuras y de electricidad (iniciativa 2), pero igualmente la educación, desde la primaria a la enseñanza superior (iniciativa 2), a fin de preparar las nuevas generaciones al mundo del mañana, o también la preparación del País a la competencia internacional (iniciativa 4) con el desarrollo de los sectores de las finanzas, de la logística y del turismo.

La Estrategia Nacional está construida en 4 ejes: las instituciones, el desarrollo social, la economía, y la protección del medio ambiente. Cada uno de los ejes se descompone luego en líneas estratégicas que llevan a líneas de acción. Aprobada la ley 1-12, los gobiernos sucesivos deberán inscribir sus políticas en el marco voluntarista definido por la estrategia 2030. En ese tenor huelga la aprobación de la Ley orgánica del Consejo Económico y Social (CES), entidad que junto Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tiene la responsabilidad de darle seguimiento al cumplimiento de las metas planteadas en el plan de nación 2012-2030. Plan que nos permitirá construir un país organizado, con intuiciones solidas, transparentes y eficientes.

El éxito de la Estrategia Nacional de Desarrollo está vinculado a la utilización y aplicación de las disposiciones de la ley 1-12, la Ley orgánica del CES y la 496-06 que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo e introduce los «contratos por Resultados y Desempeño» para i) planificar las políticas públicas que permitan obtener los resultados deseados por la ley; ii) proponer un presupuesto centrado en las prioridades de las políticas públicas iii) gestionar de manera rigurosa las asignaciones presupuestarias; iv) realizar un control de gestión eficaz.

El gobierno y la sociedad civil deben prestar mayor atención al fortalecimiento del sistema nacional de estadística a fin de hacer uso rutinario del monitoreo y la evaluación de impactos en el diseño de las políticas públicas y la asignación de recursos presupuestarios; incluyendo el logro de un consenso inter institucional sobre la metodología para la medición regular de la pobreza monetaria en el país que guarde consistencia con las buenas prácticas internacionales.

2013-08-06 22:24:03